Esta semana el presidente escaló su confrontación con la justicia y los entes de control al anunciar un “golpe blando” en contra de su gobierno, en un trino ambiguo que provocó el rechazo del Consejo de Estado. Además, profundizó su pelea con el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello.
Hoy el presidente redobló su enfrentamiento. “Es lamentable, pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política”, trinó en respaldo a la bancada del Pacto Histórico, ante una sanción y cinco investigaciones contra congresistas de esta coalición.
En 10 meses, estos son los siete episodios en los que el gobierno y su agenda se han estrellado con la justicia. Este es un recuento de las más significativas:
1. Dos suspensiones y siete investigaciones a aliados de Petro en la Procuraduría
Hoy, la bancada del Pacto Histórico le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para: “proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió”. Esto tras las decisiones de la Procuraduría de investigar y sancionar a miembros del Pacto Histórico, la coalición de partidos del presidente Petro.
En febrero la procuradora Margarita Cabello suspendió temporalmente a Daniel Rojas, presidente de la SAE (que ya se reintegró). Otro suspendido es el senador Alex Flórez, el que se peleó borracho con unos policías, y a quien la entidad quiere sacar del cargo por ocho meses. La decisión se tomó la semana pasada y está en apelación, por lo que no se ha hecho efectiva.
En cuanto a las investigaciones contra congresistas del Pacto hay seis abiertas: contra María José Pizarro, Alexander López, David Racero, Susana Gómez (Boreal). A Wilson Arias la Procuraduría ya le formuló cargos por acusar a la Policía de torturar a manifestantes en el Valle.
Y sobre funcionarios, abrió una investigación al minInterior Alfonso Prada por sus declaraciones en Los Pozos, donde hubo un grupo de policías secuestrados. Además, está investigando a Laura Sarabia, jefe de gabinete, por el caso de su niñera interrogada con polígrafo.
2. El fiscal y la procuradora presionan para no soltar a los jóvenes de la primera línea
El domingo pasado, desde San Andrés, Petro encendió de nuevo la pelea por los jóvenes presos por presuntos delitos cometidos en el paro nacional de 2021. “La oligarquía colombiana los coloca como un trofeo: ‘miren, tenemos 300 jóvenes presos’ (…) Siguen presos, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría”, dijo.
La salida de la que habla Petro fue su intento de que alrededor de 300 jóvenes procesados tras el paro recuperaran su libertad al nombrarlos “voceros de paz”, una rendija legal que abrió la ley de paz total y con la que el presidente intentó salieran de la cárcel para navidad. Inicialmente, el gobierno presentó una lista de 17 jóvenes que debían ser nombrados “voceros de paz”, pero de ellos solo cuatro recuperaron la libertad.
Como dice Petro la medida fracasó y Petro acusa como culpables al fiscal general y a la procuradora. “La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la primera línea. Es ante jueces de la república que se presenta la solicitud”, respondió Barbosa ante las críticas. Pero omite que sí ha influido en frenar esa medida del gobierno.
Cuando la jueza Lilyan Bastidas Huertas liberó a dos de los jóvenes que solicitó el gobierno, el fiscal procedió a abrirle un proceso penal y a llamarla a interrogatorio. Mientras, la procuradora Margarita Cabello también le abrió proceso disciplinario y abrió una agencia especial dentro del ente de control para hacerle seguimiento al caso.
El resultado es que solo cuatro jóvenes fueron nombrados “voceros de paz”. Sin embargo, no es cierto como dice que Petro que todavía haya 300 jóvenes presos. Según datos de la Comisión Accidental de Garantías a la Protesta Social del Congreso, con corte al 15 de mayo, 108 jóvenes ya han recuperado su libertad por el proceso judicial ordinario.
Y un dato alarmante, es que tres de ellos fueron asesinados después de recuperar su libertad.
3. Fiscalía frena el levantamiento de órdenes de captura para grupos armados
El primer round de la pelea entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa se dio a raíz del levantamiento de órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo con los que el gobierno se quería sentar a dialogar, a principios de año. El fiscal se negó a levantar cualquier orden de captura de este grupo con un argumento jurídico inflexible y desde entonces ha puesto peros en el levantamiento de órdenes de captura de miembros de grupos armados con los que Petro busca la paz.
Esa relación tensa entre el gobierno y la fiscalía ha implicado mayores complejidades en el trámite de mesas de diálogos con los armados.
Dos fuentes cercanas a la oficina del comisionado de paz le contaron a La Silla, con la condición de no revelar su nombre por la confidencialidad de los procesos, que la imposibilidad de reunirse con los cabecillas del Clan llevó a que se congelara la definición de un cese al fuego. Los acercamientos se han limitado a abogados y facilitadores, una figura que sirve de bisagra entre el gobierno y el grupo armado.
En procesos más adelantados, como la negociación política con el Estado Mayor de las Farc (EMC), al mando de “Mordisco” también ha habido interferencia. El EMC quería como negociador a “Jhon Mechas”, comandante del Bloque Magdalena Medio y responsable del atentado contra el helicóptero del expresidente Duque, pero el fiscal Barbosa se negó.
Además, de los cinco delegados que ese grupo armado había pedido, había tres que aún tenían orden de captura, lo que demoró la instalación de la mesa y escaló las tensiones entre las partes hasta la ruptura parcial del cese al fuego la semana pasada.
4. La oposición del Fiscal al proyecto de ley de sometimiento
“Quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma”, dijo Francisco Barbosa un día después de que el gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Un anuncio que lo convirtió en el primer opositor al camino que busca Petro ofrecerle a los grupos armados criminales que no tengan estatus político como el Clan del Golfo.
Las críticas de Barbosa al proyecto de sometimiento vienen desde que se conoció el borrador de la ley a mediados de febrero. En ese momento, Barbosa presentó nueve objeciones sobre el articulado del proyecto: pedía más tiempo procesal, competencia integrales para la Fiscalía, restringir la cantidad de dinero que los capos podrían quedarse de sus fortunas ilegales y no modificar el concierto para delinquir agravado.
Esto fue discutido durante semanas en el Consejo Superior de Política Criminal, donde tiene asiento el fiscal y el gobierno. De las nueve, el gobierno acogió siete totalmente en el proyecto y así lo presentó al Congreso. Entonces, el fiscal redobló su crítica y dijo que consideraba que el proyecto era “una suerte de indulto”.
La posición del fiscal no se ha limitado a criticar en medios, sino que se ha reunido con las bancadas de los partidos de oposición al gobierno: Cambio Radical y el Centro Democrático. El impacto de la influencia está por verse, pues el proyecto ya entró a la Comisión Primera del Senado, donde el senador de Cambio Radical David Luna presentó una ponencia negativa recogiendo parte de los cuestionamientos que ha hecho Barbosa.
“El fiscal presente observaciones y críticas sobre un proyecto de ley de sometimiento a la justicia es válido. Lo que es inapropiado es la manera como lo ha hecho. Que en vez de hacer anotaciones y críticas sobre algunos puntos, se plantee como líder de la oposición”, le dijo a La Silla el experto en derecho y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Rodrigo Uprimny.
5. Consejo de Estado tumba la elección de Roy y Pachón
Esta semana, la sugerencia en un trino del presidente Gustavo Petro escaló de nuevo las tensiones entre el ejecutivo y la justicia. “¿Se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, trinó Petro el lunes.
La publicación ambigua fue interpretada como un dardo al Consejo de Estado, la corte encargada de revisar los asuntos administrativos y que recientemente había tumbado la elección del presidente del Congreso y un aliado clave del gobierno, Roy Barreras. Tanto así que el Consejo de Estado le pidió a Petro respetó a la independencia y autonomía judicial en un comunicado oficial.
Petro aclaró que se refería a las decisiones de la Procuraduría y que los medios habían malinterpretado su acusación poco clara para enfrentarlo a los magistrados y que la perdida de la presidencia del Senado no era culpa de la corte.
El Consejo de Estado también anuló la elección de otro senador del Pacto Histórico, César Pachón, también por doble militancia.
6. Consejo de Estado tumba la elección del contralor cercano a Petro
Con esto tumba el primer triunfo legislativo del gobierno de Petro y con la que se aseguró un contralor que no ejerciera una presión política constante contra el gobierno.
Según el fallo del Consejo de Estado contra la elección del contralor Rodríguez se basó en dos irregularidades, que tiene como responsable, justamente, al expresidente del Senado Roy Barreras. La primera tiene que ver con los tiempos en que fue elegido Rodríguez, ya que los magistrados consideran que la citación no se hizo con tiempo ni de acuerdo a las normas. La segunda y “más grave”, en palabras del fallo, es que la mesa directiva rehizo la lista de elegible, clave en la elección de Rodríguez.
La decisión del Consejo de Estado retumbo en las entrañas del gobierno Petro. El mismo día en que se conoció el fallo, hubo una reunión de alto nivel para evaluar un tema que abre un complejo ajedrez político, en la Casa de Nariño.
El contralor Rodríguez dijo que presentará recursos para recuperar sus derechos y afirmó que: “La Contraloría no es un instrumento del gobierno, tampoco un instrumento para atacar al gobierno ni atacar a la oposición”.
7. Consejo de Estado frenó las facultades de Petro para regular las tarifas de energía
Suspendió, como una medida cautela, el decreto con el que el presidente buscaba asumir las funciones para regular las tarifas de energía eléctrica en el país. En este caso, Petro buscaba bajar las tarifas de energía, ya que su ministra de Minas, Irene Vélez, fracasó con el Pacto de Justicia Tarifaria con las empresas.
Por eso, el presidente hizo un decreto que le permitía asumir las funciones delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y a la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (Creg). El argumento era que esas funciones eran del presidente y que este las había delegado en esas comisiones.
Sin embargo, el Consejo de Estado argumentó que: “La función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada por el Constituyente de manera directa y expresa a las comisiones de regulación de los servicios públicos, por lo que el Presidente de la República no podía reasumir funciones que no son de su competencia”.
El presidente apeló la decisión del Consejo y actualmente proceso está resolviendo ocho recursos jurídicos. Petro aún no tiene control sobre las tarifas de energía.
