Tras un año, no llega apoyo a campesinos que recibieron tierra por Petro

Eran las 10 de la mañana y el sol se imponía en todo el verde de los terrenos planos de la hacienda Támesis, Córdoba. En esa finca de 590 hectáreas, avaluada en 8 mil millones, los hermanos Castaño, fundadores del grupo paramilitar AUC, solían hacer grandes fiestas, hasta que fue incautada por el gobierno, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Ahora esas tierras están en manos de 60 familias campesinas que administran Támesis. El gobierno de Gustavo Petro se las entregó en octubre del 2022 en comodato (una especie de préstamo) con la idea de que cada familia tuviera una hectárea para el pancoger y que pudieran en conjunto armar un proyecto productivo. Era el primer paso de la reforma agraria. 

El día que La Silla Vacía estuvo en Támesis a finales del año pasado, se encontró con Cándida Rosa Sáez, una mujer de unos 60 años. Iba acompañada de sus tres perros negros. Vestía una camisa, un pantalón de sudadera y botas plásticas. Sus canas desalineadas salían de la gorra que le recogía el cabello. Arrastraba un machete con la mano derecha y un tarro de agua en la otra.

“Oh, seño Cándida. ¿Cómo está? Cuéntenos cómo va el proyecto”, dijo Humberto López, líder de la Asociación de Campesinos, Ascscor y quien mostraría “los avances del proyecto”.

“¿Cuál proyecto?, si aquí no hay nada”, le contestó Cándida, morena, frunciendo el ceño y golpeando las palabras.

“Si anda muy aburrida, entonces deme su hectárea a mí”, le respondió el conductor de la moto que acompañó a La Silla al lugar y que además quería ver qué había pasado con la antigua finca de los Castaño. 

“Me asignaron una hectárea para el pancoger. Y estamos muy agradecidos con la tierra, pero si no llega lo demás, no podemos hacer mucho”, continuó Cándida, respirando agitada. “Yo soy sola. ¿Cómo voy a limpiar la tierra yo sola o a sembrar la tierra yo sola?”, dijo. “¿Con qué le pago a un trabajador? Mi hija viene de vez en cuando y algo hemos podido sembrar, pero no es mucho”.

Lo que cuenta Cándida resume lo que ha pasado con las familias y los terrenos de las fincas Támesis (Montería) y Pontevedra (Planeta Rica) que entregó el presidente Petro en Córdoba, en eventos con bombos y platillos hace más de un año. Hace diez meses, cuando La Silla viajó por primera vez al lugar, los campesinos se veían ilusionados, ahora están sobre todo frustrados. Aunque el Ministerio de Agricultura había dicho que para que la reforma se diera era necesario que llegara toda la presencia estatal, los campesinos hacen lo que pueden con las tierras, y con muy poca ayuda adicional del gobierno.

_{Cándida Sáez en los predios de Támesis. Foto: Sofía Angulo/LSV.}

Alegrías y tristezas en Támesis

Serbio González celebra que pudo instalar una bomba de agua en la hectárea que le entregaron para el pancoger. “Aquí estamos gracias a Dios y a nuestro presidente Petro que nos extendió la mano en estas tierras”, dice. “Hoy estrenamos la bomba de agua. Aquí al frente de mi parcela hay un estanque y podemos bombearlo para poder regar los cultivos”.

Serbio es un hombre corpulento y sonriente, de 58 años. Viste una camisa roja, jean y botas pantaneras. Uno de sus ojos es casi completamente blanco. El otro es café.

En la entrada de su terreno hay un letrero que dice “Parcela si nos dejan”. Serbio explica que tocó pintar sobre la palabra “parcela” y por eso se ve borrosa. “La pinté porque todavía este terreno no nos los han titulado”. Pero está feliz porque es uno de los pocos que ha podido utilizar toda la hectárea que le dieron.

Muestra con orgullo una casa de madera que construyó él mismo con sus hijos. No tiene servicios públicos, pero es un refugio para ocultarse del sol. “Acá está el corral de cerditos, los pollos, las gallinas”, dice señalando con el índice las cercas. También muestra sus matas de maíz, plátano, berenjena, yuca y ají. 

“Yo he podido tener todo esto porque mi hijo logró un préstamo de 25 millones y me lo dio”, dice. “Pero acá hay mucho terreno solo, solo, solo porque no hemos tenido la fuerza del Estado para hacer un proyecto”. 

Cándida, por ejemplo, solo ha podido sembrar un cuarto de la hectárea que le dieron. Y lo que ha cosechado no es suficiente para garantizar su sustento diario, que fue el ideal que planeó el presidente Petro hace un año. 

Además, a diferencia de Serbio, Cándida, quien tiene más de 60, no puede quedarse toda la jornada trabajando porque ella no tiene dónde protegerse del sol que es todo un tema a la hora de trabajar en Córdoba donde la temperatura puede superar los 40 grados. En la finca no hay baños. Por eso su jornada, y la de la mayoría de campesinos en Támesis, se divide en dos. 

Camina una hora desde su casa a la parcela que le entregaron. Llega a las seis de la mañana, limpia la tierra, la riega, siembra, y luego, para no derretirse del calor, regresa a su casa caminando buscando resguardarse del sol de medio día. Vuelve después del almuerzo, y trabaja hasta las cuatro o cinco de la tarde. Y una vez, más camina a su casa. Cuando tiene suerte, alguno de los vecinos beneficiarios con moto le da el aventón. 

Serbio sabe de la situación de sus vecinos. Cuenta que han venido entidades del gobierno y les ofrecen cosas, pero no les han cumplido. “El problema es que las entidades hacen caso omiso a lo que Petro quiere”, dice suspirando. “Nos prometen que nos van a dar ganado, cultivo, semilla, pero no dan nada”, dice. “Por ahí nos dieron no sé qué día una ayuda, unas palas, un machetico y un sombrerito. Maricadas, pero más nada”.

Cuando La Silla vino hace casi un año tenían el plan de usar 236 hectáreas en cultivos conjuntos de arroz y fríjol, maíz, patilla, ganado, y en policultivos de plátano de yuca, habichuela, berenjena, ajonjolí, ají, tomate, sorgo, hortalizas, melón, limón ahuyama, pepino. Ese plan no ha comenzado. También soñaban con que la casa de lujo de los exjefes paramilitares se convirtiera en una escuela o centro de salud. Pero está en manos del Fondo de Reparación de Víctimas, que está buscando alquilarla para eventos. 

A la salida de la parcela de Serbio camina un hombre con un bulto de maíz. Es Eugenio Ágamez, uno de los líderes campesinos y beneficiario de Támesis. Tiene el pelo plateado, piel morena. Viste una camisa azul de rayas que está empapada. El sudor le escurre por la cara.

Eugenio, como muchos beneficiarios de Támesis, es desplazado de las AUC. Dice que solo ha podido sembrar maíz en una parte de su parcela. Y habla de lo difícil que es trabajar la tierra sin máquinas, sobre todo cuando “el 70 por ciento de los beneficiarios de Támesis son personas de la tercera edad”. 

Explica que para trabajar una hectárea se necesitan 30 jornales de trabajo. Un jornalero cobra cuando menos 30 mil pesos por día. Al mes, tendría que pagar 900 mil pesos mínimo para poner a producir esa hectárea. “Pero ese gasto es supremamente exagerado para nosotros”, dice Eugenio. 

La otra opción es que ellos contraten las máquinas para luego sembrar. Pero Eugenio dice que tampoco tienen el presupuesto. Por pase de arado en una hectárea les cobran 150 mil y necesitan unas tres pasadas mínimo. Esos 450 mil pesos tampoco son una posibilidad para los beneficiarios de Támesis.

Así que lo que han hecho es pedir dinero a los “gota a gota”, prestamistas que cobran intereses muy altos y que terminan amenazando a sus clientes si no pagan. Otros están trabajando con lo que el cuerpo y sus machetes les permiten, como Cándida. 

“Haciendo el trabajo a mano solo nos estamos desgastando, pero igual lo hacemos porque tenemos ganas de trabajar, de salir adelante”, dice Eugenio. También se queja de que los vecinos, que son ganaderos, les han roto las cercas. “Eso es un problema gravísimo porque lo poco que trabajamos nos lo dañan el ganado (…) Sabemos que los hacendados no nos quieren de vecinos”. 

Luego, cuando Eugenio habla de las ilusiones personales que tenía con su proyecto, sus ojos se hacen agua. Quería sembrar patilla, pero no ha podido. “Fui a averiguar el pote de semilla certificada de patilla porque podía venderla y así tener un sustento para mi familia. Pero vale millón doscientos. ¿Dónde voy a conseguir un millón doscientos?”. La voz se le quiebra, y sus labios tiemblan.

Dice que quiere aprovechar la entrevista para pedirle algo al presidente Petro: “Al presidente le pedimos que por favor nos ayude con la titulación de la tierra o con las máquinas”.  Toma aire para poder continuar y contener las lágrimas. “Con canalización de la tierra y dos máquinas, con dos tractores, nosotros hacemos maravillas, subsistimos y salimos adelante porque nuestra población campesina es trabajadora”. 

_{Eugenio Ágamez, beneficiario de Támesis, ha sido amenazado por grupos paramilitares por su trabajo como líder campesino. No cuenta con protección estatal. Foto: Paula Doria/LSV.}

Eugenio, Cándida y Serbio sueñan con el título de la tierra para poder pedir plata prestada. Los tres son desplazados de algún grupo paramilitar y llevan años esperando una reparación. Todos coinciden en que si les dan los títulos, ya ellos se las arreglan para conseguir los créditos. 

Tampoco hay vías, ni vivienda, ni salud, ni educación

En Pontevedra, en Planeta Rica, recibió a La Silla Cervelión Cogoyo, líder de la asociación campesina Asodecas. Es moreno, con un bigote delgadísimo a modo de candado en la boca. Lleva puesta una camisa negra que dice “unidos por la vida y la tierra”, una gorra negra, unos jeans rotos y unas botas pantaneras. 

Hace 10 meses, cuando La Silla visitó por primera vez Pontevedra, en el municipio de Planeta Rica, Cervelión había mostrado un mapa dibujado a mano por él y los campesinos. Tenía pintadas las casas para que pudieran vivir en las 1200 hectáreas que les había entregado el gobierno Petro

Cervelión hace parte de un grupo de cerca de 100 familias de Córdoba y Antioquia sin casa ni tierra. Tenían el sueño de construir un centro poblado, con casas prefabricadas, una cancha de fútbol, un salón comunal, una iglesia, una escuela, paneles solares y que cada familia estuviera cosechando el pancoger. Al tiempo querían desarrollar un proyecto agrícola en los terrenos de alias Falcon, excabecilla del Clan del Golfo, extraditado en 2022, que les entregó el gobierno Petro. 

Los planes de los nuevos residentes van marchando, pero no cómo soñaban.

Solo al entrar a Pontevedra lo que falta para que un proyecto productivo funcione salta a la vista. “Nos prometieron que iban a construir seis kilómetros de vía para poder sacar nuestros productos”, dice Cervelión. Pero la carretera para entrar a la hacienda está tan deteriorada que fue necesario pasar de un carro a una moto para sortear los enormes huecos fangosos, en los que incluso algunas camionetas se quedan estancadas. Para llegar a la cabecera municipal hay más de una hora. 

Los páneles solares y las casas prefabricadas tampoco llegaron. “Estábamos buscando ayuda del gobierno chino, pero no lo logramos”. Necesitan las casas para que los beneficiarios pudieran vivir ahí mientras desarrollan sus proyectos, entre otras, porque no tienen el transporte solucionado. Tampoco dónde vivir. 

Viendo que pasaban los meses y la ayuda para la vivienda no llegaba, los campesinos de Pontevedra empezaron a construir unas casas con sus propias manos. La estructura está hecha con palos de madera. Los techos, con hoja de palma seca, y las paredes, con lonas o polisombras y algunos las hacen con madera y zinc. 

En febrero de 2023 la mayoría dormía bajo bolsas plásticas y no todas las familias estaban viviendo allí. Así que todos ellos ven estas casas como un avance. Saben que no pueden construir vivienda con material pesado porque esos terrenos no están a su nombre. 

Pero esos kioscos, que levantan en tres días, todavía están lejos de ser una casa digna. No tienen baños, no tienen acceso a agua potable o luz. Preparan sus alimentos en cocinas de leña y solo muy pocos tienen colchones. La mayoría duerme en el piso, que es de tierra, o hamacas.

Pero a las familias en Pontevedra más que la carretera y la vivienda, les preocupa que ahí viven 240 niños y no hay un colegio cercano. “Necesitamos un colegio para ponerlos a estudiar”, dice Marlenys Palencia, una de las beneficiarias del lugar. Es morena, su pelo es largo y negro. Mientras muestra los cultivos de yuca que han sembrado entre todos, su hijo de cinco años la acompaña. “A este tengo que meterlo a estudiar, pero si no hay un centro cerca, no sé cómo hacer”.

En Pontevedra, los campesinos también hablan de la necesidad de un puesto de salud, “porque si pasa algo, ¿cómo vamos a sacar a alguien de aquí?”.

En Támesis, de hecho, una de las beneficiarias, Zoila Vergara, murió al confundir el veneno para fumigar con una botella de agua. Dicen que luego de tomar un sorbo, más tarde sufrió un infarto y no hubo quién la ayudara. 

Y ni en Támesis ni en Pontevedra hay sensación de seguridad. “Siguen asesinando líderes sociales, no deja de haber extorsiones a los campesinos”, dice Cervelión, quien no puede ir a Tierra Alta, donde vivía, porque le hicieron un atentado por denunciar la explotación minera. A Eugenio lo han mandado a buscar cuatro veces los grupos paramilitares por su trabajo como líder campesino y hoy no cuenta con ninguna protección especial del Estado. 

Pese a todo, en Pontevedra los campesinos han sembrado 100 hectáreas de yuca, 12 de plátano, una de maíz, una de ñame, tres de patilla y un cuarto de hectárea de frijol. 

Han podido hacerlo, unos con más ventajas que otros, porque tenían ahorros, y otros lograron préstamos de “gota a gota”. Detrás de las casas hechizas dejaron una parte para un corral de pollos y otra para sembrar su pancoger. Algunos se han asociado para sembrar y entre ellos se intercambian los productos. 

En su casa, más bien una especie de kiosko, Cervelión montó una tienda donde vende aceite, sal, encendedores, aspirinas, ron, aguardiente y papas de paquete. “Para cocinar nuestra comida lo único que nos hace falta es aceite y sal”, dice.

Según Cervelión, el próximo paso es empezar a vender, pero hasta ahora no les ha salido ningún convenio. Él está tratando de hablar con tiendas D1 en Córdoba para que les compren berenjenas. 

Tienen que encontrar a quién venderle porque ya han perdido algunos de los cultivos. Marlenys cuenta que solo en su parcela se recogían diarios 10 kilos de berenjena. “Somos 47 cultivadores de berenjena. Multiplique eso. No teníamos a quién vendérselo ni tampoco cómo sacarlo, así que eso se perdió porque tampoco nos lo podíamos comer todo”.

 

Sobre la falta de ayuda del gobierno, Cervelión dice que “la culpa no es de Petro porque ha tenido la voluntad de al menos darnos esta tierra, y sabemos que la oposición es fuerte”. Al tiempo reconoce que “el gobierno igual tiene que encontrarle el quite a la oposición, y ha estado muy lento con las otras ayudas”.

Las invasiones en Támesis 

Una de las beneficiarias de Támesis llega a una panadería en Montería. Dice que no quiere que se revele su nombre. Cuenta que “algunos líderes aprovechados están vendiendo lotes en Támesis”. También dice que ya hay dos invasiones de otras familias que no eran beneficiarias, pero que estaban ocupando terrenos donde ellos desarrollarían el proyecto y que eso demoraría más todo el proceso. 

Ella tenía el sueño de abandonar el humedal Berlín, donde está asentada hace años, y poder sembrar toda su hectárea en Támesis al tiempo que desarrollaba un proyecto productivo. “Yo lo que siento fue que nos ilusionaron, pero no ha pasado nada. Allá no hay ningún proyecto”, dice. 

De vuelta en Támesis, todos los campesinos confirmaron que había dos invasiones.

En una de ellas está José Santos. Aseguró que tenía permiso del Fondo para la Reparación de Víctimas para estar ahí. Más tarde, la entidad dijo a La Silla que no habían dado esos permisos. 

José dice que no estaba invadiendo. “No use esa palabra, lo que nosotros estamos haciendo es una recuperación. Lo que nosotros buscamos es una reubicación. Y que el Estado por lo menos nos asigne una finca. Somos 200 familias aquí”, explica. 

José también hace parte de Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascscor, que lidera Humberto López. Está ocupando 2.500 metros cuadrados de tierra. “Estoy buscando una oportunidad”. Ya sembró maíz, ají, arroz, calabaza, berenjena y habichuela. En el kiosco que ya tiene instalado José hay perros, gallinas y gatos. 

A la segunda invasión no se podía entrar, por sugerencia de los campesinos. Pasando por la entrada, había tres adolescentes que tenían radios, y que les avisan a los que están en los cambuches para evitar que los saquen de los lugares que estaban ocupando. 

_{Una de las invasiones en la Hacienda Támesis. Foto: Paula Doria/LSV.}

Lo paradójico de la invasión en Támesis es que algunos de sus beneficiarios del gobierno Petro habían invadido el humedal Berlín, donde hay un caserío de personas que ya llevan 15 años viviendo allí. 

El gobierno Petro hace nuevas promesas

Por teléfono, Luis Alberto Higuera, director de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, pide tener en cuenta que lleva solo seis meses en el cargo. Su antecesor, Diego Bautista, salió del cargo poco después de que Petro despidiera a la exministra Cecilia López del Ministerio de Agricultura, a la cual está adscrita la ADR. Higuera es uno de los responsables de que los proyectos productivos anden en lugares como Támesis o Pontevedra.  

Cuenta que en las haciendas, en efecto, hicieron unas entregas de unas ayudas mínimas. Por ejemplo, en Támesis se dieron 300 millones de pesos “en implementos que fueron concertados con las comunidades”, como las botas y los machetes de los que habló Serbio. 

Higuera también dice que está listo y aprobado un proyecto de 1.600 millones de pesos para que los campesinos de Támesis puedan cultivar este año frijol, plátano y yuca. Todos cultivos que dan frutos en tiempos cortos. 

Pero hay dos problemas burocráticos. “Uno que es francamente una tontería”, dice Higuera. “La ADR no puede entregar proyectos a asociaciones que no tengan vocación agrícola y en Támesis una de las cuatro asociaciones que administran los predios tiene vocación solo sindical”. Higuera dice que le pidieron a esa asociación que cambie su objeto en la Cámara de Comercio, “pero se han negado porque lo ven como una imposición. Lo estamos hablando”. 

Otro problema en Támesis es que el contrato de comodato con el que fue entregado el terreno se vence en enero de 2024 y necesitan que el tiempo vigente sea suficiente para ejecutar el proyecto. Higuera dice que están haciendo la renovación del comodato con la Sociedad de Activos Especiales para que les prorrogue el contrato por cinco años y entonces si se pueda hacer la inversión. “Encontramos mucho el enemigo interno, que no son las personas, sino el procedimiento, la burocracia interna”, explica Higuera sobre a lentitud de la ejecución de los proyectos. 

En cuanto a las invasiones, Marcelo Vega, director regional de Córdoba del Fondo para la reparación a las víctimas, dice también por teléfono que están montando unas mesas técnicas para tratar de conversar con esas familias. “Les hemos dicho que al estar ahí están perjudicando otras personas que necesitan como ellos, pero es muy difícil”. También han hablado con los vecinos hacendados para evitar que el ganado siga rompiendo las cercas y dañando los cultivos de los campesinos beneficiarios de Támesis.

Vega dice que Fensuagro, una de las asociaciones que dirige Támesis, es la que tiene a cargo el bien y que ya hay denuncias sobre las invasiones, pero que la competencia del Fondo es solo la administración de la casa Támesis, donde sí hay vigilancia del Estado. 

En Pontevedra el camino se ve más despejado. Asodecas no tiene vocación agrícola, pero sí van a cambiar su objeto para poder recibir ayuda de la ADR. Están diseñando el proyecto, y ese debería andar también este 2024, ya que no tienen problema con el comodato porque es a término indefinido.

Higuera dice que se construyó una mesa de trabajo en el gobierno, “para poner a andar cuanto antes 15 casos emblemáticos de tierras. En esos casos emblemáticos, están Támesis y Pontevedra”.  

El funcionario promete comprar los productos de Támesis y Pontevedra para que no se pierdan desde la ADR, y con ellos atender la emergencia de hambre en la Guajira. “Ya tengo la autorización y yo veré cómo hago para sacar los productos”, aseguró. 

Recordó que por primera vez en sus ocho años de existencia, la ADR compró directamente al productor en el sur de la Guajira y en el Catatumbo 8.500 millones de pesos en alimentos y los llevaron a 2600 familias wuayú. 

Para solucionar el problema de las vías, el gobierno creó el Instituto Nacional de Vías Regionales. Esa entidad podrá contratar directamente con organizaciones sociales y comunitarias la construcción de vías, pero sometida al Estatuto de Contratación. 

Sobre los colegios, y centros de salud, Higuera explica que “las alcaldías también deben poner de su parte, pero no siempre cuentan con los recursos”, y cuando van a los respectivos ministerios se crea un cuello de botella porque no les corresponde solucionar todo. 

El gobierno Petro ha mostrado voluntad de hacer la reforma agraria. La cartera del Ministerio de Agricultura pasó de tener un presupuesto de 2 billones en 2022 a 7 billones en 2023. Además, les pidió a las entidades que administraban bienes del narcotráfico, como la SAE, que se las dieran en comodato a los campesinos. Y tiene la meta de comprar 1,5 millones de hectáreas para repartirlas a los que no tienen tierras.

Pero la buena voluntad no es suficiente para que se desarrollen los proyectos, como prueban Támesis y Pontevedra.