La Silla Vacía conoció el borrador de un proyecto de ley que está próximo a ser radicado en el Congreso y que busca que antiguos paramilitares y miembros de grupos criminales puedan entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La propuesta de 36 artículos está siendo redactada e impulsada por el senador Antonio José Correa del partido de La U, pero se ha nutrido del trabajo que ha adelantado Juan Fernando Petro –el hermano del presidente Gustavo Petro– en diálogos con actores armados en cárceles del país y comunidades víctimas de la violencia.
Según el senador Correa, este es un proyecto que ha sido consensuado con las víctimas del conflicto y “con los actores que han estado y que se han sometido a la justicia”. De hecho, sus beneficios son comentados ya por paramilitares y miembros del Clan del Golfo privados de su libertad.
Correa también reconoce los aportes del hermano del presidente. De acuerdo a Juan Fernando Petro, “es un esfuerzo importante en el que hemos venido trabajando. Esto sienta las bases jurídicas del perdón social. Pero sin impunidad”.
El hermano del presidente estuvo envuelto en una polémica cuando se descubrió de sus visitas a cárceles del país para hablar con políticos condenados por corrupción y otros delitos. En ese momento, estuvo acompañado del alto comisionado de paz, Danilo Rueda, quien en ese entonces era el director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Cuando se supo la noticia, Gustavo Petro puso sobre la mesa un concepto que ha tratado desde hace 15 años: “el perdón social”.
Ahora este concepto aterriza en el Congreso con el proyecto de Ley de la mano del senador Correa. El proyecto de Ley amplía radicalmente los alcances del actual sistema de justicia transicional a delitos cometidos por actores del crimen organizado. En su exposición de motivos habla directamente de incluir actores armados “no rebeldes” y “la participación en la amplia cadena productiva del narcotráfico por parte de estructuras armadas”
Es decir, que la JEP se podría convertir en el tribunal de penas alternativas y reducidas no solamente para guerrilleros de las Farc y miembros de la Fuerza Pública, sino también de los antiguos paramilitares que pasaron por Justicia y Paz y volvieron a delinquir, así como narcotraficantes de grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo.
El senador Correa le explicó a La Silla que este proyecto aún está en sus ajustes finales, está siendo revisado por expertos, y espera poder radicarlo entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.
“La paz ha tenido muchos anuncios, pero no se sabe el camino claro. Entonces lo que estamos haciendo es perfeccionar la justicia transicional, sin salirnos del margen de revisión constitucional de la Corte Constitucional para que se convierta en una herramienta para buscar la paz total y duradera”, expresa Correa.
La carrera de Antonio Correa en la política empezó de la mano del grupo de la ex empresaria del chance y aliada de paramilitares, Enilce López alias “La Gata”. Aunque trabajó más directamente con el hijo de ella, Jorge Luís Alfonso López, exalcalde de Magangué y condenado por homicidio. Correa también perteneció al Partido de Integración Nacional (PIN), que se transformó en Opción Ciudadana. Varios excongresistas de este partido fueron condenados por parapolítica.
Ahora, Correa es senador de La U y uno de los pocos congresistas de este partido que apoyó a Petro para la segunda vuelta presidencial. Tres fuentes de La U le dijeron a la Silla que la hoja de vida de la nueva ministra de las TIC y cuota de La U, Sandra Urrutia, fue recomendada por Correa. También había enviado la de Mery Gutierrez, quien fue nombrada inicialmente como ministra de esta cartera. Sin embargo, este proyecto de ley que está elaborando, por ahora, no tiene el apoyo del Gobierno.
“Yo sí le he escuchado el cuento al senador Correa, pero es un proyecto que no viene del Gobierno –dice el senador Iván Cepeda, quien es el principal vocero de las iniciativas de Paz Total en el Congreso y aliado cercano a Petro– Nosotros estamos enfocados en el proyecto de acogimiento a la justicia, que es bien complejo, pero viene en camino”.
Las bases jurídicas para el perdón social
Si el borrador del proyecto de ley se aprueba en el Congreso, la justicia transicional tendría grandes cambios. Dos puntos claves tienen que ver con la competencia temporal y competencia frente a qué actores armados del conflicto puede juzgar la JEP.
El proyecto de Correa busca modificar la redacción del artículo que define la naturaleza de la JEP. Tal y como está ahora, la JEP tiene competencia de revisar crímenes con ocasión del conflicto cometidos antes del 1 de diciembre de 2016; hechos antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. El cambio consiste en que la JEP pueda tener competencias por hechos del conflicto desde el 1 de enero de 1948 “hasta la firma de acuerdos de paz con cualquier grupo armado al margen de la ley”, se lee en el articulado.
Esto abre la puerta a que puedan entrar a la JEP actores armados que hayan firmado la paz con el Estado desde hace 74 años, pero también a que otros que aún no han firmado como el ELN puedan entrar.
Pero no solamente es un tema temporal, sino que amplía el tipo de actores armados del conflicto que pueden ser admitidos como comparecientes de esta jurisdicción. “La relación con el conflicto abarcará conductas desarrolladas por miembros de la Fuerza Pública, miembros de organizaciones armadas al margen de la ley con anterioridad o posterioridad a la definición de las leyes de Bacrim o GAOR, que dentro del desarrollo del conflicto tuvieron o mantienen dominio territorial en amplias zonas del país”, se lee en el texto.
Contexto
“El proyecto busca ponerle punto final a Justicia y Paz y que como órgano de cierre esté la Justicia Transicional –explica sobre uno de los objetivos de su proyecto el senador Correa– Además busca sacar a 800 combatientes que las Farc tienen detenidos en la Picota y más de 1.000 que todavía tienen detenidos los paramilitares después de muchas dificultades que han tenido estas dos justicias”.
Este objetivo ya se ha convertido en expectativa en algunas cárceles, “¿Para quiénes son los beneficios? Para quienes hayan sido paracos viejos, de la vieja guardia, desmovilizados y no desmovilizados, quienes hayan delinquido después de la desmovilización”, se escucha en un audio de un comandante del Clan del Golfo del Bajo Cauca antioqueño y que está encarcelado; La Silla conoció este audio y omitimos el nombre por seguridad de la fuente.
En el audio el comandante del Clan del Golfo también se refiere a una visita de unos abogados que envió Carlos Marío Jímenez alias “Macaco”, un excomandante paramilitar de las AUC. Según el audio, los abogados hablaron de este proyecto y de que está próximo a entrar a debates en el Congreso. “Si Dios quiere la aprobación puede darse en unos 20 días y podría ser que de aquí a noviembre estemos en la casa”, es la esperanza del comandante.
“Macaco” fue precisamente uno de los “gestores” de una carta, de mediados de julio, en la que supuestamente miembros del Clan del Golfo y otros antiguos frentes paramilitares le proponían un diálogo de paz al Gobierno Petro. La carta fue desmentida por un panfleto del Clan del Golfo.
Para convertirse en Ley el proyecto de Correa tendría que superar cuatro debates en el legislativo, y la enorme polémica que causará en la opinión pública.
