Terminó con una alianza con una disidencia aliada a Gentil Duarte en Nariño. En el norte de Chocó su presencia revive las peores épocas de Bojayá. Las víctimas son las mismas: los pobladores.
Ayer hubo un consejo de seguridad entre la Gobernación de Nariño y las fuerzas militares del departamento debido a un polvorín de violencia que no cesa desde hace dos semanas y que ya deja cerca de 1.300 desplazados entre las zonas de Cumbitara en la cordillera; los municipios Magüí y Roberto Payán y La Tola, entre el llamado triángulo de Telembí; y el litoral pacífico.
En el otro extremo del Pacífico, el norte, el alcalde de Bojayá, Chocó, Jeremías Moreno, envió un video por cadenas de Whatsapp y redes sociales en el que pide la intervención de la Fuerza Pública y el Estado porque no da más la situación humanitaria del municipio que hace dos semanas hizo un sepelio colectivo por las víctimas de la masacre de hace 17 años perpetrada por las Farc.
Ambas situaciones tienen un común denominador al ELN.
En el primer caso está ganando terreno a sangre y fuego luego de terminar una alianza con una disidencia; y en Chocó está peleando con el Clan del Golfo la hegemonía que ganó tras la salida de las Farc en armas.
Los dos casos se unen al desafío de seguridad que enfrenta el gobierno de Iván Duque, con nuevo ministro de Defensa, tras la crisis más profunda de su gobierno en sus 15 meses de mandato.
En Nariño arrancan con un golpe a Gentil Duarte
Mientras el país urbano (y parte del rural) estaba en el despertar de un inédito paro nacional, en la zona rural de Cumbitara, por la cordillera nariñense, en los límites con Magüí Payán, no han parado los combates.
Allí y en Roberto Payán y La Tola, organismos humanitarios y Gobernación dan cuenta de 1.300 desplazados, sin contar las familias que siguen confinadas en las veredas de los consejos comunitarios afro.
Arrancó con el golpe más fuerte, el que dio el ELN: abatió a alias Sábalo, líder de la disidencia autodenominada Frente Estiven González (FEG).
Se llamaba Gustavo Prado Paz, tenía 41 años, analfabeta según inteligencia militar, e hizo parte del frente 29 de las Farc. De acuerdo con una fuente humanitaria, estuvo en el espacio territorial de La Paloma en Policarpa (que fue abandonada por los excombatientes). Se fue porque estaba “muy asediado por la fuerza pública y por la Fiscalía y decide dejar quieto el proceso de reincorporación”, nos dijo esa fuente.
Como revelamos en 2018, esa disidencia fue la primera que hizo un acuerdo con el líder disidente Gentil Duarte -el más poderoso del país- para llegar al Pacífico. Tendría entre 100 y 250 miembros.
Los combates con el ELN son la prueba de que terminó una alianza que tenían con el FEG desde mediados de este año, de la que nos hablaron una segunda fuente de un organismo humanitario y una alta fuente de la Gobernación, que conocen el terreno pero nos pidieron no ser citados porque no son voceros.
El acuerdo consistía en evitar la entrada a la zona del Frente Oliver Sinisterra (FOS, que hasta hace un año manejó el hoy abatido ‘Guacho’) y controlar juntos la ruta narco y de minería ilegal por el río Patía. “El que tiene el Patía lo tiene todo”, nos dijo una de esas fuentes para corroborar la importancia estratégica de esa zona.
Es por eso que el golpe del ELN afecta a Duarte y es una victoria estratégica, toda vez que debilita los planes del primero de tener presencia en el Pacífico, pese a sus intentos de tener tentáculos en Tumaco y alianzas con las disidencias del Norte del Cauca, como revelamos.
Lo que no es claro, según esas tres fuentes, es qué pasará con el FEG. Aunque, por aparte, descartaron su completa disolución, no es claro si habrá cambio de brazalete.
“Ya mataron al líder, es muy probable que al resto o los maten o los amenacen con unirse”, nos dijo la fuente oficial, quien, junto con las otras dos, coinciden en que hasta ahora habría 10 muertos, todos disidentes o elenos.
Pero no solo el ELN gana por ese lado, sino porque también en las regiones de Magüí Payán y Roberto Payán, más abajo del río Patía, hay combates entre disidencias, lo que crea un polvorín de confusión entre habitantes y autoridades.
Y río abajo se desató un polvorín
Que los combates se mantengan, hayan arrancado el mismo día -30 de noviembre y 1 de diciembre-, en diferentes poblaciones -Magüí y Roberto Payán-, no tendría que ver directamente con el ELN, sino con líos internos entre las disidencias del FOS y las GUP (Guerrillas Unidas del Pacífico), que son lideradas por El Gringo y Borojó.
Pero benefician al ELN porque debilita a dos rivales; “deja que los otros se maten”, como nos dijo una fuente oficial.
”Ya mataron al líder, los otros pueden unirse”
En 8 veredas de Magüí Payán entre las 4 y 5 de la tarde de esos días comenzaron enfrentamientos entre disidentes, que tanto en la Gobernación y organismos consultados coinciden que son del FOS, por lo que habría una pelea entre disidentes del mismo grupo, una situación que fue corroborada por La Silla por un líder desplazado en Tumaco.
Específicamente desde la vereda Brisas de Hamburgo se desplazaron 113 familias (372 personas), según informó la Alcaldía ayer, que tuvo que mandar embarcaciones para rescatar a quienes quedaron en el fuego cruzado, porque en las casas se atrincheraron los disidentes y el pueblo quedó solo.
Más abajo, en Roberto Payán, esos mismos días y casi a la misma hora comenzaron enfrentamientos entre el FOS y las GUP, en ocho veredas. Una nueva muestra de que la tregua que mantienen en el Tumaco urbano desde el año pasado no se sostuvo en lo rural.
Allí se desplazaron 236 familias (605 personas). Es decir, entre las dos comunidades hay más de mil personas, lo que por ahora tiene desbordadas a las autoridades.
Un panorama de desbordamiento similar al que ocurre, también con el ELN de actor principal, en Bojayá, al otro extremo del Pacífico, en Chocó.
En Bojayá, la historia que se repite
Desde octubre, hay desplazamientos constantes e internos entre las zonas rurales de Bojayá y Antioquia de familias indígenas y afro: 34 familias indígenas; otras 22 que salieron desde una vereda; otras 7 que llegaron a Vigía del Fuerte en Antioquia; y otras 9 que están entre Bellavista, Unión y Peñita.
Todas producto de la pelea constante entre el ELN y otros actores armados, que pobladores en la región definen como ‘paras’ y las autoridades como el Clan del Golfo.
La dificultad de diferenciar entre actores armados es una situación recurrente desde que salieron las Farc en armas de los territorios y llegaron otros a ocupar su lugar antes que el Estado, como contamos que también ocurre en el Norte del Cauca.
Esta anécdota, que nos contó un investigador en conflicto que estuvo en terreno y lo supo de primera mano, explica mejor la situación.
”La paz duró 10 meses”
En el marco de la visita a unos proyectos productivos en una vereda, con delegados de dos gobiernos extranjeros que los patrocinan y trabajan indígenas y consejos comunitarios, un grupo “totalmente armado” llegó de repente.
“Apareció gente uniformada, sin brazalete, sin identificación, estuvieron un rato, se acercaron a mirar, la gente quedó timbrada. Estaban viéndonos de lejos, uno desarmado se acercó, rondó, miró y se fue”, nos relató.
“Acá hubo paz durante 10 meses”, dijo en el marco de la conmemoración de los 17 años de la masacre de Bojayá el alcalde Jeremías Moreno.
Después de eso llegó el ELN que pelea su hegemonía con el Clan del Golfo. Según nos dijo el Alcalde, en Bojayá, que es zona Pdet, no hay minería ilegal ni tienen registros de cultivos ilícitos, por lo que su importancia estratégica sería en la ruta que conecta a la frontera norte.
Lo más grave en este nuevo escenario es que existen campos minados en zonas rurales que ya dejaron dos soldados como víctimas, en hechos ocurridos este mes.
“Está el ELN y ahora está llegando el Clan. Es de suponer que (las minas) las pone el ELN”, nos dijo el mandatario.
La misma consecuencia: gente en la mitad y organismos desbordados
Así queden en dos extremos, tanto en Nariño y en Chocó hay similitudes: existían advertencias de que la actual situación sucedería y cuando ocurre, los gobiernos locales no tienen la posibilidad de responder a la situación humanitaria, al menos de inmediato.
”Uno de ellos desarmado, pasó, nos miró y se fue”
En Nariño la Defensoría del Pueblo había publicado ya varias alertas en 2018 que actualizó en 2019; en Bojayá, los líderes de las víctimas advirtieron de una situación violenta en la conmemoración del aniversario de la masacre de 2002.
En Nariño hasta este fin de semana habrá levantamiento de censo por parte de la Gobernación en la zona de Telembí y Cumbitara. Una delegación de la Defensoría del Pueblo y otra de Médicos Sin Fronteras está tratando de entrar a la zona “y hay que pedirle permiso a los armados”, nos dijo una de las fuentes.
En Bojayá siguen esperando más ayudas, no solo del Ejército que está en Vigía del Fuerte.
En ambos lugares hay fronteras invisibles. El territorio de cada guerrilla está identificado por “banderas de 40 metros de cada grupo: del ELN en una zona, de las antiguas Farc en otra” y varían según la capacidad de armas y hombres, según una fuente humanitaria en Nariño.
Mientras que en Chocó, un líder indígena nos relató cómo ya entre ELN y los que llama ‘paras’ les han dado “recomendaciones” para moverse, que son obligaciones: horas de abordar lanchas, por dónde tienen que pasar y a quién tienen que responder.
“Estamos desbordados”, nos dijo una autoridad local en Nariño. De forma similar nos hablaron las fuentes de organismos humanitarios, ante la cantidad de gente para ayudar, sin contar con los confinados, que en el norte de Chocó podrían llegar a las 5 mil personas, como relatamos este año.
Así las cosas, este panorama, que no es nuevo y está advertido, es uno de los otros retos que la cartera de Defensa, que viene de una crisis que obligó a la salida de Guillermo Botero, deberá enfrentar ahora al mando de Carlos Holmes Trujillo.
