Quiere tener funciones de juez y que la dejen ampliar la nómina de la entidad en medio de una reforma tributaria. El Gobierno la apoya.
El Congreso le va a meter el acelerador a un proyecto de ley que presentó la procuradora Margarita Cabello que le hace el quite a un fallo de la Corte Interamericana y aumenta su burocracia. Es una iniciativa que lleva el mensaje de urgencia del presidente Iván Duque, exjefe de Cabello, a pesar de que implica meterle más plata a la entidad cuando está pasando una reforma para tapar el hueco fiscal.
El proyecto está justificado en la necesidad de adecuar las normativas colombianas a un fallo de la Corte IDH, que protegió los derechos políticos del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y dijo que las entidades administrativas como la Procuraduría o Contraloría solo pueden destituir o inhabilitar a funcionarios públicos elegidos por voto popular cuando hay una sentencia penal. Es decir, cuando un juez lo define así.
Lo que propone Cabello le hace el quite a lo que exige la Corte IDH, y plantea una interpretación que le entrega nuevos poderes.
Si el Congreso aprueba la iniciativa como está, le permitiría a la Procuradora meterse de lleno como un factor en las elecciones del 2022. Sobre todo si utiliza la entidad para debilitar a los contrincantes alternativos de los partidos tradicionales que la eligieron o si aprovecha las facultades de ampliación del personal para repartir cuotas burocráticas a los congresistas encampañados.
Un escenario similar al de la Procuraduría del anulado exprocurador Alejandro Ordoñez.
Ante ese panorama, varios movimientos políticos están pidiendo que les dejen meter mano al proyecto de Cabello antes de que empiece su tránsito legislativo exprés.
El proyecto de superpoderes de Cabello
Un día después de anunciar una indagación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá y una de las figuras de la oposición del gobierno, Claudia López -excediendo sus facultades actuales- la procuradora Cabello radicó su proyecto de ley en el Congreso.
De entrada, mostró el respaldo del gobierno de Iván Duque, del que hizo parte como ministra de Justicia, porque en la radicación estuvo acompañada por el Ministro de Interior, Daniel Palacios.
El proyecto de Cabello le da una interpretación diferente a la sentencia de la Corte IDH porque dice que si se cumple al pie de la letra se estaría rompiendo la institucionalidad y las disposiciones constitucionales.
Y por eso pide que la Procuraduría no solo mantenga su función sancionatoria sino que se le eleve a un carácter jurisdiccional. Es decir, similar a las competencias de un juez.
Cabello dice que su propuesta sí cumple lo que pidió la Corte IDH porque incluye nuevas garantías a los investigados, que fue lo que no tuvo Petro cuando fue destituido de la alcaldía de Bogotá por el procurador Alejandro Ordoñez porque su recurso de apelación era ante el mismo procurador.
Por ejemplo, Cabello separa las etapas y momentos de una investigación disciplinaria para que el procurador que arranque un proceso y recoja las pruebas no sea el mismo que defina la sanción. Y habla de la doble instancia o la doble conformidad para que las sanciones sean revisadas por varias salas antes de quedar en firme.
Sin embargo, la decisión final siempre va a estar, directa o indirectamente, en manos de la procuradora Cabello. Porque la doble conformidad de las decisiones sancionatorias será resuelta por una sala compuesta por tres personas elegidas por el propio procurador general.
“En términos castizos es una reforma tímida para generar cambios sobre lo que ha pedido la Corte”, opina el profesor de derecho constitucional de la Universidad de los Andes y experto de la Silla Llena, Juan Ospina.
“Lo que dice la Corte IDH sin tapujos es que debe ser una instancia judicial la que defina la pérdida de derechos políticos de un funcionario elegido por voto popular”, agrega.
El experto sostiene que se deben analizar otras alternativas. Por ejemplo, que la Procuraduría funcione como sustanciador, es decir como recolector de pruebas, y que sea un juez el que defina. Un trámite mixto similar al de los procesos de restitución de tierras.
Ospina cree que hasta ahora el proyecto no ha tenido una discusión abierta. Tampoco está claro si se lo consultaron a la Corte IDH para que le dé el visto bueno antes de pasar por el Congreso.
La procuradora Cabello defiende su propuesta insistiendo en que sí cumple con esos requerimientos porque separa las etapas del proceso disciplinario y da las garantías. De hecho, sostiene que para poder aplicarlos y cumplirle a la Corte IDH necesita que el Congreso le de más herramientas.
Además de las funciones de juez, quiere que le autorice el aumento de la planta de personal para cumplir con la separación de funciones.
Más nómina en medio de una reforma tributaria
Actualmente la Procuraduría cuenta con 4.137 empleados de planta y un presupuesto de gastos de funcionamiento de 724 mil millones de pesos.
La procuradora Cabello le está pidiendo al Congreso pasar de uno a dos procuradores regionales y provinciales para que uno haga la investigación y el otro sancione. Dice que así puede descongestionar los más de 12 mil procesos disciplinarios que lleva la Procuraduría contra funcionarios de elección popular.
Es decir, pasar de 32 a 64 procuradores regionales y de 50 a 100 provinciales. Los primeros ganan, en promedio, 12 millones de pesos cada uno; mientras que los segundos 9 millones de pesos.
La creación de esos nuevos cargos implicaría también la vinculación de un grupo de asesores y funcionarios para esos despachos. Mientras un procurador regional cuenta con unos 12 funcionarios, un provincial tiene unos 6.
Pero Cabello también está pidiendo más funcionarios para la sede central porque quiere crear tres salas nuevas: una de instrucción, otra de investigación y la de segunda instancia.
Para eso necesita aumentar el número de procuradores delegados, que actualmente es de 36. El procurador definiría cuántos necesita de más.
Si el Congreso lo autoriza todo, esta sería la tercera ampliación burocrática de la entidad en los últimos 15 años.
En 2011, en el gobierno de Juan Manuel Santos se crearon más de 200 cargos entre procuradores judiciales, asesores y sustanciadores. Mientras que entre 2007 y 2009, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se crearon 574 cargos.
El poder de los procuradores para disponer de nuevos fortines burocráticos no siempre ha terminado bien.
Como contó La Silla, en 2012 el entonces procurador Alejandro Ordoñez pavimentó su reelección gracias a que pudo nombrar libremente a cientos de amigos o familiares de senadores (que fueron los que lo eligieron) y magistrados (que fueron los que lo nominaron), además de muchos conservadores (su partido) y santandereanos (su región de origen).
Ese carrusel de favores terminó anulando su reelección y lo sacó del cargo.
Más allá del debate sobre el uso que le puede dar Cabello a ese poder burocrático, está el cuestionamiento sobre la conveniencia de ampliar el gasto de funcionamiento de la entidad justo ahora que se está tramitando una reforma tributaria.
Es un cuestionamiento que, paradójicamente, ha ambientado el gobierno de Iván Duque y su bancada del Centro Democrático. Mientras en la propuesta de tributaria se plantea darle facultades extraordinarias al presidente Duque para reestructurar el Estado, fusionando entidades y recortando personal; el expresidente Uribe ha insistido en reducir los gastos de funcionamiento de las entidades públicas.
Al enviar mensaje de urgencia y acompañar la propuesta de Cabello, el gobierno se contradice con esa postura.
Todo este panorama tiene prendidas las alarmas de los sectores de oposición.
La peluqueada que pide la oposición
El proyecto de Cabello se empezará a debatir la otra semana, pero hay muestras de que la coalición de gobierno lo quiere pupitrear.
Además del mensaje de urgencia que le puso el gobierno de Duque, lo que acorta el trámite de aprobación, ha llamado la atención que se le haya asignado un ponente único: el senador liberal Fabio Amín.
Según nos comentaron dos senadores de la comisión primera, Cabello personalmente pidió a Amín.
Que haya un solo ponente es curioso porque se trata de un proyecto que por su alto impacto político y económico les afecta a todos los partidos.
La preocupación de esa ponencia única llevó a 10 congresistas de los partidos Liberal, Alianza Verde, Mira, Cambio Radical, Polo y Comunes, a sentar una queja y a pedir que se habilite una ponencia colectiva en la que ellos puedan hacerle ajustes al proyecto o eventualmente pedir su archivo.
“Un proyecto tan importante, que más que una adecuación al ordenamiento jurídico lo está es burlando, merece una discusión más amplia. La Procuraduría no es un juez y se le quieren atribuir unas funciones de juez”, le dijo a La Silla la senadora Angélica Lozano, autora de la proposición.
Rodrigo Lara de Cambio Radical, quien también firmó la carta, sostiene que en vez de pensar en darle más poderes a la procuradora debe darse un debate de fondo sobre las funcionalidad de la entidad.
“No creo que multiplicar los organismos de control sirva para combatir la corrupción. Si por mi fuera eliminaría la Procuraduría. Allá sancionan con normas subjetivas, ambiguas, con criterios difusos y políticos. La función disciplinaria de la Procuraduría es una arbitrariedad”, le dijo Lara a La Silla.
La apuesta de estos sectores es que le puedan meter mano al proyecto antes de que se radique la ponencia en las comisiones primera del Senado. “Ese es el reto, es no burlarla. No es una adecuación para burlarla. Queremos ser ponentes para formular”, dice la senadora Lozano.
Este miércoles, el presidente de la comisión primera de Senado, el liberal Miguel Pinto, accedió y dijo que cada partido puede delegar un ponente. Sin embargo, le mantuvo a Amín la coordinación del proyecto.
En la Cámara también hay afán de votar el proyecto de Cabello.
Antes de salir del cargo en enero el exprocurador Fernando Carrillo presentó un proyecto para acatar el fallo de la Corte IDH. Pedía mantener la función disciplinaria cuando se tratara de asuntos relacionados con la corrupción, pero no con los alcances del de Cabello. Tampoco mencionaba la ampliación de la nómina.
La comisión primera de Cámara está por archivar la propuesta de Carrillo sin discutirla porque así lo propuso el representante Alfredo Deluque, quien dijo que se debía darle prioridad al proyecto de Cabello.
El Estado tiene plazo hasta agosto para cumplir con el fallo de la Corte IDH. Los tiempos para cumplirlo, con la interpretación de la procuradora Cabello, arrancan con más ruidos que consensos.
