El regreso de la Triple A, una empresa de servicios públicos, al control de Barranquilla se presentó el año pasado como un gran logro para la ciudad y el Estado. En el evento en el que se anunció que era una realidad la transacción, el Presidente Iván Duque dijo que quería que “La Triple A volviera a Barranquilla para convertirse en un tesoro y que se cuide como un tesoro, con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político”. Sin embargo, la transacción no arrancó honrando esos supuestos.
La Silla Vacía rastreó documentos, consultó funcionarios y exfuncionarios, y obtuvo respuestas a través de derechos de petición que muestran que la venta de acciones de la Triple A se basó en argumentos que no corresponden con la realidad de la empresa.
El mecanismo que usaron, a su vez, permitió acceder a un procedimiento que terminó beneficiando a contratistas privados cercanos al uribismo y al clan Char: los hermanos Daes y William Vélez.
Incluso encontramos que en la tributaria del año pasado se incluyó un artículo que aclaró completamente el camino para que la venta de acciones fuera directa y evadiera el paso de someterla a un concurso público para que el mejor postor ofertara.
La transacción es de 565 mil millones de pesos, toca una de las empresas más rentables del Atlántico, y deja en evidencia, nuevamente, cómo el grupo político de los Char –que tiene en Alejandro Char un candidato presidencial– beneficia a un grupo reducido de aliados con negocios públicos.
Los argumentos engañosos del Gobierno Duque
Los intereses detrás de la Triple A no son pocos. Esa empresa es una de las joyas de la corona de Barranquilla porque tiene injerencia en 15 de los 23 municipios del Atlántico, el último año reportó 677 mil millones de pesos en ingresos y 94 mil millones de pesos en utilidades.
La posibilidad de que Barranquilla recuperara la posición dominante que tuvo hace 26 años en la Triple A tomó forma desde finales de 2018 cuando la Fiscalía General anunció que secuestraría las acciones de la socia mayoritaria de la compañía por presunta corrupción dentro de la empresa.
Se trata de Inassa, la filial en Colombia de la empresa pública española Canal Isabel II y propietaria del 82,16 por ciento de la Triple A. La Fiscalía encontró que hubo un presunto desfalco a esa empresa en cerca de 300 mil millones y por eso, paralelo a investigaciones contra al menos una decena de funcionarios y exfuncionarios, inició un proceso de extinción de dominio sobre la propiedad accionaria de los españoles en la Triple A.
El proceso aún no ha concluido con sentencia por lo que en la práctica las acciones siguen siendo de Inassa. Pero a inicios del año pasado a través de una figura llamada “enajenación temprana” la Sociedad de Activos Especiales, SAE, una entidad del Gobierno Nacional que administra activos que son incautados por extinción de dominio, abrió la puerta para vender las acciones.
Según supo La Silla por dos personas que trabajaron en la SAE y en Triple A, que pidieron no ser identificadas para relatar los procesos internos de las entidades, esa decisión fue el resultado de un cambio en la postura que la SAE había tenido sobre la posibilidad de vender las acciones de la Triple A.
La razón de que existiera oposición para hacer esa transacción es que para activar la enajenación temprana deben cumplirse requisitos específicos, como que el bien esté en riesgo de perderse o que represente una carga para la SAE. La administración anterior, en cabeza de María Virgina Torres, consideró que ninguno se cumplía porque la Triple A estaba funcionando sin contratiempos.
“Legalmente no había cómo justificar una enajenación temprana. No se cumplían los requisitos”, dijo una de esas fuentes.
La administración de Torres acabó en julio de 2020, y a la SAE llegó Andrés Ávila, quien tuvo consideraciones diferentes. Ocho meses después de su llegada, el gerente Ávila y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunciaron en una rueda de prensa que empezarían el trámite para venderle al Distrito las acciones de la Triple A de propiedad de Inassa, bajo control de la SAE.
Pumarejo explicó que su plan era que Barranquilla no destinara plata para la adquisición de esas acciones y que para eso buscaría un operador que no entraría en la propiedad de la empresa y que serviría para hacer una transición en la que la ciudad asumiera la posición dominante
“El Distrito de Barranquilla recibe las acciones y la propiedad plena y busca un socio operador que no tendrá ni una sola acción de la empresa, lo que tendrá es la operación y con utilidades futuras irá descontando la inversión que haga para que el Distrito pueda adquirir las acciones. Eso quiere decir que Barranquilla sin poner un solo peso recupera su participación accionaria y sus utilidades”, aseguró en la rueda de prensa.
Ávila dijo que agilizarían una respuesta, que sería un proceso transparente, que el gobierno de Iván Duque estaba respaldando la posibilidad de que Barranquilla comprara las acciones y que la empresa estaba cruzando por un buen momento comercial.
La operación se concretó 8 meses después con diferencias sustanciales frente a lo que se anunció: los privados entraron al negocio, y los argumentos que usó la SAE para vender fueron engañosos.
La causal que usó la SAE para justificar la venta fue que era “necesario” por la naturaleza de la empresa y la justificó en que una firma con acciones en proceso de extinción de dominio tiene limitado “el acceso al sistema financiero”. En esa línea, dijo que ese bloqueo bancario, sumado a que la SAE no tiene capital para inyectarle plata a una empresa ponía en riesgo el plan de inversiones de la Triple A.
Pero, no es cierto que la Triple A no haya accedido a la banca por estar controlada por la SAE, ni que estuviera en riesgo el plan de inversiones.
En enero de 2021, dos meses antes de que Pumarejo y Ávila anunciaran que las acciones podrían pasar a manos de Barranquilla, la Triple A fue noticia porque logró acuerdos con 6 bancos y accedió a créditos por $100 mil millones de pesos. Incluso el acuerdo fue anunciado en la página oficial de la Triple A.
Además, en los reportes anuales de gestión de 2019 y 2020 se detalla que fue duplicado el presupuesto de inversión de la empresa y que hay inversiones que superan lo estipulado en los planes. (Vea aquí y aquí los informes).
Es decir, en la SAE usaron argumentos que no encajan con la realidad de la Triple A para permitir una venta accionaria que se convirtió en un vehículo para meter en un meganegocio sin que mediara un proceso de selección a dos de los contratistas más grandes del país y consentidos en la casa Char y en el uribismo.
El negocio con Alumbrado Público convida a Vélez y los Daes
Para llevar a cabo la venta de las acciones primero la SAE tenía que valorar el monto del negocio y para eso contrató dos firmas. Una que hizo todo el proceso y otra que lo revisó independientemente. La Alcaldía de Barranquilla también contrató una firma por aparte.
Todos los avalúos fueron revisados por la SAE y posteriormente por comités internos que concluyeron que cada acción costaba 9.357 pesos y que en esa medida las 60 millones de acciones –equivalentes al 82,16% de la Triple A– costaban 565 mil millones de pesos.
El alcalde Pumarejo había dicho que el privado que participara en el negocio no se quedaría con ninguna acción, pero eso no fue lo que pasó.
El día que junto con el presidente Iván Duque, la Alcaldía y la SAE anunciaron que la venta de acciones era un hecho, revelaron que la transacción se cerraría con Alumbrado Público de Barranquilla, empresa mixta que se constituyó en 2016 en el segundo mandato de Alex Char.
El 65 por ciento de Alumbrado Público de Barranquilla es de propiedad del Distrito y el 35 por ciento restante es de Barranquilla Capital de Luz, empresa que a su vez pertenece a dos súper poderosos grupos de empresarios: el del zar de las basuras, el antioqueño y amigo personal del expresidente Álvaro Uribe, William Vélez y el de los hermanos Christian y José Manuel Daes, megacontratistas del alcalde Álex Char.
Vélez tiene en ese negocio a tres de sus empresas, dos de la cuales hacen parte del emporio empresarial Grupo Ethus. Los Daes tienen el 20 por ciento de participación con su empresa Alutrafic Led SAS. Entre los dos grupos se quedan con el 18 por ciento del recaudo anual del alumbrado público de Barranquilla que bordea los 40 mil millones de pesos.
Los Daes y Vélez entraron a alumbrado tras ganar un concurso de la Alcaldía, pero para quedarse con una porción de la Triple A no tuvieron que competir, porque lo hicieron en calidad de socios minoritarios de Alumbrado Público de Barranquilla.
Como Alumbrado Público es en su mayoría del Distrito, por ley es tratada como una entidad pública y eso era clave para la figura que usaron porque la venta de las acciones sólo podía hacerse directamente, es decir, sin armar una subasta para que el mejor postor ganara, si el interesado en comprar era un público.
Aunque desde 2015 está establecido que un público tiene preferencia en compra de “bienes” que administra la SAE, La Silla encontró que justo cuando estaban adelantando el proceso de venta de acciones de la Triple A en la reforma tributaria fue incluido un artículo que especificó que aplicaba para la venta de “participación accionaria”.
“En el caso de participaciones accionarias o de capital, sociedades o establecimientos de comercio, la Sociedad de Activos Especiales podrá otorgar derecho de preferencia en la compra a entidades de derecho público cuando las circunstancias de interés público evidencien que es pertinente”, dice el artículo.
La modificación a la ley fue iniciativa del Gobierno. Según explicó el representante liberal Jhon Jairo Roldán, quien fue su autor, “yo era uno de los coordinadores. Nosotros somos el vehículo para incluir las proposiciones y por petición del Ministerio de Hacienda incluí esa proposición”.
La proposición que incluía la especificidad de la “participación accionaria” fue la última incluida dentro del trámite de la tributaria, según los soportes publicados por el Congreso.
Esa preferencia con los públicos para hacer compras directamente explica, en parte, por qué no cuajó la propuesta inicial de Pumarejo sobre que un privado operara la Triple A por un tiempo y se quedara con utilidades a cambio de prestar la plata para la compra de acciones. De haber sido así, la compra de acciones debía someterse a subasta abierta.
Contexto
Vélez y Daes ganarán de las utilidades de la empresa pública barranquillera
Con la decisión de adquirir las acciones de la Triple A a través de Alumbrado Público la Alcaldía de Barranquilla volvió a tener la posición dominante en la empresa que presta servicios de acueducto, aseo y alcantarillado en medio departamento del Atlántico.
Sin embargo, no se quedó con toda la participación, que fue la promesa inicial.
Ahora le pertenecen el 67 por ciento de las acciones de la Triple A (14 por ciento que ya tenía y 53 por ciento equivalente al 65 por ciento de participación en Alumbrado Público); por su parte, los Daes y Vélez quedaron con el 28 por ciento de la Triple A (equivalente al 35 por ciento de su participación en Alumbrado público). Es decir, los privados se quedaron con cerca de la tercera parte de las acciones.
En respuestas a dos derechos de petición, ni la SAE ni en la Alcaldía de Barranquilla quisieron dar los detalles de la transacción, bajo el argumento de que las partes habían firmado un acuerdo de confidencialidad. Ambas entidades también dijeron que trasladarían las preguntas a Alumbrado Público de Barranquilla para que contara los detalles, pero no hubo respuesta.En su lugar, Alumbrado Público de Barranquilla respondió que la Alcaldía era la única que respondería preguntas sobre la compra accionaria.
Sin embargo, por las declaraciones públicas que en diferentes momentos ha dado el alcalde Jaime Pumarejo, está claro que la transacción se pactó de manera que los Vélez y los Daes son los que ponen la plata para comprar las acciones.
“Los privados le prestan la plata a la empresa para adquirir las acciones de la SAE. Según el acuerdo, un 50 % será girado en varios pagos hasta finales del próximo año y la otra mitad queda financiada a seis años”, dijo Pumarejo al Heraldo en esta entrevista.
Ese modelo replica el del entramado de la contratación de la segunda administración de Alex Char, que funciona a través de un esquema en el que privados terminan poniendo plata para darle liquidez al sector público y que abre la puerta a que plata de cualquier procedencia termine siendo lavada por el mismo Estado.
“Es una manera siniestra de excluir a algunos grupos de ingeniería y una forma de abrir una puerta a empresas con plata quién sabe de dónde”, explicó en su momento Germán Pardo, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Colombia.
Los Daes, megacontratistas, socios privados de la Alcaldía de Barranquilla y, gracias a las movidas del Gobierno Duque, también de la Triple A, tienen varios cuestionamientos sobre sus orígenes y más recientemente sobre el manejo de sus finanzas.
En diciembre pasado un informe de un fondo de inversión activista sobre Tecnoglass, la compañía de los Daes que cotiza en Wall Street, denunció doble contabilidad. El precio de la acción de Tecnoglass se desplomó, y no ha recuperado su valor.
Los Daes han negado la veracidad de la información contenida en el informe y en un comunicado oficial dijeron que “contiene declaraciones inexactas, afirmaciones infundadas, ataques de carácter y especulaciones con la intención de engañar a los inversores y reducir el valor de las acciones de la compañía para su beneficio personal”.
Independientemente de lo que resulte de esa nueva sombra, según dijo Pumarejo en esta entrevista, como nuevos accionistas de la Triple A, los Daes, así como William Vélez, tendrán asiento en la junta directiva.
Vélez, por su parte, se asegura un regreso triunfal a la la Triple A. Luego de perder la concesión del aseo dentro de esa empresa en 2018 vuelve a entrar y esta vez como dueño.
En la Alcaldía de Barranquilla aseguraron que, según las proyecciones del negocio, los Daes y William Vélez empezarán a recuperar su inversión a partir de 2030 con las utilidades que recibirán como accionistas.
Así que al final el modelo sirvió para que privados aseguraran su parte como propietarios de una empresa que el último año dejó 94 mil millones de pesos de utilidades, a cambio de prestar plata a la Alcaldía de los barranquilleros.
