Medellín es una ciudad atractiva. En el siglo XIX atrajo a mineros y pequeños industriales; en el XX a campesinos, banqueros y narcotraficantes; en las últimas dos décadas a emprendedores, reguetoneros, turistas gringos y nómadas digitales.
El año pasado Medellín desplazó a Cartagena como el segundo destino más visitado en el país, después de Bogotá. Revistas de referencia para nómadas digitales, como Nomad List, la ubican como uno de los mejores destinos en América Latina.
Pero este éxito colectivo tiene sus costos, y en las últimas semanas líderes de opinión de la ciudad los han discutido con intensidad. El aumento de los precios de los arriendos, sobre todo en los barrios de estratos altos, y la proliferación de redes de explotación sexual, animan una discusión sobre la nueva vocación turística de la capital antioqueña.
La Silla recogió historias y testimonios sobre un debate público que va a entrar de lleno en las próximas elecciones regionales.
Una campaña viral
El tuit tuvo más de un millón de interacciones. Fue publicado el viernes 21 de abril por una influencer de Medellín y contiene una serie de fotos con pósters pegados en una calle peatonal de Provenza, el popular barrio de la zona rosa de Medellín. “Nómadas digitales, colonizadores temporales”, dice uno de ellos.
El equipo de Ana María Valle, exsecretaria de Mujeres de la alcaldía de Daniel Quintero, registró el estallido en redes sociales. De inmediato, ágiles como políticos en campaña, hicieron una publicación en su cuenta de Instagram.
En el vídeo, Valle aparece con una brocha de pintura en la mano. La utiliza para pegar con engrudo los pósters contra la “gentrificación” en Medellín. “Gentrifyer Go Home”, “Regulen la vivienda”, dicen algunos.
Horas antes su grupo de colaboradores se desplegaron por Laureles, Belén y El Poblado, tres comunas de rentas medias y altas de la ciudad, para realizar la puesta en escena.
“Una diseñadora del equipo nos hizo la propuesta. Mandamos a imprimir los pósters en papel ecológico y compramos el engrudo en Homecenter. Fue todo muy artesanal”, cuenta Valle, quien fue precandidata a la alcaldía de Medellín por Independientes, el partido político de Quintero, y cuyo nombre está en el sonajero para liderar su lista al concejo.
“Hoy no soy candidata a nada”, dice Valle. Pero los pósters tienen el eslógan de su precandidatura a la alcaldía, “Medellín Valle de Colores”, y están inspirados en los movimientos sociales europeos por la intervención a los mercados de la vivienda, particularmente fuertes en ciudades turísticas como Roma o Barcelona.
“Estuve en Europa y me llamó la atención el movimiento ‘okupa’ en Berlín. Son personas gritándole todo el tiempo a la ciudad, incluso contra el turismo”, dice Valle. Sin embargo, asegura que su iniciativa no iba contra los turistas ni supone un acto de xenofobia, como señalaron algunos de sus críticos.
La viralidad de su mensaje provocó Spaces en Twitter, conversatorios en diferentes lugares de la ciudad, análisis de datos por parte de economistas e incluso una respuesta del alcalde Quintero. “La gente cuestiona el uso político del tema. Pero se trata justamente de un tema político y esta acción de incidencia sirvió para abrir el diálogo”, dice Valle.
Casinos ilegales y escopolamina
Sebastián* y sus vecinos vieron primero las fiestas y el desfile de personas extrañas en el edificio.
Después hubo un robo a un apartamento en el que intervino la policía. Durante la inspección, los agentes se dieron cuenta de que en su sala principal funcionaba ilegalmente un casino. En las siguientes semanas renunciaron en serie varios celadores molestos por trabajar como si fueran recepcionistas de hotel.
Sebastián es un abogado boyacense de 29 años. Llegó hace dos años a Medellín luego de ganarse un contrato en la Gobernación de Antioquia. En junio del año pasado encontró un apartamento ideal en San Diego, justo en la salida hacia el aeropuerto: un lugar residencial, arborizado, bien conectado. Pagaba $2.200.000 de arriendo.
En febrero, recibió una carta de la propietaria que le puso fin al contrato de arrendamiento. La justificación formal era que necesitaba hacer unas remodelaciones. “La inmobiliaria me dijo que la dueña se dio cuenta de que es más rentable tener un Airbnb. Los rentan por 400 o 500 mil pesos la noche”.
El año pasado, Carolina encontró un apartamento por $1.800.000 en el barrio Lalinde, de El Poblado, cerca a Provenza y al resto de la zona rosa de Medellín.
Todo marchaba con relativa tranquilidad hasta que en el edificio empezaron a ofrecer otros apartamentos a Airbnb. Los vecinos empezaron a rotar con más frecuencia, el ruido y las fiestas aumentaron.
Con el tiempo, los lugares para atender a los nuevos visitantes aumentaron: pubs, colivings, coworkings, y los problemas entre sus vecinos escalaron.
Carolina recuerda dos momentos muy graves.
En el primero, la policía llegó hasta el lugar porque un extanjero se negaba a pagarle a una trabajadora sexual. Los agentes tuvieron que sacar a la fuerza a la mujer. El segundo también fue un caso de prostitución: un hombre dejó ingresar en varios ocasiones a un trabajador sexual hasta su apartamento y en una de ellas lo drogaron con escopolamina para robarlo. “Casi se muere”, dice Carolina.
Y a los problemas de convivencia, cuenta Carolina, se sumaron el aumento de atracos en las calles aledañas al edificio. “La sensación de vecindad se fue acabando y el costo de vida siguió en aumento”, dice Carolina, quien finalmente decidió mudarse.
De Washington a Las Palmas
Luis Valdés es un estadounidense de 46 años con ascendencia chilena y colombiana. En agosto del 2021, y con el relajamiento de las medidas contra la pandemia, decidió tomar un avión y pasar una temporada en Medellín. “Iba a quedarme un mes. Después de tres o cuatro días decidí mudarme definitivamente”, recuerda.
Valdés vivía en Washington y su trabajo no fue ningún impedimento para tomar una decisión repentina. Desde hace 15 años, y a través de plataformas online, vende softwares contables y de análisis de datos para múltiples empresas norteamericanas.
El primer apartamento que rentó Valdés fue en Calasanz, un barrio acomodado al noroccidente de la ciudad. Luego fue mudándose poco a poco a las zonas más exclusivas de Medellín. Vivió en Laureles y Envigado antes de encontrar el apartamento en el que reside actualmente, ubicado en un edificio frente al centro comercial Oviedo, en El Poblado.
“En Laureles el apartamento era un lujo: dos pisos, ascensor, jacuzzi, un balcón enorme con vista a la ciudad”, cuenta Valdés, quien en 2022 lo rentó a través de Airbnb por cuatro millones de pesos al mes. “La aplicación no te pide los documentos que le piden regularmente a un colombiano para rentar un lugar, como certificados laborales o un codeudor con propiedades”, dice.
El presupuesto de Valdés para pagar un arriendo en Medellín está entre $3.500.000 y $5.000.000. “Estoy tratando de conseguir lugares más económicos porque acabo de meterme en un apartamento en Las Palmas”, cuenta Valdés.
Se trata de un proyecto en un nuevo conjunto de edificios sobre la avenida que conecta a Medellín con el oriente antioqueño, donde está el aeropuerto internacional José María Córdova y varios de los municipios más prósperos del país.
“Es una zona increíble. En los últimos años han subido los precios por la llegada de extranjeros. Me parece una gran inversión. También estoy pensando en comprarme una finca”, dice entre risas.
Valdés señala múltiples razones para vivir e invertir en Medellín. Entre ellas, la infraestructura y la seguridad de la ciudad. También el clima, la amabilidad de las personas y el bajo costo de vida. “Lo único caro en Colombia son los artículos electrónicos y la ropa”, dice.
Es consciente de los costos a corto plazo del arribo a la ciudad de personas como él. “Es muy brusco ahora y los precios van a subir, afectando sobre todo a los locales. Pero también hay que pensar en que Medellín tiene el potencial para ser la ciudad más moderna y atractiva de Sudamérica”, dice Valdés.
Sabe que otro de los atractivos de la ciudad es su vida nocturna, pero prefiere ser cauto. “Debes tener autocontrol. En Medellín, como en Nueva York o Los Ángeles, puedes encontrar rumba a cualquier hora y comprar casi cualquier cosa”, dice.
“Prefieren arrendarle a un extranjero”
Los inquilinos de un edificio de Envigado están buscando para dónde irse. El dueño, que vive en el séptimo piso, le pidió a la agencia inmobiliaria que notificara a todos sus vecinos que le tenían que entregar sus apartamentos en unos meses.
Mariela*, su esposo, su hija y su mamá, están buscando casa después de seis años. No se sabe si el edificio se convertirá Airbnb o si los arriendos se van a duplicar, pero ella está segura de que la decisión busca aumentar las ganancias del dueño.
Es una construcción de 10 pisos ubicada en Zúñiga, un barrio del municipio de Envigado cerca a los límites con Medellín. Es uno de los sectores más exclusivos del municipio, con edificios medianos que no bajan del estrato seis.
Mariela tiene 59 años y ya está jubilada, por lo que se dedica a “disfrutar el tiempo” . Va al gimnasio, saca su mascota dos veces al día y cuida a su mamá, aunque en las labores también le ayuda una empleada.
El barrio le gusta porque está bien arborizado, es seguro y está cerca de servicios como supermercados, centros comerciales y el Metro. Por eso le da miedo no encontrar un lugar parecido por los $2.500.000 que paga actualmente.
Cada vez escucha más acentos extranjeros cuando sale a caminar y cree que la llegada de argentinos, franceses y estadounidenses, puede estar disparando el precio de los arriendos. “Estamos preocupados porque no sabemos dónde iremos a dar. Hay poca oferta y prefieren arrendarle a un extranjero que al que es de aquí”.
Imágenes habituales de una noche en Medellín
Es martes y hace una noche fría en la ciudad. Subiendo por la calle 10 hacia el Parque Lleras, el icónico lugar que concentra restaurantes y discotecas en El Poblado, las escenas son recurrentes para alguien que lo frecuenta.
Sobre los andenes, pequeñas familias indígenas, por lo general una mujer y dos o tres niños, descansan sobre cartones y les piden limosna a los transeúntes. En ocasiones, y sin ningún adulto que las supervise, se trata de grupos de niñas y adolescentes bailando por monedas al ritmo de música tradicional indígena.
Son miembros de la comunidad emberá katío del Alto Andágueda, Chocó. Desde el 2019 cerca de 900 de sus integrantes viven de la mendicidad en la ciudad, según la Personería de Medellín. La mitad de ellos son niños, niñas y adolescentes.
En las calles adyacentes al Lleras otra imagen se ha vuelto paisaje. Decenas de trabajadoras sexuales esperan clientes en las fachadas de farmacias, discotecas y restaurantes. La inmensa mayoría son muy jóvenes, suelen caminar junto a varias compañeras y lanzan sencillas expresiones en inglés a los hombres de facciones anglosajonas que merodean el lugar.
Algunos hombres extranjeros caminan de su lado y hablan con ellas. “Cocaína, weed, ¿qué desea?”, les ofrecen abiertamente en el parque. Metros más adelante hombres en camionetas de gama media dejan o recogen mujeres en la calle.
Los costos de la combinación de poblaciones vulnerables, redes de prostitución y tráfico de drogas, y visitantes extranjeros con un alto poder adquisitivo están en el centro de la discusión sobre la potente vocación turística de Medellín.
La administración los ha enfrentado con medidas de choque, publicitadas en redes sociales, que todavía no parecen dar resultados. Mientras tanto crecen los mensajes contra una nueva ola migratoria en una ciudad que desde su fundación no ha parado de recibir gente.
*El nombre fue cambiado por petición de la fuente.
