Una de las designaciones más polémicas de Gustavo Petro ha sido la de Diego Bravo Borda en la gerencia del Acueducto. Y con dos nuevos nombramientos que ha hecho Bravo, la polémica promete crecer.
El primero es el de Eduardo Carlos Gutiérrez Noguera como Gerente de Gestión Humana y Administrativa. Gutiérrez es poco conocido en Bogotá. Pero en el Magdalena se le conoce muy bien por sus vínculos fuertes con el uribismo. Gutiérrez viene de ser el Secretario de Hacienda del Magdalena durante la gobernación del general en retiro Manuel José Bonnet. Y antes fue directivo del Incoder, donde llegó a ser Subgerente de Estrategias.
De allí pasó a ser Secretario General del Ministerio de Agricultura entre 2009 y 2010. Según Radio Magdalena, llegó a este último cargo como cuota de los parapolíticos Miguel Pinedo Vidal y Luis Eduardo Vives, y según El Informador, como parte del grupo político del ex gobernador Ómar Diazgranados.
Mientras trabajaba en el Ministerio, su suegro, Luis Antonio Pimienta Cotes, recibió un subsidio para riego de Agro Ingreso Seguro, así como un crédito blando de ese mismo programa. Según la ex ministra Cecilia López, Gutiérrez hacía parte del ‘roscograma institucional’ que se armó en el sector de la Agricultura, alrededor de Andrés Felipe Arias, y, según la extinta revista Cambio, fue una de las piezas claves para que poderosas familias del Magdalena recibieran apoyo privilegiado de las entidades del sector.
El segundo nombramiento tendrá más eco en el Valle del Cauca: como Gerente de Tecnología, Bravo nombró a José William Garzón, un geólogo que fue director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) entre 2008 y 2009, y que salió en medio de una polémica.
Garzón ya había sido cabeza de esa entidad entre 2007 y 2008, cuando salió porque el Consejo de Estado tumbó su elección por vicios de procedimiento, pero volvió a ese cargo en mayo de 2008 tras un proceso de selección en el que la junta directiva de la CVC escogió al candidato con mayor puntaje en una prueba que hizo la Universidad Santiago de Cali.
Menos de un año después, en enero de 2009, la junta directiva en pleno decidió sacarlo, argumentando una mala gestión. Pero Garzón acusó a Juan Carlos Abadía, Juan Carlos Martínez y Roy Barreras de aliarse para sacarlo por razones políticas.
Lo que se dice en el Valle es que a Garzón lo tumbaron porque incumplió compromisos con sus padrinos políticos, Abadía y Martínez, como lo denunció en su momento el sindicato de la entidad y como lo explicó en varias notas el diario El País. Además, ese periódico señaló a Garzón de haber sacado gente de la entidad para poner cuotas políticas de sus padrinos. También de haber sido el responsable de que empezara el declive de esa entidad. Y la situación fue tan grave que Garzón incluso afirmó que estaba amenazado de muerte.
Lo llamativo es que en una administración liderada por un crítico de Andrés Felipe Arias y de Juan Carlos Martínez, terminen nombradas personas que fueron cercanas a estos dos políticos, y que vienen con cuestionamientos.
