El presidente llegó molesto al consejo de ministros de esta semana. Uno por uno, Gustavo Petro hizo la misma pregunta de las últimas semanas: “¿Cómo va la ejecución del presupuesto?”. Según una fuente que estuvo en la reunión, los ministros dieron explicaciones, presentaron sus avances, argumentaron que algunos de sus subordinados no estaban respondiendo. El presidente fue concluyente: “El proyecto político del cambio no se puede ver amenazado por la ineficiencia. A los directores que tengan que sacar, los sacan”.
La instrucción de Petro fue pedirles la renuncia protocolaria a todos los cargos directivos de los ministerios encargados de la ejecución del presupuesto. Ya lo hicieron los ministerios de Agricultura, Minas, Interior y Transporte. “Es sacar la tarjeta amarilla, lo que llamaban en el colegio matrícula condicional”, explicó el miércoles el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en una entrevista con Blu. Y agregó que el ultimátum no implica un nuevo remezón en el gabinete. En su primer año, Petro cambió a 11 ministros.
El regaño de esta semana fue el estallido de una molestia que Petro trae desde hace varias semanas. La detonaron las críticas que el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, hizo a la ejecución del presupuesto días antes del 7 de agosto.
En el primer semestre de este año el gobierno ejecutó el 27,7 por ciento del presupuesto de inversión, el más importante para medir la gestión. El porcentaje estaba por debajo del promedio de los últimos siete años, que fue del 33 por ciento, aunque un poco por encima del de Duque en su primer año.
Más allá de las comparaciones, Petro se puso más duro con sus ministros después de las críticas de Cepeda. La sensación general, según una fuente de la Casa de Nariño que pidió no ser citada, es que todos están en riesgo. Y esto ha alimentado disputas internas que ya había en sectores como educación, agricultura y relaciones exteriores. La fuente citada antes lo resume así: “Estamos en los juegos del hambre”.
Regaño de Petro alimenta las peleas internas
Hay, por lo menos, tres peleas internas en el gobierno. La más álgida se da en el Ministerio de Educación y enfrenta a la ministra, Aurora Vergara, con el viceministro de educación básica, Óscar Sánchez.
Sánchez fue secretario de educación en la alcaldía de Petro en Bogotá, por lo que es más cercano al presidente que Aurora Vergara. La ministra, por su parte, asumió el cargo en marzo, después de la salida de Alejandro Gaviria del ministerio. Venía de ser viceministra de Educación Superior y llegó allí impulsada por su cercanía con la vicepresidenta, Francia Márquez.
Vergara tuvo un comienzo accidentado con Petro. Primero, porque decidió apoyar el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de educación superior, impulsado por la representante Jennifer Pedraza. “El presidente le dijo a la ministra que lo que él quería era una reforma integral a la ley 30, no solo a esos artículos, y que por qué le presentaba logros de la oposición”, dijo una fuente del ministerio que pidió no ser citada.
La otra molestia de Petro con Vergara ha sido por las 26 nuevas universidades que el presidente busca construir en municipios como Catatumbo (Norte de Santander), Tumaco (Nariño) y Tame (Arauca). Las obras de esas universidades no han avanzado a la velocidad que esperaba el presidente. Petro dijo que la de Catatumbo, por ejemplo, empezaría su construcción en abril, pero el proceso de conseguir el predio y estructurar la propuesta educativa tomó más tiempo. La proyección es que recién se empiece a construir antes del final del año. Y esa es la que va más avanzada, mientras que las otras están en vilo. Esos retrasos le han costado a la ministra Vergara disgustos del presidente.
A esa mala racha de la ministra se sumó la llegada de Óscar Sánchez al viceministerio de educación básica en abril. La Silla confirmó que, al comienzo del gobierno, a Sánchez le ofrecieron ese mismo viceministerio, pero que no lo aceptó porque aspiraba a un ministerio o a dirigir alguna entidad de alto nivel, como el Sena. Sin embargo, meses después, en abril, aceptó el mismo viceministerio que había rechazado antes y el rumor en el sector es que Petro le dijo que sería el próximo ministro.
Luego de llegar al cargo, Sánchez empezó una disputa de poder con Vergara. “La tensión entre ellos se corta con un cuchillo. En reuniones con el presidente, él toma la palabra y habla hasta 20 minutos seguidos. Ella trata de interrumpirlo y él sigue hablando. Y presenta propuestas no solo de su viceministerio, sino en general de su visión como si fuera ministro”, le dijo a La Silla una fuente que ha estado en las reuniones.
Dos fuentes, una de la Casa de Nariño y otra del ministerio de Educación, le dijeron a La Silla que Sánchez ha alimentado las versiones de medios sobre una eventual salida de Vergara del cargo, que lo dejaría a él como ministro. Sánchez le negó esto a La Silla.
Más allá de las disputas, Vergara ha logrado mejorar su relación con Petro desde hace un par de meses: abandonó la reforma de Pedraza a los artículos 86 y 87 y se apersonó de una reforma integral a la ley 30. Además, ha sido más protagónica en los viajes del presidente. “Municipio que visita el presidente, municipio en el que ella inaugura un colegio. Entendió lo que a él le importa y se ha puesto las pilas para dar buenas noticias y hacerse notar”, dijo la fuente del ministerio.
La otra disputa interna en el gabinete es entre la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega. La ANT está adscrita al ministerio, por lo que la ministra es la superiora jerárquica de Vega, pero institucionalmente la ANT es una entidad autónoma. La ministra ha desmentido en público las cifras de formalización de tierras que ha dado Vega. Él dijo que en este gobierno se han titulado más de un millón de hectáreas a los campesinos, como parte de la reforma agraria, pero la ministra ha repetido que las titulaciones nuevas sólo suman 240.000 hectáreas y que Vega ha inflado sus resultados al contar titulaciones de gobiernos pasados.
El último frente de disputa interno involucra a tres funcionarios: el embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo; el Canciller, Álvaro Leyva; y el comisionado de paz, Danilo Rueda. Murillo y Leyva tienen diferencias desde hace meses. Ambos se han disputado quién lidera temas claves para el gobierno como las relaciones con Venezuela.
Y Leyva ha tenido choques con Danilo Rueda. Tres fuentes del gobierno confirmaron que hubo molestia entre ambos ante el anuncio del Canciller de una estrategia para buscar los restos de víctimas de las AUC en la frontera con Venezuela, una tarea que en principio le corresponde al comisionado de paz.
Aunque esas peleas internas son comunes en la mayoría de gobiernos, se profundizan con la advertencia de Petro de una “matrícula condicional” para todos los funcionarios, en un ambiente de cada vez más desconfianza, propiciado por la falta de comunicación de Petro con su gabinete. En la interinidad declarada por Petro, los funcionarios en disputa pueden buscar el favor del presidente para llegar a los cargos que aspiran.
Crece la desconfianza de Petro
La planeación del presupuesto general de 2024 requirió tres días seguidos de reuniones hasta la madrugada: el 26, 27 y 28 de julio. La última jornada se extendió hasta las 5 de la mañana. Ese día, a eso de las 3 de la mañana, el presidente se cansó de algunos titubeos de sus ministros con las cifras y dijo, entre broma y regaño: “Agh, me va a tocar llamar a Laura”.
Se refería a Laura Sarabia, su exjefa de despacho, quien salió del cargo a principios de junio en medio de un escándalo que la involucra, presuntamente, con chuzadas ilegales y un caso de abuso de poder por un interrogatorio con polígrafo a su exniñera en las instalaciones de la Presidencia.
La ausencia de Sarabia ha agravado la desconexión de Petro con su equipo. Como el presidente casi nunca se reúne uno a uno con sus ministros ni está interesado en los procesos puntuales para lograr sus metas, ella era la que llevaba la comunicación con los ministros y también las cuentas de sus logros. En varios consejos de ministros, como ha contado La Silla, tomaba la palabra para desmentir o corregir al gabinete sobre los resultados que le presentaban a Petro.
Las funciones de Sarabia fueron asumidas por el director del Dapre, Carlos Ramón González, cofundador del Partido Alianza Verde, quien se convirtió en la nueva sombra de Petro. Pero aunque su nuevo poder ya es notorio en el día a día de la Casa de Nariño, y en el nombramiento de nuevas fichas del verde en cargos claves como el Fondo Colombia en Paz, no ha llegado al nivel de confianza que tuvo Laura Sarabia con Petro.
Parte de ese liderazgo del gabinete se ha trasladado a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien es una de las escuderas de Petro desde hace años y lidera una de las carteras centrales en el discurso del presidente. Fue ella, según una fuente que lo vio de primera mano, la que asignó la palabra al resto de ministros en las reuniones del presupuesto general de 2024.
Más allá de esas figuras centrales, como Muhammad y González, la relación de Petro con el resto de su gabinete es de cada vez más desconfianza. Ha criticado en público al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien tenía el compromiso de alinear a su antiguo partido, La U, en decisiones claves del Congreso. Petro lo regañó luego de que justamente ese partido aportó a la derrota del gobierno en la elección de la presidencia del Senado, en la que la candidata del gobierno, Angélica Lozano, perdió con Iván Name. Los regaños por el manejo del Congreso también le han caído al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Otro llamado de atención recurrente de Petro en sus consejos de ministros ha ido para Catalina Velasco, la ministra de Vivienda. La ha criticado por las demoras en los subsidios de Mi casa ya y la baja ejecución de inversión de su ministerio, encargado también del tema de agua potable.
Las inconformidades de Petro y las disputas entre los funcionarios de alto nivel hacen del gobierno, a un año de su posesión, un campo minado. Uno en el que cualquier mal paso puede ser cobrado con un despido. Y en el que la orden del presidente de lograr una mayor ejecución se puede ver truncada, paradójicamente, por su otra orden de despedir a los funcionarios encargados de asignar los recursos y hacer realidad sus políticas.
