Por Lucas Correa Montoya, quien dirige DescLAB, una firma de abogados dedicada al litigio estratégico y al avance del derecho a morir dignamente. Ha llevado casos emblemáticos como el de Martha Sepúlveda y Yolanda Chaparro.
Hoy, en abril de 2024, solo conocemos las cifras del derecho a morir dignamente, y, particularmente, sobre la eutanasia, con corte al 31 de diciembre de 2022. Han pasado más de 16 meses y el Ministerio de Salud y Protección Social ha hecho imposible la tarea de conocer la información pública y disponible sobre este tema. Y lo hace de forma deliberada y sistemática, ¿Qué esconden el ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la Directora de Promoción y Prevención, Gina Rosa Rojas Fernández?
Acceder a la información se ha convertido en un ir y venir de derechos de petición, acciones de tutela e incidentes de desacato para poder conocer cómo sucede la muerte digna en Colombia. No sabemos dónde tiene lugar, cuál es la distribución por sexo, cuáles son los tiempos de respuesta de las clínicas, las redes de prestadores, los tipos de enfermedad, el uso de documentos de voluntad anticipada, entre otros datos fundamentales. Sin ellos es muy difícil saber cuáles son las barreras y obstáculos que enfrentan los colombianos y llevar a cabo la labor de control y participación social que le corresponde a la ciudadanía, y que hacemos desde DescLAB.
El Ministerio esconde la realidad sobre el ejercicio del derecho a morir dignamente. Esconde que cada vez más personas toman decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas; esconde que cada vez más personas con enfermedades no terminales solicitan la eutanasia; esconde que no son personas con avanzada edad quiénes toman esta decisión. Intenta esconder la realidad para disminuir el conocimiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pero también oculta las barreras que pueden conocerse con el acceso a las cifras que constan en los sistemas públicos de información. El Ministerio de Salud oculta que los procedimientos solo se hacen en ciertas clínicas, que la mayoría de hospitales se niegan a analizar las solicitudes y a decidirlas. También oculta que muchas de las solicitudes se hacen verbalmente y nunca se registran, los comités nunca se activan y las personas nunca obtienen una respuesta.
Oculta que a las personas se les hacen imposiciones inconstitucionales para acceder a la eutanasia, como acceder de forma obligatoria a los cuidados paliativos o agotar tratamientos que los médicos les prescriben, pero que ellos no desean. Por esta vía, el Ministerio de Salud es cómplice de médicos, clínicas y aseguradores en salud que vulneran el derecho a la muerte digna de los colombianos de forma impune y ante los ojos de los entes de control.
El sistema de información sobre muerte digna existe gracias a las órdenes judiciales impartidas por la Corte Constitucional hace más de nueve años. Las cifras existen y se reportaban con facilidad, pero algo cambió en este gobierno y en los últimos meses. No es el Ministerio quien crea y registra la información, eso lo hacen cada uno de los médicos que reciben las solicitudes, los comités que las evalúan y aprueban y las clínicas que llevan a cabo los procedimientos. Toda esa información reposa en un sistema unificado del cual el Ministerio es el responsable, y desde hace un tiempo el celoso guardián que impide su conocimiento, análisis y difusión en medios de comunicación
Durante años el Ministerio de Salud reportó las cifras cuando así se lo solicitaron la sociedad civil, los periodistas, los congresistas y cualquier otra persona interesada. Pero desde hace 16 meses la excusa para negar el acceso a la información es que necesitan tiempo para revisarlas, depurarlas, organizarlas y reportarlas; pero no indican cuánto tiempo necesitan para lograrlo ni cuándo estarán disponibles, al parecer el plazo de 15 días hábiles (es decir, más de tres semanas) que la ley otorga para responder las peticiones de los ciudadanos no le alcanza al Ministerio para hacer su trabajo.
Otra excusa que indican es que ahora las cifras solo se reportan anualmente. No hay ninguna jusitificación legal para imponer ese plazo anual, no hay ninguna norma jurídica que les permita no responder o hacerlo anualmente. Se trata de un capricho de la directora de Promoción y Prevención y de algunos funcionarios y contratistas subordinados a ella y con el aval del señor Ministro y su oficina jurídica.
No se trata de miles de casos que requieran enormes sistemas y equipos de trabajo para lograr los reportes sobre muerte digna en Colombia. Entre 2015 y 2022 se habían reportado 421 casos y únicamente en el año 2022 se reportaron 181 casos. Cifras completamente manejables que no desbordan el trabajo de alguien que quiera hacer el trabajo para el que le pagan y al cual está legal obligado. En las próximas semanas, el caso de las barreras de información sobre el derecho a morir dignamente llegará a la Corte Constitucional. Ojalá decida seleccionarlo.
