Héctor Riveros
Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía

La amenaza del Presidente Gustavo Petro, más que a la de un dictador, se parece a la del adolescente que en medio de una discusión con sus padres amenaza con irse de la casa y cuando lo instan a hacerlo va hasta la esquina y se devuelve pidiendo conversar porque no sabe a dónde ir.

¿Si Petro no ha conseguido las mayorías para una cosa tan obvia como devolver a los trabajadores el recargo por trabajo nocturno como con qué va a conseguir aprobar la convocatoria de una constituyente, que es el procedimiento más exigente de todos los que hay definidos en la Constitución?. La propuesta no es viable porque Petro no tiene mayorías ni en el Congreso, ni entre la ciudadanía, pero cabe la pregunta: ¿de qué lado está la mayoría? ¿Por qué alguien no la convoca?

La Constitución, que ahora Petro quiere cambiar, hizo la promesa de facilitar el tránsito de una democracia representativa a una participativa en la que el propio pueblo, por sí, o convocado por los poderes constituidos, podría tomar decisiones directamente o derogar alguna adoptada por el Congreso o el Ejecutivo.

Los mecanismos de participación se activan especialmente en los escenarios de crisis política o de bloqueo institucional, se utilizan como una especie de arbitraje en un contexto de tensión que no se logra resolver por los mecanismos de la democracia representativa o que incluso amenaza con un quiebre institucional.

Cuando la ciudadanía espera determinadas decisiones que los poderes constituidos no toman, como las del combate a la corrupción para citar un ejemplo, o cuando dos poderes se enfrentan sin que se logre encontrar puntos medios, los mecanismos de participación pueden resultar útiles para buscar salidas institucionales.

Acudir a estas amenazas se ha vuelto incluso usual. El expresidente Andrés Pastrana hizo una amenaza parecida hace unos veinticinco años, cuando, igual que Petro, él mismo explotó la coalición mayoritaria y ante la inminencia del bloqueo propuso revocar el mandato del congreso. Era un mecanismo inconstitucional para acudir a la ciudadanía para que resolviera el conflicto. Pastrana, como le ocurriría a Petro, se estrelló contra la evidencia de que no tenía como hacer viable la propuesta y de que si eventualmente consultaban a la gente probablemente quien tendría que dimitir sería él.

Uribe promovió un referendo del que salió derrotado y Juan Manuel Santos un plebiscito del que recibió su mayor golpe político.

El presidente argentino Javier Milei, igual que Petro, ante el rechazo del Congreso a sus medidas, amenaza con convocar un plebiscito. No tiene como hacerlo y el resultado eventual sería incierto.

En Chile, el Presidente Boric tuvo que ver como una convocatoria de una asamblea constituyente promovida por los sectores políticos que lo apoyaban terminó tomada por la derecha y al final logró salvar un empate de último minuto, después de preguntarle a la ciudadanía y de que en dos ocasiones ésta rechazara tanto las propuestas de la izquierda como las de la derecha.

En Irlanda, la semana pasada, el gobierno sufrió una derrota cuando intentó mediante un referéndum modificar el concepto de familia y darle rango constitucional al rol del cuidado en la sociedad.

La Asamblea constituyente, en tanto supone una doble intervención de la ciudadanía, puede considerarse un mecanismo de participación, así sea promovido por los poderes públicos, pero claro en este caso es innecesario, inoportuno y un largo etc que ya muchos expertos y políticos han destacado, pero no es antidemocrático ni dictatorial como han dicho los políticos de derecha. En este caso es sobre todo una propuesta torpe porque de avanzar casi seguramente las decisiones las terminaría tomando una mayoría contraria al actual gobierno.

Si ese sector político que se hace llamar el centro tuviese líderes, o si algún grupo de la ciudadanía se organizase aprovecharía la oportunidad para echar mano de un mecanismo de participación para promover la agenda de reformas razonable que probablemente logre tener el apoyo mayoritario de la ciudadanía.

Hay que escribir las bases de un “acuerdo nacional” que reconozca que hay que hacer una reformas profundas si queremos tener una sociedad más igualitaria, que acepte que las políticas públicas de los últimos treinta años lograron avances muy significativos, pero resultaron incapaces de resolver varios de los problemas crónicos especialmente porque estaban diseñadas sobre la base de la confianza en el mercado y allí donde éste resultaba insuficiente produjo carencias de bienes y servicios públicos que ahora hay que resolver con mayor presencia del Estado.

Hay que recogerle firmas a ese “acuerdo”. Hay que avanzar, no hacerles el coro a los extremos políticos, ni mirar perplejos como si los ciudadanos fueran simplemente espectadores de la alharaca interesada de gobernantes y políticos. Hay que trabajar, hay que moverse, hay que asumir riesgos y no solo hablar y hacer poses de indignados en las redes sociales.

Sería razonable pensar que la mayoría de la ciudadanía no está en los extremos políticos y después del largo debate que ha habido alrededor de los temas de salud, pensiones, laboral ya se debe saber de qué lado está la gente. A esa mayoría no le sirve el bloqueo y quizás pueda hacerle saber al gobierno que, dado que Petro lo ha dicho con claridad, incluso en el mismo discurso en el que propuso la Constituyente, que no está dispuesto a hacer concesiones ni a encontrar un punto intermedio, que le acepta el desafío, que no va a esperar a que él convoque a la ciudadanía porque no tiene como, pero que en cambio los ciudadanos tienen como o por lo menos esa fue la promesa del 91 y sería bueno probarla.

Héctor Riveros Serrato es un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública...