Un comentario imprudente llevó a que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidiera la renuncia a quien fue su secretario de Cultura hasta hace 15 días. “‘Fico’ me dijo: ‘Manuelito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan verraco, aunque yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales’”, fue la declaración que sacó del cargo a Manuel Córdoba y que puso a rendir cuentas a Gutiérrez en los principales noticieros del país.
En las pasadas regionales, Córdoba gerenció la campaña al Concejo de Andrés Tobón, quien fue el concejal más votado de Creemos (el partido de Gutiérrez) y de la ciudad, con 43 mil votos. Pero no solo fue su gerente, también lo financió: Córdoba le donó $15 de los $170 millones que el concejal reportó en Cuentas Claras. Luego, “sin saber de temas culturales”, como expresó en este video que se viralizó en redes, se convirtió en el secretario de Cultura de Medellín.
Pero este no es el único caso de este tipo, según @zurdosdecorazon, una cuenta de X (antes Twitter) que desde el primero de enero se volcó a compartir denuncias en contra de la administración. “¡Así le pagan con puestos a los donantes del equipo de Federico Gutiérrez! A Juan David Trujillo Vélez, financiador de Andrés Tobón, lo nombraron director técnico en la secretaría de Salud”, publicaron el 31 de enero pasado.
Para verificar la denuncia, La Silla cruzó la información de los 275 donantes (personas y empresas) de los siete concejales de Creemos y de la campaña de Gutiérrez con los contratos reportados hasta este miércoles en el Secop II. Entre los centenares de aportantes hay siete donantes de concejales del partido de Gutiérrez que ahora tienen silla en el gabinete o en otros cargos directivos de la Alcaldía de Medellín.
El tema es problemático porque hoy los concejales de Creemos “les están haciendo control político a sus amigos y a quienes los financiaron”, dice el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín. Pero de por medio no hay nada ilegal, contrapuntea Santiago Perdomo, uno de los concejales de Creemos, quien le dice a La Silla que la ley no sanciona esta práctica: “Si alguien ha financiado a un corporado no está inhabilitado para después asumir un cargo”.
Aunque no se viola la ley, estos casos empañan la promesa de “Fico” de hacer una política alejada de las viejas prácticas, especialmente las que criticó de su antecesor, Daniel Quintero. Pero también entregan pistas del dilema que enfrenta Creemos luego de apostar por un modelo de financiación privada, con reticencia a los préstamos en un sistema de financiación pública limitado.
Ahora, ya en el gobierno, el partido de “Fico” se ve en la necesidad de dividirse en dos ramas (concejales y funcionarios) que deben actuar con independencia, pero hay ataduras por estrechos lazos de dinero y amistad.
Donantes de “Fico”: una ahora es contratista y otra un peso pesado en EPM
Hasta ahora, solo dos de los 208 donantes de Gutiérrez figuran con cargos en su alcaldía.
Un caso es el de Daniela Andrea Caro, quien le donó $200 mil a la campaña del ahora alcalde. “A Daniela Caro, que le donó en especie, ‘Fico’ le devolvió el favor con tres contratos paralelos”, escribió la cuenta de X @zurdosdecorazon el 19 de febrero, incluso aludiendo a la posible existencia de contratos corbata.
Caro aparece en el registro de donaciones de Gutiérrez y ha tenido tres contratos que suman $31 millones en lo que va de esta administración. La psicóloga, a quien La Silla no logró contactar para conocer su versión previo a la publicación de esta nota, fue contratada para prestar servicios en la universidad Pascual Bravo (una de las instituciones públicas del Distrito), en la Secretaría de Desarrollo Económico y en el Instituto de Deportes de Medellín (Inder).
Estos dos últimos contratos (uno por $16 y otro por $12 millones) se ejecutan en paralelo, lo que podría darle asidero a la existencia de posibles corbatas. El contrato con Desarrollo Económico comenzó el 16 de febrero y concluye el 15 de junio. Y el vínculo con el Inder tuvo luz verde el 3 de febrero y tiene ejecución hasta el 31 de marzo. Ambos son por concepto de “acompañamiento estratégico” a los programas de cada entidad.
El otro caso es el de Josefina Agudelo Trujillo, quien le donó a Gutiérrez más de $23 millones. Esta administradora de negocios graduada de Eafit, que actualmente es la presidenta del Grupo Logístico TCC (empresa que hace envíos de encomiendas al interior y por fuera del país), fue designada por Gutiérrez como miembro independiente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Como Agudelo no es funcionaria del Distrito, la cobija el decreto 1165 de 2009, que fija los honorarios para los miembros de junta. “Fijar como honorarios para cada miembro de junta la suma de tres salarios mínimos por la asistencia a cada sesión de junta o a cada reunión de comité”, reza el decreto. Eso, a 2024, equivale a casi $4 millones en honorarios por cada reunión.
Más que un “pago de favores”, dice Marín, el concejal de oposición, el nombramiento de Agudelo inquieta por la independencia que pueda tener frente a decisiones claves de la empresa. En EPM se capotean varios pulsos jurídicos por Hidroituango (un proyecto que suma billones en sobrecostos y en el que la Contraloría le otorgó responsabilidad fiscal a John Maya, su actual gerente). “Ahora uno se pregunta con qué independencia va a actuar esta persona”, dice el concejal.
Lo cierto es que la actual administración cuestionó al exalcalde Quintero por torpedear el gobierno corporativo de la empresa e incluso lo señaló de restarle independencia a sus miembros de junta. Y aunque La Silla buscó a Agudelo, a través de la oficina de prensa de TCC, para conocer su postura sobre un posible conflicto de interés, no hubo respuesta.
Tampoco se logró confirmar que Agudelo sea accionista de El Colombiano, el diario más importante de la región, señalamiento que trascendió en los últimos días. “Eso sí sería muy preocupante, porque lo que menos necesita la ciudad es un medio que sea apéndice del gobierno”, agrega Marín.
Financiadores de tres concejales de Creemos ahora son altos funcionarios
Por el lado de los concejales de Creemos, además de Córdoba, el exsecretario de Cultura, hay otros donantes de Tobón que ahora están en la administración.
Juan David Trujillo, quien le puso $40 millones al concejal para su campaña, fue nombrado como director técnico en la Subsecretaría de Salud Pública. Un cargo de ese tipo, según la información oficial, implica una remuneración mensual de más de $13 millones.
Del nombramiento de Trujillo quedó constancia en un decreto. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud expresaron que “Juan David Trujillo no trabaja con nosotros en esta administración. Él ya no existe en la subsecretaría”. Y ante la pregunta por la fecha en la que Trujillo dejó su cargo, expresaron que “no estamos autorizados a dar información contractual de una persona que haya trabajado en la secretaría”.
Catalina Hoyos, una comunicadora social que hoy es contratista de la Secretaría de Participación Ciudadana, también le aportó $5 millones a Tobón. Para su contrato, de casi $18 millones y por tres meses, Hoyos acreditó experiencia de varios años y en esta incluyó su paso por Vahos & Orozco S.A.S, empresa de la que es cofundador Mateo Gómez Vahos.
Vahos fue contratista en la primera administración de Gutiérrez y La Silla contó en esta investigación que fue él quien coordinó una estrategia de cuentas falsas en X (antes Twitter) para promocionar la gestión del entonces alcalde. Pese a consultar al concejal Tobón y a su equipo por este tema, no se obtuvo respuesta. Tampoco se recibió respuesta de Hoyos, a quien se le escribió por redes sociales.
Pero Valeria Molina, la secretaria de las Mujeres, es la donante que actualmente ocupa el cargo más alto en el gabinete. Molina, quien tiene una remuneración de casi $18 millones, fue la gerente de campaña de la concejala María Paulina Suárez, la única mujer en la bancada de Creemos y la segunda más votada, con 16 mil votos. Además, le donó más de $33 millones.
“No es una donación ilegal, porque está reportada en Cuentas Claras”, es lo primero que le dice la concejala Suárez a La Silla. “Esa fue una de las directrices que tuvimos del partido: todos los recursos deben estar reportados. Nada por debajo de la mesa”.
Pero este caso es distinto al de Córdoba, el exsecretario de Cultura, porque Molina estuvo en la misma secretaría en la primera alcaldía de Gutiérrez y varias fuentes consultadas coinciden en que su gestión en el sector que hoy repite fue destacada.
La funcionaria, en conversación con La Silla, acude a esta idea invocando su paso por la subsecretaría de Formación Ciudadana, de Organizaciones Sociales y la Secretaría de las Mujeres (todo entre 2016-2019). “Soy una persona que tengo la experiencia y por eso Federico decidió que yo fuera su secretaria. Soy cercana a él desde chiquita; hice política con él desde que empezó”, sostiene.
Y sobre su donación a Suárez afirma que, en su rol de gerente de campaña, asumió la tarea de conseguir recursos. Una de esas formas, dice, fue a través de la venta de comida y de boletas. “De ahí salieron los $30 millones, porque yo no tenía esa plata para meterle a Paulina. En todos los comprobantes de Cuentas Claras está esa información: parte del dinero salió de un evento para recolectar recursos”, explica.
Aunque su donación no fue representativa, Laura Hernández, quien aparece en el reporte de aportes del concejal Alejandro de Bedout, ahora se desempeña como subsecretaria de Seguridad (en la primera administración de Gutiérrez ocupó varios cargos). Allí devenga $14 millones al mes.
Excepciones que se presentan como la regla en Twitter
El concejal Perdomo, de Creemos, acude a la Ley 1474 de 2011 para mostrar que no hay nada irregular en estos nombramientos. Esa norma precisa que quienes hayan donado más del 20% del tope máximo a invertir en una campaña no pueden contratar ni ejercer cargos públicos. Pero la restricción no está concebida para concejos y asambleas. La razón, dice Perdomo, está en la ordenación del gasto.
“Nosotros no somos ordenadores del gasto. Fungimos como actores políticos y entre nuestras tareas está hacer control político”, dice el concejal. Y ante la pregunta de si esto podría verse como una transacción de donaciones y burocracia, responde: “Eso es lo que nos quieren hacer creer. No es posible sustentar una afirmación de ese tipo. Es peligroso y por ahora ningún concejal se ha tenido que declarar impedido por este tema”.
El concejal toca marginalmente una de las aristas de esta serie de nombramientos, al insinuar la existencia de una narrativa en contra de la administración. La concejala Suárez incluso habla de bodegas. Y eso permite volver a @zurdosdecorazon, una cuenta de activismo que prefiere mantener anónima la identidad de quien la maneja y no acepta un encuentro presencial en Medellín, desde donde opera.
“Zurdos es un movimiento social. No es una veeduría ni requiere recursos. Solo es el conjunto del aporte de ciudadanos, veedores, periodistas y personas preocupadas por la transparencia alrededor del cuidado de los recursos públicos”, respondieron a la pregunta por su financiación.
El perfil fue creado en marzo de 2022, tiene casi 9 mil seguidores y aumentó su frecuencia de publicación a partir del primero de enero de este año.
Entre sus seguidores se cuentan congresistas del Pacto Histórico, como Alejandro Toro y Álex Flórez (ambos del primer círculo de Daniel Quintero); e incluso los pupilos del exalcalde: Juan Carlos Upegui, hoy concejal de Independientes (a punto de perder su curul por una inhabilidad), y Esteban Restrepo, excandidato a la Gobernación y quien sonó en días pasados como posible fichaje del gobierno Petro.
La cuenta, además de publicar denuncias relacionadas con Gutiérrez, ha hecho señalamientos en contra del concejal uribista de Bogotá, Daniel Briceño, y de la fiscal encargada, Marta Mancera. Incluso su tono recicla la pelea que casó Quintero contra el periódico El Colombiano. “Empezó a pagarle los favores al pasquín de Luz María Sierra (la periodista que dirige el diario). ¿Publicarán la nota mañana?”, expresaron desde la cuenta respecto al nombramiento de Agudelo en la junta de EPM.
Aunque la cuenta no es un bot, sí registra decenas de interacciones con perfiles falsos, como el de @SofiRami2000, cuenta que se embarcó en una seguidilla de publicaciones sobre la vida privada de los concejales de Creemos en días pasados. Pese a esto, el medio digital El Armadillo reveló que la cuenta le robó la identidad (incluidas sus fotografías) a una ciudadana estadounidense llamada Hannah Saffo.
“Cuando no tienen argumentos para debatir los problemas públicos entran a mirar situaciones que, para mí, no son motivo de cuestionamientos”, dice la concejala Suárez.
Los amigos (de vida y de partido) “no condicionan”
Suárez aclara que su trabajo de control político no se verá sesgado por la amistad con Molina, a quien conoce hace 25 años, ni tampoco por su millonaria donación.
“Eso no va a afectar mi juicio ni mi control a la secretaría cuando comiencen a ejecutar sus acciones. Y en el momento que haya una votación que pueda verse comprometida por esa donación, declararé mi impedimento”, afirma.
—¿Pero no es su secretaria?
—Creemos no tiene secretarios —responde—. Aquí ningún concejal incide con cuotas burocráticas.
Lo que se debería cuestionar, agrega la concejala, es quién acompaña las campañas. “¿Tus amigos o tus enemigos? ¿O transacciones con operadores extraños? A una persona como yo, que no viene de hacer negocio con la política, solo se le pueden unir los amigos para financiar una campaña. Y los amigos no te condicionan”, sostiene.
En un tono similar se mueve la secretaria Molina, quien por ahora no advierte ninguna tensión ética entre su financiación, su nombramiento como funcionaria y el control político del cual puede ser objeto en cualquier momento. “Que estuviéramos hablando de cifras exorbitantes, pero la más alta es la mía. ¿Quién le da a uno plata si no son los amigos? Son cifras bajitas. El señalamiento no tiene sustento”, dice.
Aunque los concejales de Creemos consultados por La Silla no ven algo problemático en estos nombramientos y contrataciones, la tensión que podría limitarlos en un futuro, así como a los funcionarios que ahora están en la alcaldía de Gutiérrez, encuentra eco en la naturaleza y la mecánica de financiación de su partido.
Creemos no acudió a préstamos con la banca para financiar su más reciente campaña en Medellín. En el ítem que registra este tipo de ingresos en Cuentas Claras no aparece ningún registro por parte de la candidatura de Gutiérrez. Tampoco en el caso de sus concejales (el único que prestó fue De Bedout). La financiación se dividió entre amigos, como dicen los protagonistas de esta historia, y empresarios, de quienes por ahora se desconoce una participación directa en el gobierno.
En todo caso, dice Marín, el concejal de oposición, “este tipo de prácticas ponen en juicio la moralidad pública”. Y agrega que, pese a la alta favorabilidad con la que arranca Gutiérrez, el tema podría ir incluso en detrimento de sus electores: “Esto, aunque no es ilegal, deja en entredicho el control político que los concejales de Creemos puedan hacer. Uno cómo separa al ser humano del político; qué tanto se es capaz de controlar a quien te financia”.
