Gustavo Petro puso en el centro de su campaña a los jóvenes, pero su relación con los representantes de la juventud es displicente.
“Desde la instalación de este Consejo, hemos solicitado en repetidas ocasiones la realización de una sesión conjunta con el presidente Gustavo Petro y su gabinete. Sin embargo, nos hemos encontrado con respuestas desinteresadas por parte de la institucionalidad”, dice un comunicado reciente del Consejo Nacional de Juventud, la plataforma que congrega a los consejeros de los jóvenes elegidos popularmente en diciembre de 2021.
Su frustración en este caso puntual es porque el Viceministerio de Juventud no les ha dado una respuesta clara frente a la Asamblea Nacional de Juventud que quieren convocar antes de junio. Pero la sensación general entre los consejeros es que el gobierno desprecia esta instancia de participación y representación juvenil.
Una iniciativa que no cuaja
Los Consejos de Juventud se crearon por ley en 1997, se reglamentaron en 2013 y sus primeras elecciones fueron convocadas por Iván Duque justo después del estallido social de mayo de 2021, en el que los jóvenes tuvieron un papel protagónico.
En medio de mucha confusión, la Registraduría habilitó a 12 millones de jóvenes para votar y se presentaron 41 mil candidatos. Las elecciones costaron $98 mil millones, y votaron 1,3 millones de jóvenes, alrededor del 10% del censo.
Los 11 mil candidatos que ganaron tienen entre sus funciones hacerles veeduría y control social a los planes de desarrollo y a las políticas de juventud; y ser un puente entre las administraciones municipales, departamentales y el gobierno nacional y los jóvenes, según el Estatuto de Ciudadanía que los rige.
Aunque fue un gran esfuerzo para impulsar la participación política de los jóvenes, su impacto ha sido mínimo. Por múltiples factores.
Primero, la mayoría de jóvenes no sabe que existen estos consejeros. Según la encuesta “Voces Resilientes: Juventudes, Realidades y Territorios”, de USAID, ACDI/VOCA y la Javeriana más del 80% de los encuestados no los conocen, aunque más de la mitad considera que su participación política contribuiría a la sociedad.
Segundo, hay un problema económico. Muchos de estos representantes han abandonado la dignidad porque no les pagan ni pueden contratar con el Estado ni tienen recursos para hacer su trabajo.
“Hay mucha deserción, es complicado que vayan a los eventos porque no hay pago”, dice Fernando García, consejero municipal de Soacha. Los consejos municipales deben sesionar presencialmente al menos una vez al mes, pero muchas veces sus miembros no tienen cómo moverse para asistir, menos si viven en zonas rurales.
Otra dificultad es la seguridad. En 2022, la Consejería para la Juventud le pidió a la Fiscalía investigar amenazas contra 219 consejeros de juventud.
Pero su principal problema es que la mayoría de gobiernos departamentales y locales no les paran bolas.
Un informe de la Procuraduría, de febrero de 2024, con corte a agosto de 2023, muestra que en 9 de los 32 departamentos no hubo posesión de los consejeros; en 15 no hay un espacio físico para sesionar y en 26 no hay un programa de apoyos.
Con corte a diciembre de 2023, 1.069 alcaldías tienen el Consejo de Juventud activo, pero en 434 no hay un espacio para sesionar y en 842 no existe un programa de apoyos.
En el primer semestre de 2023, solo en 326 municipios los consejeros se reunieron con el alcalde, aunque deben hacer al menos dos sesiones al año.
El gobierno Petro, que se precia de haber llegado al poder sobre los hombros de los jóvenes, también les ha mostrado su desprecio.
“La falta de garantías y de articulación con las entidades gubernamentales desmotiva a los chicos, sienten que no se está haciendo nada con respecto a lo que dice la ley”, dice Gissela Moreno, consejera nacional por Magdalena.
Sus objetivos: reformas y Asamblea Nacional
El Consejo Nacional de Juventud se ha propuesto hacer tres cosas este año: una Asamblea Nacional de Juventud, avanzar en una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil y en la de la política pública de juventud, para tener más dientes y claridad sobre sus tareas.
La reforma la quieren presentar al comienzo de la próxima legislatura con la comisión accidental de juventudes, integrada por 33 congresistas de todos los partidos. Allí están trabajando en un borrador de articulado de la ley estatutaria, que necesita ocho debates para ser reformada.
Para recoger insumos para esta reforma es clave para ellos convocar la Asamblea Nacional de Juventud, el máximo espacio de encuentro de jóvenes, donde los consejos rinden cuentas y se construyen las agendas.
Según el Estatuto de Ciudadanía, hay que hacer una asamblea nacional cada año. En 2022 se hizo el encuentro Jaime Garzón, con problemas de logística, y en 2023 no se realizó.
Por eso el Consejo Nacional le reclama ahora al Viceministerio los recursos para hacerla. “Costaría entre 1.000 y 1.500 millones”, según un consejero consultado por La Silla.
A pesar de que el gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, ofreció ser la sede del encuentro, el Viceministerio de Juventud sigue sin concretar cuándo se hará. “Hace quince días hablamos con el viceministro, se reunió con el equipo de trabajo con nosotros pero nos dijo que aún no tenían presupuesto”, dice Gissela Moreno.
Una tensa relación con el gobierno Petro
El presidente debe reunirse, por ley, dos veces al año con los consejos de juventud. En 2023 solo lo hizo una vez. En San Andrés, el 27 de mayo. Y en esa ocasión, Petro dejó claro que no valora este mecanismo: “El Consejo Nacional de Juventud fue creado por un sistema eleccionario que no vincula a la generalidad de la juventud”, fueron sus palabras.
La otra sesión estaba programada para el 15 de diciembre. Pero ese día el presidente dejó plantados a los consejeros, que viajaron a Bogotá para el encuentro. En protesta, algunos hicieron un plantón a pocas cuadras de la Casa de Nariño.
Esa reunión pendiente con el presidente aún no se ha hecho, y se acumula con los dos encuentros que debería haber este año. ”Yo siento que la juventud fue una bandera de campaña, pero en términos de juventud movilizada ha habido un abandono”, señala Claudia Córdoba, consejera nacional por el Valle del Cauca.
Claudia, que le hizo campaña a Petro en su departamento, cree que el presidente “ha hecho una mala lectura, como si todos los consejeros fuéramos de partidos tradicionales. Aquí habemos jóvenes afro, indígenas”.
Una percepción parecida tiene la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, y que integra la Comisión Accidental: “Petro tiene la idea de que los consejeros son unos burocrateros”.
En las elecciones para consejeros de juventud de 2021 los partidos políticos se llevaron el 56% de los votos, aunque los candidatos se presentaron también por movimientos ciudadanos.
La Silla revisó el twitter del presidente desde enero de 2023, y no encontró ninguna mención a los Consejos de Juventud. Las menciones de Petro sobre jóvenes o juventud en ese periodo se han concentrado en los jóvenes del estallido social y la violencia en su contra, en su intención de convertirlos en gestores de paz; y en el programa de Jóvenes en Paz, cuyo arranque anunció el 23 de diciembre de 2023, concentrado en los más pobres y expuestos a la criminalidad.
Aunque no se reunió con los consejeros el 15 de diciembre de 2023, ese mismo día subió una foto con jóvenes palestinos de “Colombia, Bolivia y Chile”. Y el 3 de febrero de este año se reunió con los que calificó de “jóvenes progresistas de América Latina”.
Las prioridades del gobierno
La política de juventud en el gobierno Petro arrancó en manos de la consejera para la Juventud, Gabriela Posso, que renunció en abril cuando se finalizó la transición al nuevo viceministerio de la Juventud, de Gareth Sella, en el Ministerio de Igualdad.
La relación entre Posso y los consejeros de juventud consultados por La Silla fue calificada por la mayoría de ellos como “difícil”. “Con Colombia joven fue difícil trabajar, ha habido avances en el gobierno respecto a educación pero como instancia de participación nos sentimos relegados” dice la consejera del Valle del Cauca, Claudia Córdoba. “Creímos que siendo consejera iba a apostarle”.
La Silla intentó comunicarse con Gabriela Posso y sus asesores para conocer su punto de vista, pero no obtuvo respuestas. En el balance que entregó en sus redes sociales cuando renunció tampoco mencionó a los Consejos de Juventud, aunque destacó “la estrategia Colombia Joven en territorio (…) logramos la participación de más de 5.000 jóvenes que aportaron más de 1.700 propuestas a la formulación de la política pública”.
Ahora la esperanza de los consejeros está puesta en el nuevo viceministro de la juventud. “Tenemos la visión de que Gareth sea un viceministro comprometido”, dice William Molina, consejero Nacional de Santander.
Gissela Moreno, de Magdalena, señala que de Gareth y su equipo “hemos recibido respuestas siempre” aunque critica que “damos vueltas en un mismo tema y no hay respuestas concretas”.
Y es que las prioridades de este gobierno para la juventud giran alrededor del programa Jóvenes en Paz, una política que no fue consultada con estos representantes juveniles.
Las políticas de Petro para los jóvenes
Jóvenes en Paz es la apuesta del gobierno para beneficiar a 100 mil jóvenes con riesgo de ser vinculados a la criminalidad, o que habiten en territorios afectados por la violencia. La idea es darles una transferencia de 1 millón de pesos al mes, por mínimo 6 meses y máximo 18, si cumplen con el trabajo comunitario o con horas de estudio.
El programa, que está en el Plan de Desarrollo, depende del Viceministerio de Juventud, y tiene una dirección propia. Es el único programa que ya tiene diseño de todos los del Ministerio, y está priorizado en Medellín, Quibdó, Buenaventura, Bogotá, Puerto Tejada y Guachené.
Según el reporte que MinIgualdad le pasó a la Comisión Séptima de Cámara, hoy hay 2.242 firmantes del acuerdo de corresponsabilidad. Aún no se ha hecho el primer giro, porque siguen buscando candidatos.
Como contamos, el programa tiene su origen en una iniciativa parecida de Petro cuando fue alcalde de Bogotá, en la que se gastaron $105 mil millones de pesos con resultados poco concluyentes, y fue construido a espaldas de los consejeros de juventud.
Esta semana un grupo de los consejeros nacionales tuvo una reunión con el equipo del Viceministerio, en el que les socializaron los avances del programa. Muchos consejeros esperan ser ellos mismos beneficiarios del programa, y recibir el pago.
“Para mí el programa es importante porque vivo en una capital donde diariamente muere un joven, es una alegría que estén del lado de la vida legal”, le dijo a La Silla Rossy Pacheco, consejera municipal de Quibdó y exconsejera Nacional.
“Gareth solo habla de jóvenes en paz. Es una excelente iniciativa, pero no debería ser la única línea de juventud” dice al respecto Claudia Córdoba, consejera del Valle. “Ha habido una lectura lejana de los procesos de juventud”.
Los consejeros esperan que les agenden la asamblea nacional antes de junio y presentar la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. También que les muestren el borrador de la política pública de juventud que Colombia Joven dice que presentó en diciembre de 2023.
“En este momento los consejos de juventudes se están quedando sin vida, el estatuto de ciudadanía juvenil no está haciéndose ni se han hecho asambleas de juventudes, que son el máximo espacio para tratar la agenda juvenil” señala Rossy Pacheco.
