A escasas horas de tomar posesión como Viceministro de Defensa , Rafael Guarín se vió involucrado en una curiosa controversia. Antes de siquiera poder hablar con la prensa, el funcionario fue acusado por Vladdo de haber plagiado una de sus caricaturas, al ponerla en su página de Facebook durante la campaña presidencial. Fuera de su distribución sin autorización, Vladdo mostró su desagrado por lo que consideró una intención maliciosa en la divulgación de la caricatura, puesto que ésta había sido modificada y “distorsionada por completo”.
El episodio sería inconsecuente si no fuera porque trae a colación un tema de mayor calado. Se trata del difícil balance entre la libertad de expresión de los ciudadanos y la discreción oficial que deben guardar los funcionarios públicos. Ello resulta especialmente importante en el caso de los funcionarios que hacen parte de la estructura de seguridad del Estado, cuya libre expresión puede reñir con el adecuado cumplimiento de sus funciones. Por un lado, se reconoce que dichas personas tienen el derecho de manifestar sus preferencias personales e incluso compartir información profesional a través de los medios que consideren idóneos. Por otro lado, tanto la información como las opiniones que circulen por estos medios pueden ser usados en su contra, pudiendo incluso afectar su imagen pública y su credibilidad profesional.
En medio de esta disyuntiva cae como un buen ejemplo el caso de recién nombrado Viceministro. Antes del incidente de Facebook, Rafael Guarín fue columnista online de Semana.com, y mantuvo por varios años un blog especializado en asuntos políticos y de seguridad. Allí, en calidad de analista, publicó extensamente sobre asuntos de coyuntura y en más de una ocasión tocó temas sensibles, despertando susceptibilidades políticas de diversa índole. En este contexto, habrá quienes opinen que el ahora funcionario debería “responder” por sus opiniones, y sin duda más de uno querrá pasarle cuenta de cobro por las criticas que realizó como columnista.
Hasta ahí el tema parece manejable. El actual funcionario no se estrenó en la vida pública con su nombramiento y es apenas normal que su condición de excolumnista lo exponga a la crítica. Pero el asunto de Facebook es un poco más complejo. A diferencia de Semana.com, que aparte de ser una de las páginas de noticias más visitadas del país es, por definición, un espacio de libre acceso e interés público, portales como Facebook y MySpace son redes sociales, concebidos primordialmente para compartir información personal con amigos y conocidos. Claro, casos como la marcha “No más FARC” diluyen un poco esta distinción, pero mi impresión es que éstos son más la excepción que la regla.
En estas circunstancias, ¿Es legitimo lanzar críticas públicas a raíz del contenido que una persona divulgue a través de medios privados?. Y más allá, ¿Se puede descalificar profesionalmente a un servidor público por cuenta de opiniones que comparta con sus amigos y conocidos por estos medios?. La verdad, es un tema que amerita mayor reflexión, y no tengo una respuesta convincente en este momento. Pero me inclino por el no. PD: Como dato interesante, hace poco más de un año el nuevo jefe del MI6 británico tuvo que sortear un escándalo por cuenta de la página de Facebook de su esposa.
