El uribismo quiere ampliar el período del actual gobierno y Petro anticipó que si gana las próximas elecciones también tratará de que su grupo se quede al menos veinte años.
Como advirtieron los fundadores del estado liberal clásico desde hace 250 años que ocurriría con los gobernantes, el uribismo quiere ampliar el período del actual gobierno y Petro anticipó que si gana las próximas elecciones también tratará de que su grupo se quede al menos veinte años porque, dijo, a Colombia no se cambia en tan solo cuatro años.
Son las dos caras de la misma moneda, la de las democracias iliberales que se fundan en mayorías reales o aparentes y que usan el poder para debilitar los controles y modificar las reglas para perpetuarse en el poder.
Ya el uribismo lo hizo en una oportunidad cuando modificó el articulito e incluso después volvió a intentarlo, pero esta vez el sistema de controles logró operar y evitarlo a través de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Ahora le están apuntando a otro articulito, el del período presidencial, para modificar transitoriamente una palabra. Donde dice cuatro -que es el período previsto- escribir seis, por una sola vez y con el aparentemente loable, pero peligroso, propósito de unificar los períodos de alcaldes y gobernadores con el del Presidente.
La propuesta no es viable ni política, ni jurídicamente, lo cual no quiere decir que sea inocua en la medida en que muestra el poco compromiso de un sector político, actualmente en el gobierno, con las reglas del juego democrático. Parecieran estar al acecho, buscando la rendija e identificando el descuido.
Por fortuna hay un sistema de controles fuerte que garantiza que en caso de conseguir mayorías en el Congreso la propuesta no pasaría la prueba en la Corte Constitucional, pero además hay un espectro pluralista en el escenario político que permite vaticinar que no habría còmo aprobar una reforma constitucional de esta naturaleza.
Ese espectro pluralista es precisamente el que Petro quiere que se acabe si consigue que el “Pacto histórico”, que anunció Margarita Rosa de Francisco, salga triunfante.
El “Pacto” tiene dos objetivos, en términos de funcionamiento de los poderes públicos: uno, que el ejecutivo cuente con una mayoría absoluta en el Congreso y que todo conduzca a que ese sector político se quede varios períodos en el gobierno, eso sí, como cuando el uribismo invocaba el estado de opinión, sustentado en unas eventuales mayorías que le darían el ropaje de democracia que es como ahora se hace para acabarla precisamente.
Si un sector político consigue ganar la presidencia y además la mayoría en el Congreso la democracia queda en inminente riesgo porque el sistema de controles se vuelve en la práctica inoperante. Eso es lo que pasará, por ejemplo, en El Salvador, donde el Presidente Bukele logró un triunfo contundente en las elecciones de Congreso, se quedó con más del 80 por ciento de los escaños, seguramente modificará la Constitución para quedarse y desde ya se vaticina una confrontación con el Tribunal Constitucional.
Álvaro Uribe tuvo que dejar la presidencia después de 8 años no solo por la decisión de la Corte Constitucional sino porque precisamente por su intento de quedarse perdió el apoyo de sectores liberales y de Cambio Radical que lo apoyaron en su llegada al gobierno e incluso en su reelección. Esos sectores consiguieron develar que el trámite legislativo que conducía a la segunda reelección era en realidad el rompimiento de todo el sistema institucional que fue lo que después la Corte declaró.
Petro dice que el próximo gobierno, que él presida, debe contar con gobernabilidad, por lo que entiende en realidad un gobierno sin controles o con controles débiles. Pensando en ese escenario ya empieza a deslegitimar a la oposición. Así como el uribismo instauró la idea de un poder judicial al servicio de la guerrilla, Petro empieza a vender la idea de que quienes se opongan a sus ideas son representantes de “las mafias” que hasta ahora han hecho las leyes.
Un Congreso con mayoría absoluta en favor del ejecutivo aseguraría que Procurador y Contralor sean de ese sector político, como ocurre ahora y tanta crítica genera entre algunos de los potenciales electores de Petro. Ese Congreso intentaría que en la conformación de la Corte Constitucional solo llegaran personas que representen su propia visión de la sociedad. Ese Congreso eventualmente convocaría, si fuere necesario, al pueblo para que, por vía de referendo, modifique la Constitución, cambie un articulito para abrir nuevamente la posibilidad de la reelección, porque como ya lo anticipó el senador, cuatro años son poco para cambiar a Colombia.
Las ciudadanía suele despreciar al sistema de controles, le suena razonable y deseable que el Presidente cuente con una mayoría absoluta en el Congreso que le permita fácilmente hacer aprobar sus iniciativas y, en cambio, encuentra que coaliciones precarias que dificultan gobernar son un obstáculo para el desarrollo, por eso la propuesta de Petro no ha merecido ningún debate, pareciera que todo el mundo la hubiese recibido como obvia y seguramente sus seguidores, incluida Margarita Rosa, que sirvió de vocera, se la celebraron como gran cosa.
Bastaría ponerse del lado contrario para advertir la inconveniencia de un escenario político como el que Petro sueña para sí. Y es raro que no resulte tan obvio cuando muchas personas que militan en este sector político llevan décadas quejándose de ser víctimas de ese escenario, el de una democracia excluyente en el que las mayorías congresionales cooptan los controles administrativos y judiciales y abusan del poder.
Bastaría con que leyeran las declaraciones que el ex magistrado auxiliar Iván Velásquez, perseguido por el uribismo, le da a la BBC sobre los peligros que tiene el escenario en que va a jugar Bukele que es con el que sueña Petro: con todos los poderes cooptados, ah eso sí, por voluntad popular según advirtió varias veces el senador en su columna.
