¿Deben gobernar los expertos del Consejo Superior en las U públicas?

En la Ley 30 de 1992 se determinaron los procedimientos para designar al rector/a de las universidades públicas. Según la fórmula establecida en el capítulo II, el Consejo Superior (CS), que es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, designa al rector/a para un período de tres años en una sesión fijada para tal efecto.

El CS está integrado por nueve miembros: el presidente de la República o su delegado, el ministro de Educación o su delegado, el Gobernador o su delegado, un ex rector, un representante de las directivas académicas, uno del sector privado, uno de los profesores, uno de los estudiantes y uno de los egresados. En la Universidad de Antioquia (UdeA) los estudiantes no tienen representante.

Desde hace muchos años, los profesores, estudiantes y egresados tenemos la percepción de que nuestra participación en este proceso, crucial para el futuro de la universidad, no es importante en un sentido político. La consulta previa, que es el dispositivo participativo para los mencionados, no es un mecanismo democrático adecuado porque sus resultados no son vinculantes y son asumidos simplemente como una consulta de opinión de la comunidad universitaria para que el CS tome la decisión final. 

Probablemente en la Universidad Nacional de Colombia la consulta alcance un mayor nivel democrático al haberse establecido un Índice Ponderado de Opinión, en el que los profesores tienen el 60 % del peso, seguidos de los estudiantes con el 30 % y los egresados con el 10 %. De esta manera son definidos los cinco candidatos finalistas y a partir de esto el CS decidirá, en un proceso que tampoco se libra de las intervenciones de los actores del mundo político.

En las demás universidades públicas no hay un índice similar, por lo que los resultados de la consulta, al no ser vinculantes, pueden terminar siendo fácilmente desconocidos por los integrantes del CS, en la medida en que la participación de la mayoría de ellos es hoy más política que académica. Esto ha generado apatía y un fuerte desinterés de la comunidad universitaria por estos procesos de representación democrática.

En el artículo 63 de la Ley 30 se estableció que las universidades estatales se organizarán de tal forma que en sus órganos de dirección estén representados el Estado y la comunidad académica de la universidad. La participación del Estado es razonable y está justificada en la medida en que es el principal financiador de las universidades y, por tanto, tiene un interés fundamental en que las directivas universitarias promuevan los fines más altos de la educación. 

Desde una perspectiva democrática, esta relación entre Estado y comunidad académica se ha convertido en un problema, debido a que el equilibro entre los primeros y los segundos se ha alterado en virtud del mayor peso que tienen hoy en los consejos superiores de las universidades públicas los intereses políticos sobre los académicos. La fuerte influencia que el Estado le dio al gobierno —por medio de la Ley 30— en la conformación de los consejos superiores, ha generado un menoscabo de la autonomía universitaria. De este modo, los consejos superiores de la mayoría de las universidades públicas han perdido su carácter académico, originario y fundamental, convirtiéndose en organismos burocratizados, sometidos a una “racionalidad” de política instrumental, que podemos llamar “politiquería”.

Esto sucedió recientemente en la Universidad del Valle donde se impusieron las fuerzas políticas cercanas a Roy Barreras, la gobernadora Dilian Francisca Toro y al patriarcado agroindustrial valluno, que designaron rector a Guillermo Murillo Vargas, y donde fue derrotado el candidato respaldado por el presidente Gustavo Petro. Y sucedió también en la UdeA, cuando el gobernador y miembro del CS, Andrés Julián Rendón, estigmatizó al rector actual y a las directivas de la universidad con unas cifras “estratégicamente montadas” sobre estudiantes que llevan más de 14 semestres matriculados. 

En el mundo de la “politiquería” esta acción tiene un significado político. Este consiste en que el gobernador va a intentar hacer valer en el CS de la UdeA —con independencia de las consultas previas— el triunfo contundente del uribismo y del Centro Democrático en las últimas elecciones y va a buscar definir quién será el próximo rector. Y de nuevo la “lucha de clases” será contra Petro y su posible candidato o candidata. Es especulación, puede que no les resulte, pero habla muy mal de este proceso que uribistas de vieja estirpe como José Obdulio Gaviria estén tras bambalinas tratando de definir el destino de la alma mater. 

Con estos ejemplos se puede mostrar con claridad cómo en las universidades públicas y en sus consejos superiores se impone hoy un tipo de política, propia de las prácticas clientelistas, vinculada al control partidista de los recursos y la corrupción, sobre el sentido académico, originario y fundamental de lo que debe ser la universidad. El equilibrio entre Estado y comunidad académica, planteado en el artículo 63 de la Ley 30, no existe más.

Es desafortunada la forma de presentación de los programas y las ideas de los candidatos y candidatas. Ha habido una amplia variedad de foros, conversaciones e intervenciones en las redes sociales en los que han podido presentar sus propuestas e ideas sobre los temas centrales y coyunturales de la universidad. Pero en los dos foros organizados por el CS se reflejó una visión muy limitada de lo que debe ser argumentar en una universidad. 

No se puede confundir a la UdeA con Caracol, RCN o Semana entrevistando candidatos a la presidencia o a las alcaldías. El tipo de preguntas, con uno o dos minutos para responder, es inviable para que una candidata/o pueda presentar una argumentación basada en razones. Para mejorar los procesos de formación de la opinión y la voluntad políticas en los que participan los universitarios no es viable tomar el atajo de la disminución del tiempo a las intervenciones. Se debe reconocer que el único camino para obtener mejores resultados es el de la participación. La justificación mutua de las decisiones políticas a través de la deliberación pública toma más tiempo, pero la democracia exige no tomar ese tipo de reducciones.  

De la afirmación hecha sobre que algunos de los miembros de la mayoría de los consejos superiores de las universidades públicas actúan más con un sentido político, cabe preguntarse sobre la legitimidad de esta élite que actúa en una institución como el consejo superior de una universidad pública, en función de la lucha por el poder y la politiquería. Así, se puede afirmar que, en la UdeA en este crucial momento, la designación de un nuevo rector/a, podrá ser legal según la Ley 30 de 1992, pero este proceso ya no puede considerarse legítimo. Tampoco en la Universidad del Valle. La organización de la representación en las universidades públicas debe ser cambiada por un nuevo sistema de gobierno universitario, centrado en los valores propios de la educación, la investigación libre, la inclusión y en una política deliberativa.