Violencia en Norte de Santander. ¿Quién quería matar a Jaime Vásquez?

No muchos querían a Jaime Vázquez, pero la mayoría lo respetaba. En los últimos años, el reconocido veedor ciudadano se había convertido en una voz incómoda para la clase política de Norte de Santander y eso le costó la vida. ¿Quién podría querer matar a Jaime?

El crimen es de manual. Los únicos beneficiados con la muerte de Vásquez son los caciques de la clase política regional, particularmente el actual gobernador William Villamizar, contra quien Vásquez había recopilado sendas denuncias en los últimos dos años. Sin embargo, haciendo gala del peor de los cinismos, el actual gobernador de Norte de Santander no tardó en rechazar el hecho y ofrecer una recompensa por información que permita esclarecer un crimen que a él no le conviene que se esclarezca. 

El homicidio de Vásquez causa un temor particular no solo por ser un reconocido veedor social, sino por lo que su asesinato dice sobre el matrimonio entre crimen y política. Asociarse con la ilegalidad es una forma de construir poder político y económico en Cúcuta y Norte de Santander. Además, revive los tiempos en los que el paramilitarismo, de la mano del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, se paseaba por los barrios y municipios de la región en camionetas blindadas. Suárez Corzo fue condenado a 27 años de cárcel por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, y aunque su carrera política propia se acabó, sigue controlando una parte de la política de la ciudad.

El mensaje es claro. Quien se atreva a develar los nexos entre crimen y política en Cúcuta y Norte de Santander tiene los días contados. Líderes sociales, veedores ciudadanos, periodistas, en Cúcuta está en marcha la imposición de una ley del silencio. 

Pero el homicidio de Vásquez no es un hecho aislado. Por el contrario, demuestra lo poco que ha logrado el también cuestionado alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Mientras en sus redes sociales se muestra recio contra el crimen, en las calles de la ciudad que gobierna matan a diestra y siniestra. El asesinato de Vásquez, el domingo, se suma al derramamiento de sangre del fin de semana en la ciudad fronteriza. Nueve homicidios, incluida una masacre, demuestran el nivel de degradación al que ha llegado la inseguridad en la región. La gente está atemorizada y se siente impotente. 

Y el gobierno nacional ayuda poco. Su presencia más reciente en la frontera fue para lavarle la cara al régimen venezolano, al anunciar que respaldaría las elecciones ilegítimas en el vecino país. Mientras el Ministerio de Defensa está ocupado con el fortalecimiento de los grupos armados y las múltiples crisis de la paz total, que no son poco, en Norte de Santander se mata sin consecuencias. 

Si el gobierno nacional quiere encarnar “el cambio” en Norte de Santander debe marcar una diferencia con el gobierno anterior, pedir investigaciones de la Fiscalía no es suficiente:

Ha sido asesinado el periodista Jaime Vásquez en Norte de Santander, su oficio era denunciar la corrupción. Espero de @FiscaliaCol la más profunda investigación que debería incluir el examen forense de las información de su celular que al parecer fue manipulado por funcionarios… https://t.co/GKsYXk3sVX

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2024

En los cuatro años del gobierno Duque, quedó claro en Cúcuta y Norte de Santander que los anuncios de cámaras, más pie de fuerza y recompensas son poco efectivos cuando el crimen es quien gobierna. Por el bien de los cucuteños, el presidente debe tomar cartas en el asunto.

A pesar de la reapertura de la frontera, la vida de los cucuteños y de los nortesantandereanos ha cambiado poco. La informalidad y el crimen siguen imperando en una región de gente buena y trabajadora. Lastimosamente, el crimen organizado y las economías ilícitas se convirtieron en un estilo de vida y una empresa que gana elecciones, pone alcaldes, concejales, y diputados. 

A pesar de lo controversial que era Jaime Vásquez, su muerte debería unir a los nortesantandereanos. Hay que movilizarse masivamente contra la violencia, y hacer un llamado contundente a los gobiernos locales y al gobierno nacional. No es éticamente aceptable tal estado de indefensión.