En 2018, como consejero para las Víctimas, Paz y Reconciliación de la alcaldía de Enrique Peñalosa, Gustavo Quintero se montó en el bus que cubría la ruta entre Bogotá y el resguardo Alto Andágueda, en el municipio de Bagadó. Al llegar al Chocó, el funcionario de la Alcaldía ayudó a descargar el equipaje de los buses, a montar los corotos en mulas y carritos para llevarlos a las casas de quienes regresaron a su resguardo.
El equipaje incluía una dotación de kits comunitarios, entre los que incluyeron cocinas industriales para instalar en las escuelas. Tras conversar con las autoridades embera del territorio, el funcionario regresó a la capital.
Ahora, como secretario de Gobierno de Carlos Fernando Galán, Quintero vuelve a enfrentarse al tema que la anterior administración en la que trabajó no logró resolver con los más de 1.300 indígenas que retornaron en los viajes con el entonces consejero.
“Parece que estoy atado a los embera”, comenta el hoy secretario de Gobierno. “Quizá de vidas pasadas”, agrega entre risas. Pero su tono se vuelve serio cuando comienza a hablar sobre la estrategia del Distrito para la atención de los indígenas que, nuevamente, están asentados en Bogotá.
De su experiencia en la anterior administración, Quintero dice que tiene un vínculo con las autoridades indígenas, con quienes se sentó a negociar en el 2018. “Por eso tenemos la posibilidad de ir a hablar directamente con ellos de gobierno a gobierno. El reconocer su autoridad le da más fuerza y legitimidad al proceso”, explica el secretario.
Aunque el funcionario lo ve como una fortaleza, la ciclicidad de los asentamientos indígenas en la capital también genera desgaste en las autoridades que deben enfrentar al tema. La administración de Peñalosa organizó el retorno de 1.300 personas. La de Claudia López hizo 14 recorridos, para llevar a más de 150 familias de vuelta al Chocó. Pese a esos esfuerzos, los indígenas regresan al Parque Nacional.
Quintero no es el único funcionario con experiencia y vínculos con los embera. En la Unidad de Víctimas, la entidad del gobierno nacional, está desde hace año y medio a la cabeza Patricia Tobón Yagarí. Tobón es una abogada embera katío, una etnia emparentada con los indígenas chocoanos que están en Bogotá y en otras ciudades del país.
Según Tobón, quien dio declaraciones al lado de otros funcionarios del gobierno y el Distrito tras una de las negociaciones con los emberas la semana pasada, “en los territorios donde hay 45 mil emberas, y si no se hace una intervención integral entre las autoridades locales, Gobernación, y Nación sostenida, esto se va a seguir repitiendo”. Por eso, la funcionaria anunció la creación de una mesa de coordinación permanente de varias entidades, que, tras tantos ires y venires de los indígenas está aún “en la fase de poder alinearnos en una gran apuesta”, de mediano, corto y largo plazo.
Su reto va más allá de atacar un fenómeno de violencia en el Chocó. En el territorio, algunos líderes resaltan que la salida a las ciudades tiene otras causas. “Puede que haya presencia de los actores armados que les generan zozobra, pero lo que le preocupa a uno es que en los comités que hacemos ellos manifiestan unas cosas diferentes a lo que uno conoce del sector”, le dijo a La Silla un líder social radicado en Chocó, que pide mantenerse en el anonimato para no generar tensiones con las comunidades embera.
Según cuenta, si bien la zona en donde están ubicados los resguardos está bajo el control del ELN, no hay evidencia de los enfrentamientos, secuestros o asesinatos de los que hablan los indígenas que llegan a las ciudades. “El regreso puede deberse también a un tema de aculturación en las ciudades, en las que tienen más acceso a bienes y servicios que en los territorios”, agrega el líder.
A pesar de esa percepción desde el Chocó, las familias del Parque Nacional insisten en que hay un deseo de regresar a sus resguardos. “Nosotros queremos regresar al territorio. Yo aquí no tengo al jaibaná (el chamán), ni yerbateros, para curar. El hombre aquí tampoco puede trabajar porque no tengo las herramientas ni los espacios, por eso le toca a la mujer salir a la calle”, dice Arnoldo, uno de los líderes del Parque.
Cuenta que lleva ocho meses radicado con su esposa y sus dos hijos —de tres años y cuatro meses— en Bogotá. Explica que no puede salir, por lo que su esposa tiene que llevarse a los dos niños para vender artesanías que hacen con chaquiras en las calles. “Ella por lo menos puede hacer eso y salir a buscar gente de buen corazón, pero yo no tengo tierra, ni herramientas para trabajar”, dice.
El Parque Nacional hace visible un problema más grande
Desde las 6 de la mañana, la carrera Séptima se llena de humo. El olor a madera llega a las cuadras que rodean el Parque Nacional, en donde están asentados cerca de 560 indígenas embera en un campamento improvisado con plásticos negros, polisombra, lonas y estacas.
En la madrugada salen niños pequeños del asentamiento para buscar leña. Aunque no tienen más de 10 años, cargan pesados troncos desde la parte alta del Parque, que colinda con los cerros orientales.
Con la leña prenden fogatas cuadradas que usan para cocinar en ollas ennegrecidas por el humo del fuego. Una mujer tose, pone más agua en la olla y le dice una corta frase en embera a su hijo. El pequeño se devuelve por donde llegó. Aún falta más leña para cocinar.
“Somos víctimas de desplazamiento de grupos armados. Y hace dos meses no tenemos comida”, le dijo a La Silla una de las mujeres que ahora habita el parque, mientras revuelve el líquido amarillento que forma la bienestarina dentro de la olla. El Icbf les ha estado haciendo despachos mensuales de bolsas plásticas de un kilo de la harina nutricional para que tengan qué comer. La Unidad de Víctimas también ha hecho entregas.
El asentamiento en el parque se ha convertido en el más visible, pero hay muchos más indígenas que viven en Bogotá.
La Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja es un establecimiento que tiene el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud debajo del parque Tercer Milenio. Desde el año 2022, el Distrito dispuso de las instalaciones de la UPI para que la población embera en la ciudad pudiera refugiarse bajo un techo de concreto. En marzo del año pasado, la Unidad de Víctimas acompañó el retorno voluntario de 500 personas de regreso al resguardo en el Alto Andágueda, en el municipio de Bagadó, Chocó.
Sin embargo, la UPI hoy sigue siendo el asentamiento embera más grande de la ciudad. Según cifras del Ministerio del Interior, en La Rioja viven por lo menos 1.100 personas. Sus condiciones no son mucho mejores que las del Parque Nacional. Los indígenas viven hacinados y en malas condiciones de salubridad.
El segundo asentamiento más grande de la ciudad es el de la UPI en La Florida, ubicado en el occidente de Bogotá, en donde ahora viven más de 850 indígenas. Ellos llegaron a La Florida en mayo del 2022, después de vivir durante ocho meses en el Parque Nacional.
Los tres lugares, y las 124 personas que viven en el hogar de paso Buen Samaritano, suman un total de más de 2.600 indígenas embera que viven en malas condiciones, hacinados y que todos los días salen a pedir plata o vender artesanías en las calles de la capital.
“Lo que fueron soluciones temporales, como la atención en La Florida, en La Rioja o el mismo Parque Nacional se terminaron volviendo permanentes y necesitamos que vuelvan a ser temporales”, dice Quintero, el secretario de Gobierno.
Dentro de los líos en la mira del Distrito está la atención a los niños indígenas asentados en el Parque. Según el Icbf, el 80 por ciento de la población que vive en ese campamento es menor de edad. “Por eso tenemos que intervenir, siempre dialogando con la comunidad, pero los niños que están en el Parque están prestos a enfermedades y a violencias muy complejas”, explica el secretario Quintero.
Cuenta que la apuesta del Distrito es desalojar el Parque Nacional, “de manera dialogada, concertada y con el apoyo de la Nación”, este primer semestre del 2024.
Además de las malas condiciones de vida dentro del Parque, el asentamiento ha generado enfrentamientos con quienes viven en los alrededores. En los grupos de WhatsApp de los estudiantes universitarios y los dueños de las grandes casonas del exclusivo barrio La Merced se empiezan a comentar los nuevos miembros del vecindario.
Entre los mensajes, surgen algunos que responsabilizan a la comunidad indígena del alza en la inseguridad en el sector, pese a que este es un fenómeno esparcido en toda la capital.
Los vecinos, estudiantes y otros peatones atraviesan la carrera Séptima para pasar por el costado contrario y no al frente del asentamiento embera. Algunos se tapan la nariz o estornudan. “Sí huele maluco ese humo”, comenta un estudiante al pasar.
Tras cada acuerdo surge un nuevo desacuerdo
Tan solo cuatro días antes del plantón el miércoles pasado en la Secretaría de Educación, funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, del viceministerio del Interior y representantes de la comunidad indígena asentada en la capital se sentaron a negociar para acabar con otro plantón que había hecho la comunidad al frente del Ministerio de Vivienda el jueves 14 de marzo.
“Hemos llegado a una ruta que nos permitirá una respuesta estructural a las situaciones como las que tenemos hoy en el Ministerio de Vivienda”, dijo la viceministra Lilia Solano tras la reunión. “Estamos buscando un retorno que se dará en dos meses; el Distrito encontró un camino para que en este periodo las comunidades puedan permanecer en donde están alojados, pero avanzar en una respuesta estructural”, agregó Solano sobre lo pactado.
“Esos acuerdos se hicieron con los líderes de 129 familias, no con todas las familias que están asentadas en el Parque Nacional”, explica el secretario Quintero.
El acuerdo tenía dos puntos, acabar con el plantón del MinVivienda, y organizar el retorno de estas familias a sus resguardos de aquí a dos meses. “En ese periodo se tienen que instalar unas mesas de diálogo para ver sus expectativas al regresar al territorio y que sea un retorno permanente”, le dijo el funcionario a La Silla.
Sin embargo, para los indígenas que caminaron el miércoles hasta la Secretaría de Educación, los acuerdos alcanzados con los gobiernos nacional y distrital se han incumplido. “Los acuerdos alcanzados con el DPS, solo han sido palabras, al fin ¿se va a garantizar la renta ciudadana o no?”, dice el mayor Miguel Ángel Sintú, uno de los líderes embera que está asentado en el Parque Nacional. Frente a la Secretaría, Sintú habla a través de un micrófono, conectado a un parlante que se ilumina con luces de colores cada vez que alza la voz.
Los indígenas fueron a la Secretaría a protestar porque los 600 niños embera que están en Bogotá, según sus propias cifras, no han podido acceder a una educación con enfoque diferencial desde que llegaron a la capital. Cerca de 50 personas, de las cuales la gran mayoría son mujeres jóvenes rodeadas de niños pequeños, se organizaron en las escaleras del edificio distrital, huyendo del sol de la mañana bogotana.
“Vamos, vamos, resistencia, queremos amanecer acá si no hay diálogos. Nosotros vinimos a reclamar nuestros derechos, los de nuestros niños, están perdidos por tres meses sin aprendizaje”, dice una de las lideresas embera que llegó, acompañada de sus siete hijos al edificio del Distrito.
Al plantón llegaron seis motos de Policía y una decena de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, vestidos con sus características chaquetas blancas. La guardia indígena del Parque Nacional se reúne con el llamado del mayor Sintú, intercambian un par de palabras en embera y se organizan por grupos en las esquinas que rodean el edificio distrital. Mientras tanto, los gestores de diálogo anotan en cuadernos las quejas indígenas. Algunos, incluso, saludan a los líderes de la comunidad como viejos conocidos.
“La Secretaría de Educación de Bogotá está manipulando el derecho de los colombianos como pueblos indígenas, como víctimas del conflicto armado, hoy estamos aquí por esos incumplimientos. Si hoy no hay propuestas claras, estaremos hasta cuatro días aquí”, advierte el mayor Sintú.
La comunidad busca que los gobiernos nacional y distrital se sienten con ellos para asegurarles lo que llaman “un retorno con garantías” a su territorio, ubicado entre los departamentos de Chocó y Risaralda. Entre esas condiciones hablan, sobre todo, de la seguridad en sus resguardos, ubicados en el municipio de Bagadó, Chocó.
Mientras se organiza ese retorno, tienen una larga lista de necesidades que incluye educación diferencial, una afiliación a las EPS para recibir servicios de salud y apoyo de las autoridades para una “vida digna”, que va más allá de los plásticos y las lonas en donde están asentados en Bogotá.
En el plantón de la semana pasada, siguieron las intervenciones de indígenas en la tarima improvisada con micrófono y parlante que montaron frente al edificio distrital. Los voceros se organizan alrededor del parlante, esperando su turno para hablar. Es el turno de una lideresa joven, que empieza a hablar en embera, pero interrumpe su intervención en la mitad de una frase. Las luces de colores del parlante se apagan. El mayor Sintú se da la vuelta para encarar a la Secretaría.
“Doctora Liliana, necesitamos conexión, la comunidad indígena se ha quedado sin batería”, grita el líder, llamando a la directora de Educación Preescolar y Básica, Liliana Álvarez, quien permanece dentro del edificio.
