Luego de la tormenta de las intervenciones de las EPS, Petro ofreció la calma de un posible acuerdo. El presidente anunció una “sesión permanente de trabajo de 100 horas” para una salida a la “crisis” del sistema de salud. La mesa no ha empezado ni tiene una agenda temática acordada, aunque Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, anunció que iba a sumarse. Nada de eso ha impedido que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, implemente sus políticas para cambiar el sistema.
Jaramillo impulsa su propia agenda reformista en tres direcciones en las que tiene un margen de maniobra mayor. La primera, discutiendo al interior del MinSalud una reforma nueva que no tenga el sello de las ideas de la exministra Carolina Corcho; la segunda, sumando puntos al interior del gobierno con los equipos territoriales de salud ; y la tercera, explotando la división de las EPS, que se debaten entre oponerse a la reforma o acomodarse para salvaguardar sus negocios.
MinSalud da la apelación por perdida y piensa en una nueva reforma
En el Senado está por resolverse la apelación que congresistas del Pacto Histórico presentaron luego de que la reforma se hundiera en la Comisión Séptima.
Pero tanto en el Ministerio, como en la bancada del Pacto, la dan por perdida porque, por un lado, la comisión que creó el presidente del Senado, Iván Name, para tramitar la apelación pinta desfavorable para el gobierno y, por otra parte, no quieren sentar el precedente de que cada proyecto de ley hundido pueda revivir de esta forma.
“Mi percepción, y la de colegas en diferentes partidos, es que les preocupa dejar un precedente de que cualquier negativa de una comisión tiene que dar la vuelta por plenaria e ir a otra comisión. Eso entorpecería el trabajo en el Congreso”, dice la senadora Clara López, del Pacto.
En el MinSalud ven el mismo panorama legislativo, pero lo asumen como una oportunidad para armar una ponencia sin la sombra de las ideas de Corcho. “Si la reforma que se cayó fue la versión corcho-petrista, la que va llegar la próxima legislatura es la versión jaramillo-petrista”, le dijo a La Silla un alto funcionario del Ministerio, involucrado en el tema, quien pidió la reserva de su nombre por no ser su vocero.
La versión “jaramillo-petrista”, dice la fuente, es una reforma “más acotada” que, a diferencia de la de Corcho, no cubra tantos frentes en el sistema, y se concentre en hacer viable el principal objetivo del presidente: quitarles a las EPS su capacidad para girarles plata a las clínicas y hospitales de sus redes de servicios, así como sus funciones de vigilar y administrar el riesgo financiero para volver eficiente el gasto y generar utilidades.
“Jaramillo es un político más pragmático que Corcho y el presidente, pero sabe que debe jugar dentro de las líneas rojas del gobierno. La principal, en salud, es la administración de los recursos públicos por parte de las EPS”, dice el alto funcionario del Ministerio.
Mientras esa ponencia aterriza, Jaramillo viene acelerando sus planes en el sistema de salud con los amplios poderes ejecutivos del gobierno.
Los tres frentes de Jaramillo para adelantar la reforma
Son tres los frentes en los que, al interior del MinSalud, consideran que se está implementando la reforma de Jaramillo.
El primero, es la ampliación del giro directo para los pagos a las clínicas y hospitales que prestan servicios bajo el régimen contributivo.
El Ministerio lo hizo con la expedición del decreto 0489 del 16 de abril. La norma amplió la medida del giro directo para aquellas EPS que no cumplan con el requisito de patrimonio adecuado. También les permite acogerse de manera voluntaria a la herramienta financiera e incluye a las EPS que se encuentren en medida de vigilancia especial, intervención o liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, algo que está estipulado desde el 2011 para el régimen subsidiado y luego fue ampliado para el contributivo.
Recientemente, el presidente Petro resaltó en su cuenta de Twitter (X) que, con la intervención a Sanitas y la Nueva EPS, se ordenó pagos por giro directo a 1.900 clínicas y hospitales a las que las EPS les debían plata. Según César Jiménez, el director de liquidaciones de la Adres, a quien Petro citó, los giros alcanzaron el monto de 1.3 billones de pesos.
El segundo frente es el funcionamiento en pleno de los equipos territoriales de salud.
Para hacerlo, Jaramillo nombró recientemente a Marco Emilio Hincapié como coordinador nacional de los equipos territoriales. Hincapié es un viejo aliado político de Jaramillo en el Tolima. Fue diputado y concejal en ese departamento, y en 2023 compitió por el Pacto Histórico para la Alcaldía de Ibagué, donde se quemó ocupando el tercer lugar en las votaciones.
El modelo de los equipos territoriales fue diseñado, en buena medida, por la exministra Corcho. Es una de las piezas claves del sistema “preventivo y predictivo” en salud que busca implementar el gobierno, y van a ser financiados con un porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación, la famosa UPC, la plata que le transfiere al gobierno a las EPS por cada uno de los afiliados.
“Nos van a permitir identificar las barreras de acceso que tienen los pacientes. La idea es que alimenten un sistema de monitoreo, unificado para todo el país, que nos permitan prevenir y predecir problemas de salud en los territorios”, le dijo a La Silla la exministra Corcho sobre los equipos, que van contar con médicos, enfermeros y trabajadores sociales para atender a un grupo de familias en un territorio asignado.
El tercer frente de Jaramillo es mejorar las infraestructuras físicas de las IPS públicas en el país. “El ministro les está pidiendo, sobre todo a los hospitales públicos, que aprovechen los giros directos para pagarles a los trabajadores y para diseñar planes de mejoramiento de sus plantas físicas”, dice el alto funcionario de MinSalud.
Jaramillo ha sido hábil para anotar puntos con estas políticas frente al presidente. Desde el Pacífico y el Caribe, durante las jornadas del “gobierno con el pueblo”, ha alentado a las bases petristas con anuncios de inversiones en equipos y personal médico, argumentando que el gobierno, más allá de la aprobación de la reforma, va a ejecutar de facto la reforma.
Unas EPS divididas allanan el modelo jaramillo-petrista
Sin el legado de Corcho en una eventual nueva reforma y con las políticas por decreto, Jaramillo tiene un tercer factor que le da aire: la división entre las EPS. “El ministro está negociando directamente con las EPS, por encima de los gremios”, dice el alto funcionario de MinSalud.
El ejemplo más reciente de esa estrategia de negociación fue el desayuno que Jaramillo, junto al viceministro Jaime Urrego, de Salud Pública, sostuvieron el 10 de abril con seis EPS, en Cartagena. El gobierno aprovechó este encuentro para argumentar que poco a poco está logrando un consenso al interior de esas entidades para que se suban a una reforma estructural al sistema.
El garrote de las intervenciones de la SuperSalud también ha menguado la oposición de las EPS. “Uno se sorprende. Las intervenciones eran contra EPS más pequeñas. Yo no esperaba que fuera a suceder. La EPS que represento cumple con todos los indicadores financieros, pero eso no quiere decir que el tema se pueda deteriorar”, le dijo a La Silla el presidente de una de las EPS más importantes del país, quien pidió la reserva de su nombre para no dañar su posición negociadora frente al gobierno.
La fuente del MinSalud pone como ejemplo el contraste de la relación del gobierno con Sura y Sanitas, intervenida por la Super.
Con Sura, Jaramillo logró establecer un canal de comunicación directo e incluso la EPS insignia de los antioqueños manifestó públicamente su intención de convertirse en una gestora, la figura con la que el gobierno quiere modificar las funciones de las EPS, luego de invitar al ministro a Medellín a recorrer una de sus IPS.
“Ellos entendieron que con el gobierno se puede concertar. Hubo un acercamiento respetuoso. En esa visita se habló de acordar reuniones posteriores para aterrizar los temas”, dice el representante por el Pacto, Alejandro Toro, quien acompañó a Jaramillo en ese recorrido.
Por el contrario, dice la fuente de MinSalud, la empresa Keralty, dueña de la EPS Sanitas, desde el principio se opuso abiertamente al gobierno y eso, además de los problemas financieros de la EPS, sumó elementos para que la SuperSalud se decidiera por la intervención justo en el momento en que se programó la votación para hundir la reforma a la salud. “La beligerancia tiene un costo”, agrega.
Por eso, ante esa división de las EPS, el modelo de gestoras que finalmente acuerden será clave. Para algunas EPS, quitarse de encima los pagos a clínicas y hospitales, y la gestión del riesgo financiero, es bueno en la medida en que el monto de la UPC está debilitando sus finanzas, pero quieren seguir involucrados en la contratación de la red de prestadores y en la supervisión de los costos de los servicios de salud.
“No tenemos ningún problema en renunciar al manejo del dinero. Si nos pagan lo que nos gastamos en funcionamiento, y podemos seguir encargados de la contratación y la construcción de la red de servicios, podemos llegar a un acuerdo”, dice el presidente de la EPS. Para la exministra Corcho, un acuerdo con esas condiciones es impensable. “Uno no puede organizar la red, estar en integración vertical y seguir influyendo en el manejo de la plata, pero deshacerse del riesgo financiero. Eso es decirle no a la reforma”, dice.
“Es probable que la reforma de Jaramillo sea criticada por Carolina Corcho”, dice la fuente de MinSalud, quien asegura que los detalles sobre las gestoras no están listos, pero que sin duda serán la piedra angular para sumar EPS con las que están conversando, y cuyo objetivo principal es salvaguardar su modelo de negocios.
Hay un último factor que le da un mejor viento de cola a Jaramillo: la inminente aprobación de la reforma pensional, que está a punto de aprobarse en segundo debate en el Senado. Si pasa, le faltarían dos debates para convertirse en ley. “Creemos que nos puede dar un mejor ambiente en el Congreso”, dice el funcionario de MinSalud.
