¿Qué revela el nuevo video? ¿Se puede usar cómo prueba? ¿Quién estudia la apelación, y cuándo?
La decisión de la Sección de Revisión de la JEP de no avalar la extradición de ‘Jesús Santrich’, que acaparó la agenda mediática de esta semana especialmente porque llevó a la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y los hechos posteriores sobre el caso Santrich, dejaron abiertas varias preguntas.
Éstas son las más importantes, junto con lo que se puede aclarar sobre ellas.
¿Qué revela el video nuevo que se filtró justo la noche de la decisión y la renuncia?
El video de 7 minutos 11 segundos que, según Martínez él no filtró a los medios ayer (aunque fue muy funcional al momento de su renuncia y La Silla supo de dos medios que les llegó de la oficina de prensa de la Fiscalía), muestra la imagen y el audio de una reunión entre Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y hoy preso en Estados Unidos dentro de este caso; Santrich; y dos personajes más sin identificar, uno de ellos de acento mexicano; supuestamente para negociar un cargamento de droga.
Del encuentro ya se conocían imágenes desde abril de 2018, cuando fue capturado Santrich, pero hasta ahora no había sido publicado completo el audio.
Una cosa que parece quedar clara es que, independientemente de la justicia determina si ahí se cometió o no un delito, la reunión sí fue después de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el Acuerdo de Paz.
Esa fecha es clave porque, si se confirma que Santrich delinquió, mostraría la reincidencia.
La evidencia de la fecha la da que en el minuto 5:25 del audio el interlocutor de acento mexicano le ofrece apoyo a Santrich con recursos para campaña “aparte del negocio que vamos a hacer”.
“Yo sé que usted está ocupado, una cosa es el negocio que estamos haciendo, pero mi familia está interesada en si podemos apoyarlos en alguna cuestión de la campaña o algo con recursos”.
A lo que Santrich responde: “Sí, pues…” e inmediatamente es interrumpido por el otro interlocutor sin identificar, quien afirma: “Pero eso ya sería con cuentas y ya sería la empresa empresa porque eso no se puede en efectivo por seguridad”.
Al final, uno de los NN se despide: “Nos vamos antes que nos cojan las elecciones”.
Dado que la única campaña política en la que ha estado Santrich es la que hizo a la Cámara por el Atlántico el año pasado, se puede inferir que el encuentro ocurrió en algún momento cercano y anterior a las legislativas y puntualmente a abril de 2018, que es cuando la Fiscalía captura a Santrich y da a conocer el video.
En el audio nunca mencionan las palabras narcotráfico, cocaína, droga o cargamento, pero sí se escuchan unos diálogos al menos llamativos.
Por ejemplo, uno de los interlocutores dice que ya habló con Marlon y tiene 15 millones “listos arriba” para entregar y, minutos después, le entrega a Santrich una combinación de caja fuerte para que “se la pase al camarada Vicente”.
Luego, a los 2:48, ese mismo interlocutor (que se nota lleva el micrófono porque su voz es la que se oye más clara) pregunta: “¿En qué tiempo, ya que ustedes tengan la feria en sus manos, nos comienzan a entregar el producto?”.
A lo que Marín responde que pueden entregar siete mil hectáreas en un mes y otras tres mil hectáreas en mes y medio.
Más adelante, (minuto 4:39) el interlocutor del micrófono advierte, bajando la voz: “Lo que sí nos recomendaron mucho es que toda la mercancía sea de la misma de los cinco, obvio no va a ser de la misma, pero que sea de la misma calidad para no tener inconvenientes, y quedemos claros en eso señores”.
Y le pide a Santrich: “¿Nos da la bendición?, pa’ echarle ganas a esto”.
A lo que Santrich responde: “Bueno, está bien, muchacho”.
También, en tres ocasiones, los dos interlocutores y Marín hablan de un supuesto viaje a Surinam a ver a su presidente (se trata de Desiré ‘Desi” Bouterse, condenado en ausencia por narcotráfico en Holanda en 2000).
El contenido de la conversación del video concuerda con parte del expediente gringo del caso, que fue publicado a fines del año pasado por El Espectador.
El informe detalla la declaración del agente encubierto de la DEA, Brian Witek (mencionado en el auto de la JEP sobre Santrich), según la cual se reunió en varias ocasiones, entre otros, con Marín para cuadrar vueltas de narcotráfico, incluyendo un encuentro en julio de 2017 en el que éste se comprometió a entregar cinco kilos como muestra.
Según la declaración del agente citada por el periódico, quienes se hacían pasar por narcotraficantes aseguraron que pertenecían al cartel de Sinaloa y necesitaban “la bendición del exjefe guerrillero Jesús Santrich”.
Santrich se habría reunido con los agentes encubiertos el 2 de noviembre de 2017. Y luego el 9 de febrero de 2018. En este último encuentro, según la declaración del agente, los infiltrados le dijeron a Santrich que estaban preparados para pagar 15 millones de dólares por 10 mil kilogramos de cocaína.
A eso -prosigue el relato del infiltrado de la DEA-, Marín respondió que “los primeros siete mil kilogramos (siete mil hectáreas) de cocaína serían entregados a los CW en un mes, y que los tres mil kilogramos (tres mil hectáreas) restantes se entregarían en los siguientes 30 días”.
En la declaración, CW se refiere a los agentes encubiertos.
En respuesta, el abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, dijo ayer en medios que el video no prueba nada, que fue grabado ilegalmente y que Santrich siempre ha dicho que él ha tenido varias reuniones con organizaciones, incluso internacionales, para hablar sobre proyectos productivos para los excombatientes.
¿Ese video puede ser prueba en Colombia?
Es incierto si servirá como prueba en la apelación que anunció la Procuraduría, aunque el presidente de la Sección de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla aseguró que sí puede servir y la Procuraduría pedirá que sea valorado.
Gustavo Gallardo, abogado de Santrich, dice que no porque fue tomado ilegalmente y que, en cambio, quienes lo grabaron y filtraron son los que deberían ser judicializados. Más allá, Gallardo asegura que éste no prueba la comisión de ningún delito y menos la fecha del mismo.
Esa argumentación coincide con la del auto de la Sección de Revisión de ayer sobre otras pruebas similares que aportó la Fiscalía. En esencia, la Sección dice que los audios que recibió no fueron recogidos de forma lícita, no hay cadena de custodia que asegure que no fueron editados o manipulados y, en suma, que no valen como prueba.
Hasta ahora nadie ha dicho que lo sean, y como además la apelación seguramente girará alrededor de interpretaciones legales más que de pruebas, no es claro que sea prueba allí.
En todo caso, en la apelación los magistrados pueden decretar pruebas de oficio “evitar que se tomen decisiones absurdas o groseramente contrarias a la verdad”, como dijo en una decisión de octubre su sección de mayor rango, la de apelación, y dada la importancia del video no es improbable que lo estudien – aunque falta ver si encuentran que es una prueba lícita o no.
Es posible que allí o en otros escenarios en los que Santrich pueda terminar procesado por la justicia colombiana, aparezcan los elementos que faltan para que ahí sí valga como prueba.
¿Quién grabó el video y por qué?
Ayer, varios medios aseguraron que lo grabó la DEA.
Sin embargo, en su decisión sobre Santrich, la Sección de Revisión de la JEP detalla que sobre los registros videográficos de las reuniones que ellos le pidieron a Estados Unidos y a la Fiscalía, ésta última les aseguró en una comunicación que “la grabación y/o filmación” de las reuniones habría sido realizada por particulares que, de hecho y según la Fiscalía, no necesitaban autorización judicial.
Aunque, de todas maneras, no es claro que la Fiscalía se refiera ahí específicamente al video dado a conocer antes de ayer.
En cualquier caso, el auto de la JEP deja claro que informantes de la DEA participaron como infiltrados en varias de las reuniones de Santrich que fueron grabadas.
¿Por qué para la JEP los audios de la Fiscalía y la declaración de Santrich no son prueba de que delinquió en 2017?
En el auto del miércoles, la Sección de Revisión aclaró que no tuvo en cuenta lo que dijo Santrich porque no fue una declaración o testimonio, sino un alegato de conclusión de Santrich, y técnicamente los alegatos no son testimonios o declaraciones.
Sin embargo, en su salvamento de voto la magistrada Claudia López alega que sí lo debieron tener en cuenta: dice que “corrobora las fechas del indictment y la existencia de reuniones con los demás coacusados, señores (…) Estas afirmaciones debieron ser valoradas por la mayoría de la Sección, toda vez que provienen del solicitante de la garantía y eran suficientes para constatar el elemento temporal de la conducta, función constitucional que correspondía a la Sección.”
Los audios tienen dos problemas.
El primero es similar al del video: para la JEP no son pruebas lícitas pues, aunque entiende que son interceptaciones legales de la Fiscalía, le llegaron sin certeza de que no estuvieran manipulados, por falta de cadena de custodia y de elementos de identificación.
El segundo es que Santrich solo aparece hablando en dos de los 12 audios, los más recientes, con Marín, y refiriéndose no a “hectáreas” como en el video, sino directamente a proyectos productivos.
“Ellos me dicen que solamente, que piden solamente cinco minuticos para usted para decirle que ya vamos a empezar con los proyectos para desembolsarme la cuestión de los proyectos (…) no vamos a hablar de nada más, solamente que él nos diga que sí, que ya todo está listo pa’ comenzar los proyectos productivos que tenemos en cuenta ahí para comenzar a trabajar, solamente están necesitando eso” le dice Marín a Santrich en la primera, pidiéndole que se encuentre con otras personas (que serían los informantes de la DEA que aparecen en el video).
En la segunda, una tercera persona llama a Marín para decirle que Santrich ya se va de un lugar, Marín dice que se lo pase porque si eso ocurre no se alcanza a reunir con las personas (aparentemente los informantes), y logra cuadrar la cita. Santrich lo acepta con esta frase “Pero si tú estás aquí también, yo solo no me reúno con nadie”.
Para la Sección, eso muestra que “ninguno de los audios se corresponde con la conducta por la que se le requiere, pues no evidencian expresamente acuerdos ilegales para el envío de droga a otro país y ni siquiera se puede inferir que refieran a una similar”.
¿Cuáles son los otros debates grandes para la apelación?
Quizás el principal debate que debe zanjar la apelación es exactamente hasta dónde llega la obligación de la JEP de evaluar la conducta sobre la que se pide la extradición, una obligación que quedó en la Constitución a través del Acto Legislativo 01 de 2017.
La norma dice que la Sección de Revisión “evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado” y hay un debate jurídico sobre qué debe evaluar y cómo lo debe hacer.
Aunque todos están de acuerdo con que la JEP puede pedir más pruebas, la discusión es si realmente tiene que hacerlo para cerciorarse de lo que indica el indictment, como hace cuando estudia los audios y concluye “las probanzas remitidas por la Fiscalía General de la Nación, no revelan la conducta por la cual el solicitante de la garantía es requerido en extradición, tornando entonces nugatoria la posibilidad de evaluarla y determinar la fecha precisa de su realización”.
Pero otras voces, como las de Néstor Humberto Martínez, la Procuraduría o las magistradas que salvaron el voto -Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez-,dicen que los elementos básicos del indictment son suficientes para conocer la fecha y que no era necesario revisar si los audios “revelan la conducta”, sino solo su fecha.
Por otro, si la Sección pudo pedir otras pruebas y no solo las del expediente americano o las que le envió la Fiscalía para cerciorarse de la fecha si encontraba que éstas eran insuficientes o imposibles de obtener, como argumenta en su salvamento de voto la magistrada Rodríguez.
Así que probablemente esos dos sean los principales debates jurídicos de la segunda instancia.
¿Quién y cuándo resuelve la apelación?
Dentro del Tribunal de la JEP, la Sección de Apelaciones es la segunda instancia para todas las sentencias y las resoluciones de las secciones, como la del miércoles. Se trata de la sección con más magistrados y de mayor rango, que funciona como órgano superior y de cierre del Tribunal.
En esa sección está la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y varios de los magistrados de más peso y trayectoria: Eduardo Cifuentes, exmagistrado de la Corte Constitucional y presidente de la sección; Rodolfo Arango, reconocido magistrado auxiliar de Cifuentes y de Manuel José Cepeda en la Constitucional y profesor de Los Andes; Sandra Gamboa, que duró 20 años trabajando en organizaciones de derechos humanos como las Brigadas de Paz y la Comisión Colombiana de Juristas; y Danilo Rojas, ex consejero de Estado y uno de los fundadores de Dejusticia.
Según los tiempos de la ley de procedimiento de la JEP, el trámite se puede tardar hasta 40 días hábiles, lo que significa que si nada raro ocurre, hacia mediados de julio habrá decisión.
¿Santrich será congresista?
Probablemente sí. Por el Acuerdo de La Habana, la Farc tenía derecho a cinco senadores y cinco representantes siempre y cuando armara la lista e hiciera campaña, como hizo. Santrich iba a ser uno de esos congresistas (concretamente, representante por Atlántico) pero no se pudo posesionar por estar en la cárcel.
Aunque Benedicto González ocupó la curul en su lugar, probablemente Santrich se posesione pues desapareció el motivo para no hacerlo y su abogado dijo que es su deseo, y González deje de ser congresista.
La duda es si eso es jurídicamente posible, como suele pasar en Colombia. Eso porque González no se posesionó como reemplazo temporal (como ocurrió, por ejemplo, cuando Faruk Urrutia reemplazó a la senadora uribista Paloma Valencia durante su licencia de maternidad).
¿La Fiscalía lo puede volver a capturar?
La respuesta es “depende”, pues ocurriría en tres escenarios por ahora hipotéticos.
Podría pasar, primero, si así lo decide la Sección de Apelaciones en una decisión que sería una bomba.
También podría ocurrir, si la Sección de Reconocimiento -a la que le envió el expediente la de Revisión- decide que si bien no se extradita a Santrich, la JEP tiene competencia sobre el caso porque tiene elementos para entender que sí hubo delito y se inició antes del 1 de diciembre de 2016. Eso pinta improbable pues no hay indicios de ello hasta ahora, pues el indictment hablaba de reuniones desde julio de 2017.
La tercera posibilidad es que la Corte Suprema, que es el juez de Santrich como congresista con fuero, avance un caso contra él que termine en una captura, lo que seguramente sería una bomba política de marca mayor.
