Esta es la segunda historia de la serie de “Memos al nuevo Presidente” elaborados con expertos de La Silla Llena y otros conocedores para abordar el país que recibe Gustavo Petro. La primera historia fue sobre el país que recibe en conflicto y paz. Esta es sobre el que recibe en temas medioambientales.
Fecha: Julio 15 de 2022
Memo dirigido a: Gustavo Petro y a su ministra de medioambiente, Susana Muhamad.
De: La Silla Vacía, con base en entrevistas a Diana León, ex investigadora en DeJusticia y economista especializada en temas ambientales; Juan Pablo Romero, consultor en economía ambiental aplicada; Carolina Gil, directora del Amazon Conservation Team. Clara Solano, Directora de Fundación Natura en Colombia y Juan Pablo Ruiz, consultor en temas ambientales y energéticos en Naciones Unidas y profesor del Externado y el Rosario.
Asunto: el país que recibe en temas medioambientales y de cambio climático.
Introducción
Los temas medioambientales están en el centro de su programa de gobierno y tocan varios aspectos de su agenda, desde el enfoque que le da a las relaciones internacionales, hasta propuestas prioritarias que ya ha anunciado, como prohibir el fracking en Colombia por vía del Congreso con miras a agilizar la transición hacia energías renovables en el país.
También el Gobierno de Iván Duque deja un legado en temas ambientales que se puede aprovechar y potenciar. Este documento, realizado con el insumo de varios expertos, le servirá para tener claro el panorama que recibe del Gobierno saliente y los retos con los que se enfrentará.
Antecedentes
1) Gran vulnerabilidad al cambio climático: por tratarse del segundo país más biodiverso del mundo, Colombia es también uno de los más vulnerables al cambio climático por su variedad de ecosistemas, según el Informe del Panel de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC). Esta gran vulnerabilidad (que se vio ya en hechos como el paso del huracán Iota en la isla de Providencia en 2020) contrasta con que el país sólo aporta el 0.2 por ciento de los gases contaminantes del mundo y aún así ha asumido desde 2015 ambiciosos compromisos para reducir emisiones.
2) Ambiciosos compromisos internacionales: en materia ambiental, el país se ha comprometido a llevar a cero la deforestación y reducir los gases de efecto invernadero en un 51 por ciento para 2030. Y para 2050, lograr la carbono neutralidad (que las emisiones de dióxido de carbono sean compensadas retirando la misma cantidad emitida de la atmósfera) y que el 60 por ciento de la energía eléctrica venga de fuentes renovables. La totalidad de estos plazos no se cumplirán durante su mandato como Presidente, pero sí tendrá que tomar decisiones que allanen el camino para que esos objetivos se cumplan.
3) Deforestación desbocada: muchos analistas coinciden en que, más allá de la agenda de compromisos internacionales, el reto ambiental interno más importante es reducir la deforestación, cuyo principal, aunque no único responsable ha sido la ganadería extensiva, especialmente en el norte de la Amazonía, Meta, Caquetá y Guaviare. El Gobierno Duque no logró una reducción sostenida de la deforestación en sus cuatro años e incluso tuvo un aumento en 2020, cuando el país perdió 171 mil hectáreas, el equivalente a 7 mil estadios de fútbol como “el Maracaná”, en Brasil. Los datos de deforestación de 2022 todavía no los ha publicado el IDEAM, por lo que tenemos un balance final inexacto, pero los expertos coinciden en que estos años mostrarán aumentos en la deforestación.
4) Asesinatos de líderes ambientales: Colombia ha sido por tres años consecutivos (De 2019 a 2021) el país más peligroso para ser líder ambiental, según Global Witness, una organización fundada en 1993 que se dedica a investigar abusos ambientales en el mundo. Entre agosto de 2018 y abril del 2022, 20 líderes de causas ambientales fueron asesinados, y otros 17 líderes en temas de tierras. Mientras tanto, el Gobierno Duque, aunque inicialmente firmó el Acuerdo regional de Escazú (que compromete a los gobiernos a tomar medidas para proteger a los líderes ambientales) no logró aprobarlo en el Congreso, que lo embolató en medio de ausencias a los debates para su ratificación y respondiendo a presiones del sector privado.
5) Alta dependencia del gas y el petróleo: En Colombia, los hidrocarburos aportan el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto y el petróleo representa el 40 por ciento de lo que exportamos. Esta importancia que tiene en la economía nacional se refleja en las finanzas del Estado. Ecopetrol girará este año 11,5 billones de pesos en dividendos a la Nación (el 16% del presupuesto de inversión del Estado en 2022). Esto contrasta con que las reservas probadas de gas en Colombia han venido declinando al punto de haber caído casi a la mitad en los últimos 10 años, por lo que muchos analistas coinciden en que se deberían buscar más yacimientos si el país no quiere llegar al escenario de importar gas y petróleo (gas en 2026 y petróleo en 2028, una proyección que se hace con las reservas ya conocidas, podría ser que con contratos firmados se conozca más.
6) Lineamientos en renovables pero sin financiación: Duque intentó dejar como uno de los legados de su mandato avances en transición energética. Incrementó en 25 veces la capacidad instalada de generación de energías renovables que encontró en 2018, algo que logró en gran parte con la creación de 20 granjas solares nuevas. Dejó aprobada una Ley de Transición Energética, y un Conpes sobre el mismo tema, pero eso contrasta con que garantizó solo un 0.1 por ciento de recursos públicos para ese plan, por lo que el reto es que esa ruta trazada reciba la financiación necesaria.
Las principales resistencias
Deforestadores: Quienes deforestan para tener más tierras para la ganadería, pero también las estructuras criminales que usan la deforestación para ampliar cultivos de coca, van a resistir políticas que ataquen estos intereses. La tensión no será sólo con particulares, pues muchos proyectos viales de carácter municipal y departamental requieren tumbar árboles, por lo que habrá una resistencia hacia la conservación de áreas vs la ampliación de esas vías. Por ejemplo, sólo entre 2018 y 2021 se construyeron dos mil kilómetros de vías nuevas en los siete municipios de la Amazonía, que es donde está el foco de la deforestación.
Propietarios de tierra improductiva: Como una de sus principales propuestas para enfrentar la deforestación es gravar la tierra improductiva, gran parte de la cual se usa para la ganadería (Que usa 39 millones de hectáreas, cuando las tierras de vocación ganadera son 8 millones), estos propietarios se verán presionados de una manera inédita hasta ahora.
Sectores de la industria de los hidrocarburos: argumentarán que en Colombia la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono no es la industria de la energía o el transporte, sino el uso del suelo, particularmente en la ganadería (las emisiones de la agricultura y la ganadería suman el 59% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país). Además de la gran contribución que hacen a las finanzas del Estado. Eso anticipa que habrá una tensión grande entre darle prioridad a reducir emisiones desde un enfoque que frene el gas y el petróleo vs uno que busque transitar a formas de ganadería y agricultura sostenibles, esfuerzos para los que el Gobierno puede requerir los recursos provenientes precisamente del petróleo.
Conservacionistas: Con la prohibición de la pesca deportiva por parte de la Corte Constitucional porque podría implicar el sufrimiento de los peces, se han visto tensiones entre animalistas y conservacionistas sobre cómo ponderar el sufrimiento animal con la protección de la biodiversidad. Con la cercanía de figuras del animalismo al Pacto Histórico como el concejal verde Terry Hurtado o la senadora electa Andrea Padilla, sectores conservacionistas han dicho que su gobierno deberá mantener un equilibrio difícil entre no dejar que los criterios animalistas marquen la agenda en temas complejos como el manejo del bosque y las contribuciones del sector ganadero a la nutrición y la economía de poblaciones pobres.
Victorias tempranas en el primer año
Bajar la deforestación: la deforestación en todo el país, y particularmente en el Amazonas, tiene que ser atacada. En esta materia, una victoria temprana sería mostrar que se logran bajar los indicadores de hectáreas deforestadas, para lo cual será clave pasar de la visión punitiva que judicializa a los deforestadores, como fue concebida y liderada por la Operación Artemisa del Gobierno Duque, a una presencia estatal que permita mayor legitimidad en las zonas donde más se deforesta, con oportunidades más atractivas para que la gente preserve las zonas de conservación.
Ratificar el Acuerdo de Escazú: para esto contará con una bancada más grande en el Congreso que podrá tramitar los debates para su ratificación. Aunque los expertos dicen que su aprobación sumaría mucho en términos simbólicos, también están de acuerdo en que no garantiza necesariamente en el terreno la protección de los líderes ambientales, por lo que a la ratificación del Acuerdo tiene que seguir la creación de mecanismos institucionales para darle dientes a esa protección.
Posicionar una agenda climática internacional: que articule esfuerzos con varios países (los más vulnerables en términos climáticos y los más decisivos en términos de biodiversidad) para tomar acciones frente a la adaptación a la variabilidad climática y en temas de mitigación de riesgos. Estos consensos serían la base de una herramienta de negociación en mesas internacionales sobre acciones y compromisos climáticos.
Que los guardaparques puedan volver a hacer vigilancia: Colombia dio pasos importantes en la dirección de ampliar las áreas protegidas, por ejemplo, con el anuncio del gobierno Duque de declarar el 30% de sus áreas marinas bajo esta figura. Pero los expertos coinciden en que no basta con esa declaración, y que es importante que las áreas protegidas, como los Parques Nacionales, cuenten con la presencia de las autoridades que puedan garantizar esa vigilancia ambiental. Hoy, en Parques como Tinigua, Macarena y Picachos (focos de deforestación) están amenazados.
Aliados claves
Gobiernos de la región: sobre todo los países de la Amazonía. Es necesaria una coalición desde la región para llamar la atención sobre la importancia y la necesidad de acciones urgentes en Latinoamérica y el Caribe. Para esto le servirán escenarios multilaterales como la Alianza del Pacífico, donde los cuatro países miembros tienen actualmente afinidades ideológicas.
Financiadores internacionales: acá Duque deja un camino recorrido, pues los países desarrollados se comprometieron en la COP21 de 2015 a dar 100 mil millones de dólares al año a países en vía de desarrollo para mitigación y adaptación al cambio climático, y el Gobierno Duque logró gestionar una parte de esos recursos para recibir 33.5 millones de dólares en los próximos años, los cuales provienen de países como Alemania, Noruega y Reino Unido, que tienen interés en programas concretos como Visión Amazonía y en financiar la lucha contra la deforestación y la restauración de ecosistemas.
Comunidades conservacionistas: que conviven diariamente con la biodiversidad y son el primer eslabón para protegerla. El gobierno de Iván Duque ha aumentado el número de familias que reciben un pago por servicios ambientales, que medidas en términos de las hectáreas que cubren hoy alcanzan las 260 mil. Pero los expertos coinciden en que además de seguir aumentando la cifra, hay que crear más mecanismos para incentivar la conservación y asegurar que efectivamente esos incentivos les sirvan a sus economías familiares.
Desafíos que encontrará
Los efectos fiscales de parar la exploración petrolera: Los analistas coinciden en que, si bien es necesario avanzar en la transición energética, los efectos fiscales que traería no firmar más contratos de exploración petrolera y parar el fracking pueden ser muy altos para el Estado. Algunos hacen cuentas de 18 billones de pesos menos de ingresos por impuestos y regalías entre 2022 y 2026 si esto pasa, por lo que insisten en que el Gobierno tiene que tener una visión más realista y flexible sobre cómo va a llenar los huecos fiscales que se generarían con estas decisiones.
Unos piden que no se descarte hacer los pilotos de investigación de fracking con veeduría de académicos y de comunidades, para recoger evidencia que permita ponderar los beneficios económicos vs los impactos ambientales. Y también recomiendan que exista apertura a hacer nuevos contratos de exploración petrolera, según cómo se transforme la demanda de hidrocarburos, para evitar tener que importar.
Afectación a las mismas comunidades que viven de la minería: las políticas contra la minería a cielo abierto (que busca ser atacada desde el Gobierno) afectará a comunidades que viven de esa actividad, por lo que tendrán que encontrar mecanismos para compensar el impacto laboral y económico en las regiones que más viven de la minería, como La Guajira, donde esta actividad ha representado entre el 30 y el 50% del PIB departamental.
Países más vulnerables y en peor situación económica: países como Somalia, Haití o Nigeria son competencia para Colombia a la hora de obtener recursos para la adaptación climática pues sobre todo son escasos y tardíos.
Poca plata en el Ministerio: el presupuesto del ministerio de Ambiente equivale al 0,4 por ciento del presupuesto nacional, y muchos expertos coinciden en que no alcanza para financiar las tareas de investigación ambiental de institutos como el Alexander Von Humboldt. Un frente clave estará en ampliar esos recursos, algo que los expertos ven posible dada la centralidad que tiene lo ambiental en este gobierno.
Tensiones con proyectos de infraestructura: Desde el Ministerio de Ambiente ustedes contemplan la creación de una comisión de alto nivel que revise (técnica y jurídicamente) el cumplimiento de las licencias ambientales de los grandes macroproyectos de infraestructura que tiene impactos regionales. Esto generará reacciones en los ejecutores de estos proyectos y en los líderes locales que se han jugado sus capitales políticos en el cumplimiento de esas obras.
Indicadores de éxito
PIB per cápita en zonas mineras: En departamentos como La Guajira, Cesar y Córdoba, muchas poblaciones vulnerables dependen de los sectores minero-energéticos, de modo que un indicador clave será si en las regiones que más dependen de estos sectores, el crecimiento económico no disminuye a partir de las acciones de transición energética que adelanten.
Número y diversidad de especies por área: Para que el cumplimiento de objetivos frente al cambio climático no se mida sólo en términos de transformación energética sino también de cuánto se está conteniendo la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas del país.
Reducción de áreas deforestadas: Será uno de los indicadores clave, pues con ese se sabrá qué tan exitosas o no son las acciones del Gobierno para luchar contra este fenómeno.
Conceptos claves en los que debe hacer énfasis
- Un enfoque social para enfrentar la deforestación
- Hacer rentable la conservación
- Una visión flexible y realista los aportes de los hidrocarburos
- Protección de líderes ambientales locales
- Unir la agenda del cambio climático con la de la biodiversidad
