El plan del Gobernador para atender el pico de contagio de coronavirus no es suficiente y no tiene toda la plata garantizada.
El único hospital público del Chocó de nivel 2, es decir con posibilidad de hospitalización y especialistas, no tiene Unidad de Cuidados Intensivos, su exgerente fue suspendido en febrero pasado por presuntos malos manejos, a sus trabajadores no les han pagado en todo el año y está funcionando a media marcha.
La historia del San Francisco de Asís resume la tragedia que padece el sistema de salud de los chocoanos, agravada en tiempos de coronavirus.
El Chocó, que es el departamento más pobre de Colombia, empezó a aparecer en el conteo oficial de casos confirmados de Covid-19 en el país el pasado 11 de abril y hoy suma nueve contagiados con el virus.
Justamente, seis de ellos son personal de salud del hospital, una situación que obligó al cierre parcial de la entidad en la que hoy apenas 35 de 230 trabajadores laboran atendiendo principalmente urgencias vitales y partos.
En el San Francisco todo el personal se queja de no contar con los implementos de protección frente al Coronavirus.
“Tenemos tapabocas elaborados artesanalmente, donaciones de algunas instituciones o pequeñas empresas; una que otra bata, la lavandería entró en paro y no había sábanas”, dice Cilia Marina Perea, enfermera jefe del hospital.
Según Sandro Caicedo, médico internista del San Francisco y quien actualmente se encuentra trabajando, los insumos que hay son insuficientes, pues no alcanzarían más de quince días. Además, debido a las deudas que tiene el hospital con proveedores, la compra de elementos de bioseguridad está difícil.
Entre las donaciones que les han llegado está la de la Escuela de Robótica de Chocó, una organización no gubernamental que está imprimiendo caretas plásticas de protección para toda la cara para diferentes centros de salud, incluyendo al San Francisco.
Sobre este punto, la Gobernación asegura que destinó 500 millones de pesos para la compra de implementos de bioseguridad como tapabocas N95, guantes, botas y overoles desechables, termómetros, gel y alcohol, y que los han entregado entre marzo y abril al San Francisco, y también que han desinfectado el hospital en tres ocasiones.
Sin embargo, el médico Caicedo le dijo a La Silla Vacía que hasta ayer no habían recibido los insumos de protección. Por eso los empleados se quejan de falta de seguridad y, además, del no pago de sus salarios desde enero pasado.
La semana pasada, tras una protesta del personal de salud, los empleados lograron que les pagaran los meses de noviembre y diciembre de 2019.
Eso se consiguió luego de que la Gobernación girara directamente al hospital 2.200 millones de pesos que el ente territorial debía a las EPS, que a su vez tenían deudas con el San Francisco.
La crisis financiera consiste en un déficit de 17 mil millones de pesos en el hospital que tiene que ver con una historia larga de malos manejos.
Por falta de pagos a los empleados, ausencia de insumos, corrupción, mal servicio, el San Francisco de Asís estuvo intervenido por el Gobierno de 2007 a 2014. En ese periodo fue manejado por la EPS Caprecom y la Superintendencia de Salud.
Según el exintegrante de la Junta Directiva del hospital en ese entonces, odontólogo y empresario, Alí Gómez, la institución mejoró hasta el 2009, pero después Caprecom tercerizó la prestación de salud con dos cooperativas más y en ese momento volvieron los problemas, según cuenta.
Al final, el San Francisco terminó siendo liquidado por el Gobierno Santos en 2017, año en el que nació con nuevo objeto como: Nueva Empresa Social del Estado Hospital San Francisco de Asís.
La Administración Santos le inyectó 12 mil millones de pesos para la compra de insumos médicos quirúrgicos y salarios, más otros dos mil millones de la Gobernación del Chocó.
Sin embargo, de 2018 para acá el hospital entró en nueva crisis financiera porque se volvió a quedar sin plata, debido a que las EPS no le pagan por los servicios prestados y por supuestos malos manejos de la gerencia.
De hecho, en febrero pasado el exgerente Carlos Enrique Palacios fue suspendido por la Procuraduría por tres meses por omisiones en su cargo que llevaron a “una deficiente prestación de los servicios de salud”, que incluye medicamentos vencidos y hasta presencia de roedores en la institución.
Según dos fuentes conocedoras del departamento, el exgerente sancionado Palacios es del grupo político del exgobernador liberal y de La U, Jhoanny Palacios, quien fue el que lo nombró. El actual Gobernador nombró como gerente en propiedad hace cinco días a Julia Halaby.
A todas estas circunstancias críticas, en tiempos de coronavirus se suma que el hospital de los chocoanos no cuenta ni siquiera con UCI.
La crisis chocoana con coronavirus
Según proyecciones del Ministerio de Salud con las que está trabajando la Gobernación del departamento, que tiene 544 mil habitantes, se estima que en el peor escenario en el Chocó 14.382 personas puedan llegar a requerir hospitalización, 4.794 de ellas en cuidados intermedios y otras 4.794 en UCI.
Una cifra demasiado alta teniendo en cuenta que el Gobierno estima que llegará a tener 9.826 camas de UCI en todo el país para atender a los pacientes Covid-19 durante el tiempo que dure la pandemia y sería raro que con la proporcion de población que tiene, Chocó demandara la mitad.
En todo caso, ante la ausencia de UCI en el hospital San Francisco una opción podría ser usar el hospital local de Quibdó Ismael Roldán, pero éste tampoco cuenta con camas en UCI y, al igual que el San Francisco, está trabajando a media marcha por un paro de empleados que se quejan de que hace seis meses no les pagan.
Para hospitalización, la institución local de Quibdó tiene apenas 30 camas.
(En Colombia hay cinco departamentos que no tienen camas en UCI. Además de Chocó: Vaupés, Guainía, Vichada y Guaviare, todos en la periferia).
Por ahora, los nueve contagiados confirmados del departamento reciben atención en casa.
Si alguno de ellos -u otro nuevo contagiado que aparezca, pues hay 293 personas esperando resultado de prueba- se llega a agravar, tendría que ser tratado en una de las tres clínicas privadas que tiene Quibdó, que suman 27 camas en UCI, de las cuales hoy sólo 11 están libres.
En el departamento hay seis hospitales públicos más pero son del nivel 1, es decir, brindan una atención primaria que no incluye la hospitalización.
Para cuidados intermedios, las tres clínicas privadas cuentan con 22 camas, de las cuales 14 están desocupadas hoy.
Y en general para hospitalización regular hay 361 camas entre públicas y privadas, pero solo 181 libres.
El gobernador Ariel Palacios (quien llegó por una alianza de partidos liderada por los liberales) dice que su plan cuando se llenen las 11 UCI privadas disponibles es que las personas sean remitidas por las EPS a hospitales en departamentos cercanos como Valle y Antioquia.
Aunque el mandatario recalca que “es obligación” de las EPS hacer los traslados, no es muy claro que eso se pueda lograr con escasez de camas en todo el país y cada departamento velando por su propia gente.
Palacios dice que para solucionar la crisis en el mediano plazo espera que en unos 15 días lleguen al golpeado hospital San Francisco nueve camas de UCI que compró el departamento por valor de 1.648 millones de pesos.
El problema ahí es que 15 camas no están ni cerca de las casi cinco mil que según los datos de la Gobernación se necesitan y de poco servirían si, además, la institución sigue a media marcha por falta de pago de nómina y ausencia de seguridad para el personal de salud.
En esas condiciones también sería impensable que llegue nuevo personal a atender la UCI. “Es como decirles le ofrezco no pagarle a tiempo y con riesgo de infectarse”, dice el médico, magíster en salud pública y docente de la Universidad de los Andes, Diego Lucumí, que conoce la situación de salud en Chocó.
El Gobernador por su lado agrega que, además de esa compra, en junio esperan que el Gobierno Nacional les autorice 4.525 millones de pesos que pidieron para 34 camas en UCI y 15 en hospitalización regular.
La Administración chocoana presentó un plan de alistamiento en salud que incluye además que entre agosto y noviembre la red privada sume 124 camas de hospitalización más y 70 de UCI, también con plata de la nación; y que se instalen 70 camas de hospitalización en un coliseo y un hotel de Quibdó, según el documento oficial que revisamos.
Nada de eso, sin embargo, ha arrancado o tiene recursos garantizados.
Por eso Perea, la enfermera jefe del hospital San Francisco, que está en aislamiento, siente miedo: “Si las consecuencias (del virus) en países desarrollados como Francia han sido terribles, qué será en un lugar como el Chocó… Si el virus se propaga y se complica, los resultados serían funestos”.
