“Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo”, dijo ayer en Davos la ministra de Minas, Irene Vélez, desatando de nuevo una gran polémica. Si esta llega a ser la última palabra del gobierno, Petro cumpliría con su propuesta bandera de campaña de extinguir en 15 años la producción de petróleo y gas en el país. Lo difícil será no necesitarlos.

En aras de mitigar la contribución de Colombia a la crisis climática (2 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero) la exploración petrolera del país se limitaría a explorar lo que está en los 145 contratos firmados en la actualidad, donde hay compromisos de perforar 96 pozos a 2030.

Según las estimaciones de la Asociación Colombiana del Petróleo (un gremio que agrupa empresas petroleras) con este ritmo de exploración, en 2026 el país necesitaría importar gas para el consumo interno, y en 2028 petróleo para las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, que producen la gasolina y el diésel con la que tanquean los carros en Colombia.

Dejar de producir petróleo en quince años implicaría en ese mismo tiempo: reemplazar las conexiones a gas de 10 millones de hogares, el 90 por ciento del parque automotor que funciona con gasolina y diésel, reemplazar las plantas de generación eléctrica del país, que producen el 30 por ciento de la energía eléctrica del país, según la reportería que hizo La Silla para esta historia durante la campaña presidencial.

De acuerdo con las declaraciones que dio en ese momento el presidente de la Asociación de Energías Renovables del país, Germán Corredor, es posible acelerar la construcción de nueva infraestructura renovable, pero se requerirían grandes inversiones y mantener los beneficios tributarios al sector. Pero en la reforma tributaria recientemente aprobada, no solo se eliminaron esas exenciones sino que se le hizo más gravosa la carga tributaria al sector extractivo.

En cuanto a la renovación del parque automotor, de acuerdo con el experto en movilidad Darío Hidalgo no es lograble en menos de dos décadas. Lo dice porque en Colombia la vida promedio de un automotor es de 21 años, para reemplazarlos todos habría que prohibir su venta desde ya, o subsidiar la compra de carros eléctricos.

El costo de esto sería prohibitivo, dado que en la actualidad un carro eléctrico cuesta el doble de un carro a gasolina de las mismas características, explicó Hidalgo. “Es patear la mesa de las finanzas públicas sin tener clara la forma en que lo vamos a recomponer, parece que fuéramos Noruega, pero no somos Noruega”.

La exministra de Minas y exvicepresidente de Ecopetrol María Fernanda Suárez dijo en mayo respecto al reemplazo de las conexiones de gas —que según el Dane es utilizado por el 69 por ciento de los colombianos— que de no lograrse ese cambio, Colombia tendría que abastecer a los hogares con gas importado, pues ya no produciría. Esto implicaría, según sus cálculos, un aumento hasta en cinco veces de las tarifas de gas de los hogares colombianos.

En cuanto a lo fiscal, las cuentas también son complejas.

El impacto fiscal

Un estudio publicado por Corficolombiana en diciembre, estimó el aporte de Ecopetrol a la Nación en 2022 en 45 billones de pesos (dos veces la tributaria): 10,7 billones en regalías, $18 billones en impuestos y $16,3 billones en dividendos. Y para el 2023 proyectó $61 billones ($11 billones en regalías, $26 billones en impuestos y $24 billones en dividendos).

En comercio exterior solo el petróleo y sus derivados representaron más de la mitad de las exportaciones en el 2022, y más del 70 por ciento de la inversión extranjera directa.

Como el país dejaría de producir suficiente petróleo para exportar en un lapso de 6 años, y no habría nuevos proyectos petroleros para invertir, los próximos gobiernos tendrían que reemplazar esos “petrodólares” por otro tipo de ingresos. De lo contrario, el desbalance causaría más inflación por cuenta de una eventual trepada del dólar.

La alternativa que plantea Petro en su programa de Gobierno es promover “un gran frente americano de lucha contra el cambio climático, (…), financiable con la obtención de dividendos por absorción con carbono, la obtención de compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo y la imposición de gravámenes sobre la comercialización de productos altamente intensivos en dióxido de carbono para lograr la descarbonización de las economías”

La idea del gobierno es acudir a organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros países para que Colombia reciba una compensación económica por dejar de producir petróleo y carbón.

Esto complementaría el esfuerzo internacional por profundizar los mecanismos de compensación, que pagan empresas y organismos multilaterales, por proteger ecosistemas claves para capturar dióxido de carbono en la atmósfera, como la Amazonía.

El problema es que en el mundo ya se han intentado crear mecanismos financieros que le permitan a los países compensar, al menos parcialmente, lo que dejarían de recibir si dejan enterradas sus reservas de carbón y petróleos. Y no han sido tan exitosos.

Un ejemplo latinoamericano fue el proyecto Yasuní, en Ecuador. En 2007 el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, lanzó un fondo con el que pretendía recoger plata de la comunidad internacional que compensara el no poner a producir una de las áreas con mayor potencial de reservas petroleras en el país, en la Amazonía. Al proyecto se le llamó proyecto ambiental Yasuní-ITT (que responde a los nombres de los campos petroleros, Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ubicados en el área).

Seis años después, el proyecto, que tenía como meta recoger 3.600 millones de dólares en trece años, tenía solo compromisos por 116 millones de dólares, y plata en sus cuentas por 13,3 millones de dólares. El presidente Correa decidió desistir de la iniciativa.

De acuerdo a lo que nos explicó en mayo Diana Barba, asesora de Transparencia y Mercados de la Unidad de Apoyo de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), este tipo de compensaciones por no producir petróleo y carbón es muy controversial y a primera vista no parecen viables.

Por un lado, según Barba, países petroleros ricos, como algunos árabes, podrían aprovechar el mecanismo para pagar a otros países para quedarse con una tajada mayor de mercado. Por el otro, “si se habilitara el pago de estas compensaciones a través de mercados, se desincentivaría la implementación de proyectos que realmente reducen emisiones”. Es decir el pago por proteger áreas estratégicas (como la Amazonía) de la deforestación.

En el mercado sí se mueven recursos por compensación, pero no lo suficiente como para pensar que pueda reemplazar una actividad productiva como la extracción de petróleo.

Además, la creación de un “frente americano” luce lejana. La propuesta fue rechazada explícitamente por el presidente brasileño “Lula” Da Silva, que la calificó como “irreal”, no solo para Brasil sino para el mundo. Y dentro del bloque de países con presidentes de izquierda en el continente, en Argentina hacen fracking, en México López Obrador ha expandido el rol del estado en el sector petrolero, y Venezuela tiene las mayores reservas del mundo.

La otra alternativa que planteó nuevamente Petro en Davos es reemplazar esas divisas con una expansión del turismo.

La promesa del turismo

Como lo explicaron en esta columna en La Silla, el exviceministro de Turismo Julián Guerrero y Cristina Arbeláez, “para volar alto, el turismo en Colombia necesita alas”.

En el papel el turismo en Colombia podría crecer más de 40 veces: “El país tiene una extensión terrestre de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados, el equivalente a España, Francia y Portugal en su conjunto. Estos tres países europeos tienen una población de 125 millones de habitantes y en 2019 recibieron 201 millones de turistas. Colombia, con una población de 51 millones de habitantes, recibió 4.5 millones de turistas extranjeros en el mismo año”.

Pero para lograrlo —afirman— hay que poner varias cosas muy complejas a andar. Desde formalizar un sector que tiene más del 51 por ciento de informalidad hasta implementar la ley de Turismo que sacó Duque. Y sobre todo, promover un turismo que sea sostenible ambientalmente.

Hoy, según explican estos expertos, el turismo contribuye a nivel mundial entre el 5 y el 8 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y se calcula que esta contribución llegará al 23% en el 2030. Además, “es responsable de un alto consumo de recursos naturales pues, en promedio, los turistas consumen cuatro veces más agua y 25% más energía que los residentes en los destinos que visitan. Además, genera alrededor de 35 millones de toneladas de residuos sólidos en el mundo, lo que equivale a la tala de 595 millones de árboles.”

En conclusión, si el camino que ya decidió el gobierno Petro es el de no hacer más exploraciones petroleras, lo que le toca hacer para llegar al futuro verde que pinta y evitar una debacle en el corto plazo es tan complejo y costoso, que se llevará por delante todas las demás reformas que ha prometido.