Escríbanos al DetectBot 🤖 cuando vea información que no sepa si es cierta. Nuestro equipo de periodistas la verificará para usted.
Al chat de WhatsApp de La Silla Vacía (+57 3102940910) llegó un trino que escribió el presidente Gustavo Petro contra Thomas Greg & Sons, la empresa que se quedó el 26 de febrero con el contrato de los pasaportes.
Petro, que lleva meses oponiéndose a esta licitación que adelantó su propia Cancillería, alertó en su mensaje que esta empresa tiene las dos palancas de las elecciones, lo que podría llevar a un “fraude monumental”. Thomas Greg ha logrado “controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones”, mencionó en su mensaje el presidente.
Además, agregó que Thomas Greg & Sons se pasó “por la faja la orden del Consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la registraduría y ahora tiene toda la cedulación y quieren completar con los pasaportes”. Días después, el presidente repitió los cuestionamientos.
Esta es la publicación que nos enviaron, que tiene más de un millón de visualizaciones:
Como nos pidieron chequearla, le pasamos el Detector de Mentiras a cada una de las afirmaciones del presidente y encontramos que dos son engañosas y una falsa.
La tesis central de que Thomas Greg & Sons controla las elecciones y puede hacer un fraude monumental es engañosa.
1. “Thomas&Sons puede controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría”: falso.
La semana pasada el presidente Petro declaró insubsistente el nombramiento de José Antonio Salazar como secretario general de la Cancillería porque le adjudicó a Thomas Greg & Sons el contrato de los pasaportes una vez más, pese a que en septiembre de 2023, esa licitación había sido declarada desierta por el Canciller Álvaro Leyva y ya se estaba adelantado otro proceso licitatorio. Leyva fue suspendido del cargo por la Procuraduría dadas las múltiples denuncias de que los pliegos favorecían a Thomas para ser el adjudicatario. Esa empresa lleva 17 años con ese contrato e interpuso una demanda millonaria contra el Estado por esos hechos.
En ese contexto es que el presidente Gustavo Petro arremetió contra Thomas Greg y alertó, como ha hecho en otras ocasiones, de un posible fraude electoral en el país. Petro dijo que esa empresa puede “controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría”. Pero eso es falso.
Thomas Greg & Sons, a través de distintas uniones temporales, ha ganado contratos para la logística electoral, al menos desde 2010, como contó La Silla. Un reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) también mostró que Thomas Greg y empresas asociadas son las que más han ganado contratos para las elecciones desde hace una década.
Uno de los más recientes fue en septiembre de 2021. Como verificamos aquí, la Registraduría adjudicó a la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales (Disproel) 2021 un contrato por 1.2 billones de pesos para la logística de todas las elecciones celebradas en 2021 y 2022. Una unión temporal es una asociación que hacen varias empresas para ejecutar un contrato en particular. La Unión Temporal Disproel 2021 está conformada en un 70% por compañías del grupo Thomas Greg, cuyos dueños mayoritarios como dijo Petro, son los hermanos Felipe, Fernando y Camilo Bautista Palacios, hijos de Gregorio Bautista, fundador de la empresa.
Según las condiciones del contrato que se encuentra en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la unión temporal gestionó y brindó la logística para la inscripción de los ciudadanos para votar y la revisión de las firmas que se presentaron para avalar candidaturas. También seleccionó a los jurados, entregó los kits electorales (tarjetones, papelería, urnas, etc.), e hizo la biometría en las mesas de votación.
En el proceso poselectoral, prestó servicios de comunicaciones y la logística para transmitir y publicar en la web los datos del preconteo, y digitalizó los formularios E-14, E-11 y las actas de las comisiones escrutadoras.
Pilar Sáenz, coordinadora de la línea de participación cívica de Fundación Karisma, una fundación experta en derechos humanos en el mundo digital, opina que con esos contratos la empresa tiene acceso a mucha información: “requiere tener el acceso a nombres, cédulas y lugares de votación para generar el portal de Infovotantes, donde uno consulta donde vota. También tiene acceso a información sobre jurados de votación, registro de testigos”.
Ese acceso, en todo caso, es distinto, como dijo Petro, a que Thomas Greg pueda “controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría”.
Al ganar los contratos para la logística de las elecciones, sí tiene acceso, pero solo de consulta a información a través del Archivo Nacional de Identificación, que es administrado por la Registraduría. Esto, como dijo en Blu Radio Alejandra Barrios, directora de la MOE, con el objetivo de verificar la identidad de los ciudadanos en la inscripción.
A este archivo, según ella, también tienen acceso los bancos, por ejemplo, para verificar información de los usuarios. Pero ninguno tiene la facultad de modificar los datos, solamente lo tiene la Registraduría, dijo Barrios. Y agregó que la empresa que realmente administra el sistema de identificación en el país, desde 2005, es la multinacional Idemia. Así también lo contamos en este Detector.
Pilar Sáenz, de Karisma, además asegura que “el acuerdo de confidencialidad que debe firmar Disproel es bastante fuerte y contempla que deben devolver la información a la que acceden”.
Una fuente de la Registraduría, que pidió la reserva de su nombre, ratificó que no era cierto que Thomas Greg tuviera el control de todos los datos de los colombianos en la Registraduría.
2. “Una empresa privada, Thomas&Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”: engañoso.
Por lo menos desde 2018 Petro viene alertando sobre la posibilidad de un gran fraude. Lo hizo también en 2018 basado en la sentencia del Consejo de Estado que, en febrero de 2018, le devolvió tres curules en el Congreso al partido Mira por irregularidades en el manejo del software electoral que causó el sabotaje de 1.412 mesas en las elecciones de 2014.
Ahora lo hace nuevamente. El presidente dice que Thomas Greg & Sons controla por completo las elecciones y puede hacer un “fraude monumental”.
Thomas Greg controla el software de las elecciones, pero no todo el proceso electoral
El escrutinio es el proceso oficial para contabilizar los votos. A diferencia del preconteo, que se hace el mismo día de las elecciones por parte de los jurados de votación y sirve para dar resultados rápidos ese día, toma más tiempo porque implica el conteo y consolidación legal de los votos por parte de comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral.
En el escrutinio intervienen comisiones de orden zonal, municipal, departamental y, finalmente, la comisión escrutadora nacional.
Cada comisión está conformada, como dice la Procuraduría, por “jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos, delegados del Consejo Nacional Electoral o ciudadanos de reconocida honorabilidad, designados por el respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial”. Estas personas son las encargadas de validar los votos registrados en el tercer tipo de formularios E-14 que los jurados de votación llenan el día de las elecciones, de contrastar los diferentes documentos donde se ha hecho el conteo de votos, de revisar que cumplan con las condiciones legales requeridas (de llevar por ejemplo las firmas de los responsables) y en caso de tachaduras, inconsistencias o denuncias, pueden ordenar el recuento de los votos de ciertas mesas. Este proceso se hace frente a testigos electorales de los partidos, abogados y delegados de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
Ahora, lo que hacen los miembros de la comisión es registrar en el software esos resultados para que sean enviados a la comisión escrutadora del siguiente nivel que consolida los resultados. Es decir, pasa de las comisiones zonales, luego a las municipales, luego departamentales y finalmente a la nacional. “En últimas, en ese software es donde queda el registro de lo que hace la Comisión Escrutadora de los resultados”, explica Pilar Sáenz, de Karisma.
Es decir, es cierto que Thomas Greg, además de la logística de las elecciones, también ha manejado el software para la transmisión de datos del escrutinio, pero eso no significa que controle totalmente el proceso de escrutinio. En él intervienen diferentes autoridades en momentos distintos que vigilan y validan los resultados y que llevan una contabilidad de los mismos en documentos públicos, además de la información que ingresan en el software, lo que es un contrapeso ante una eventual manipulación.
En 2022, tanto en las elecciones al Congreso como en las Presidenciales, la Unión Temporal Disproel, en su mayoría con empresas de Thomas Greg, fue la que se encargó de proveer esa tecnología para el escrutinio zonal, municipal y departamental.
El software para el escrutinio nacional, que opera el Consejo Nacional Electoral, sí estuvo a cargo de otra empresa que no está relacionada con Thomas Greg: Indra. Esto en respuesta parcial a la sentencia del Consejo de Estado que, a raíz del fraude al Mira, estableció que el Estado debía ser dueño de la tecnología para el escrutinio, como dice este reporte de Karisma.
Podría haber un fraude, pero si fuera monumental sería evidenciado
Al consultar con expertos y expertas en materia electoral encontramos que a partir de las investigaciones que han hecho sí se puede afirmar que existen muchos riesgos de alteración de los resultados que tienen que ver con que la propiedad del software todavía sigue mayoritariamente en cabeza de un privado.
“Hacer un fraude es posible de muchas formas y si se habla de los sistemas que desarrolla y controla para la registraduría la Unión Temporal Disproel, durante el ciclo electoral, es sin duda algo que podría suceder y que ya sucedió en el pasado (refiriéndose a las curules del Mira)”, dice Pilar Sáenz, de Karisma.
En las elecciones a Congreso de 2022 también hubo una diferencia muy grande entre el preconteo y el escrutinio del 7%, cuando usualmente es alrededor del 0,5%.
Sobre las razones de esa inconsistencia en los resultados, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), planteó la imposibilidad de que la Registraduría pudiera responder preguntas claves sobre lo que pasó, por no tener acceso a la información: “¿La fuga estuvo en la transmisión, en la captura, en el software? Sería importante que Disproel, empresa contratada para la transmisión de datos, diera las explicaciones, cuáles son las mejoras y medidas adoptadas para que esto no se repita en las elecciones a la Presidencia”, dijo Barrios en su momento.
En entrevista con Blu Radio, Barrios aclaró que ese error sucedió en la transmisión (preconteo) de los votos, y no en el escrutinio, el que es oficial, que sí está a cargo de jueces y notarios como lo mencionamos anteriormente.
El sistema electoral tiene fallas estructurales y muchas radican en los procesos de contratación que sigue la Registraduría. Tras las elecciones de 2022 y 2023, la MOE encontró que: esa entidad no divulgó el cronograma de contratación; la contratación no concordó con el calendario electoral; no se garantizó que el software de escrutinios fuera propiedad del Estado (como lo recomendó el Consejo de Estado); hubo limitaciones a la competencia en la contratación; y restricciones a las auditorías, y, por último, se presentaron fallas en el funcionamiento de algunos softwares contratados por la Registraduría.
Además de la MOE, Karisma, también ha advertido sobre los riesgos que tiene el sistema electoral. En 2018, por ejemplo, encontró que “el software es vulnerable, que no ha sido diseñado para ser controlado, que no se ha hecho nunca una auditoría independiente al sistema de escrutinio, y que existen muchas oportunidades de mejora en materia de transparencia y acceso a la información generada en el proceso electoral”.
Pilar Sáenz, investigadora de esa organización, dice que en otros países, como en México, el Estado desarrolla su propia capacidad para escrutinio: “no adquieren el software, sino que lo desarrollan y mantienen por ellos mismos”. Ella explica que existe un consenso en que lo ideal sería que los países desarrollen su propia capacidad y evitar la dependencia de los proveedores. “Si no se tiene, se debe poder tener la capacidad de supervisar y verificar. Por eso los temas de auditoría son tan importantes”.
Lo que pasa cuando esa tecnología está en manos de privados, complementa Carolina Botero, también de Karisma, es que se pierde la posibilidad de auditoría: “te obligan a firmar acuerdos de confidencialidad o dicen que porque es propiedad intelectual no puedes revisar el código fuente”. Para ella, el problema no se soluciona solo con que el Estado tenga el software, sino con garantías de transparencia y auditoría: “durante décadas en el proceso electoral han existido pocas garantías para la observación ciudadana, pobres auditorías que además no son públicas”.
Esto, según Alejandra Barrios, de la MOE, sigue siendo en gran medida responsabilidad de la autoridad electoral: “quién decide qué es lo que hacen las empresas es la Registraduría, no es la empresa. A la empresa la contratan con unos pliegos de contratación absolutamente claros donde inclusive les dicen qué es lo que no pueden hacer público”.
El exmagistrado del CNE, Armando Novoa, designado por el gobierno Petro ahora como jefe negociador con la Segunda Marquetalia, concuerda y dice que: “No tiene controles externos. El software que maneja Thomas Greg ya tuvo una penetración fraudulenta. Eso fue objeto de decisión del Consejo de Estado”.
Ahora bien, en los términos que el presidente Petro ha planteado la discusión, que es la posibilidad de que Thomas Greg haga un “fraude monumental”, que se puede interpretar que es aquel que implicaría una alteración burda de las cifras o voltear una elección, las expertas y expertos consultados coinciden en que es muy difícil que pasara desapercibido —y por ende que se llevara a cabo—, dado el hecho de que Thomas no controla completamente las elecciones como lo explicamos antes.
“El sistema electoral colombiano tiene un conjunto de garantías que ha permitido subsanar situaciones complejas porque quedan evidencias en papel y hay mecanismos para el seguimiento y control, como el de las comisiones escrutadoras”, agrega Sáenz.
Carolina Botero, vinculada también a esa organización, menciona que una razón que ha librado al país de debates o alegatos más fuertes sobre fraude ha sido que “nunca se desmontó el muy detallado, burocrático y complejo voto manual. Ese sistema tan criticado es lo que ha mantenido la trazabilidad del voto y permitido a los partidos la garantía suficiente de seguimiento y control. Eso sí, a un alto costo, pues requiere ejércitos humanos y Petro terminó desarrollando incluso modelos de seguimiento con datos para poder vigilar y protestar a tiempo”.
Como Petro habló de un fraude “monumental”, para Sáenz eso no pasaría desapercibido. “En ese caso nos daríamos cuenta y, como en las elecciones de Congreso de 2022, entre las comisiones escrutadoras y los testigos, la cosa se ajustaría”. Pero si la elección es competida, como también se ha dado en elecciones como la del plebiscito por la paz, o como podría suceder en unas presidenciales, sería muy difícil detectar una manipulación, según la misma investigadora.
En suma, es engañoso decir que Thomas Greg “controle” por completo las elecciones y pueda hacer un fraude “monumental”. Esa empresa sí es la encargada de la logística, acceso a información para las elecciones y gran parte de la tecnología usada.
El descubrimiento tardío del sabotaje a Mira en 2014 o las diferencias inusuales entre preconteo y escrutinio en 2022, cuyas explicaciones son opacas aún, son muestra de los riesgos del sistema por su poca transparencia, acceso o trazabilidad. Algunos de esos problemas sí se derivan de la tercerización de ese negocio en privados, y de la falta de garantías y exigencias a estos terceros desde los pliegos de contratación que realiza el Estado. Pero el voto físico y el hecho que el proceso sea monitoreado por jueces, notarios, y testigos electorales que documentan la información en físico hacen poco probable que un fraude de grandes magnitudes pase desapercibido.
3. “(Thomas Greg & Sons) se pasó por la faja la orden del Consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la Registraduría”: engañoso.
La orden del Consejo de Estado a la que se refiere es la sentencia de 2018 sobre el caso del Partido Mira, en la que la Alta Corte exhortó a la “Organización Electoral” “para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección”.
En las elecciones de 2014, en que se presentaron esas irregularidades, la Registraduría contrató a la Unión Temporal Soluciones Informáticas integrada por Thomas Greg & Sons, Thomas Processing & Systems, Carvajal, Grupo ASD y Manejo Técnico de Información.
Como el fallo del Consejo de Estado llegó pocos meses antes de las elecciones de 2018, esa misma unión temporal manejó la logística de las elecciones ese año y el software de escrutinio no fue propio de la Registraduría.
Para las elecciones de 2022, como contamos antes, la Registraduría contrató dos softwares de escrutinio. Solo fue el software para el escrutinio nacional el que adquirió el Estado, a cargo de Indra. El que cuenta las mesas a nivel zonal, municipal y departamental sí quedó a cargo de la unión temporal que controla Thomas Greg.
Y así lo detalló en esta tabla la MOE.
No hay consenso sobre si en las regionales de 2023 se usó el software que compró el Estado para el escrutinio nacional. En un reciente informe, la MOE dice que no se usó. Pero según Pilar Sáenz, de Karisma, no hay claridad al respecto. La Silla consultó al CNE y al momento de publicado este Detector no obtuvimos respuesta.
Para Carolina Botero, investigadora de esa organización, no se entiende por qué la Registraduría solo acató la recomendación del Consejo de Estado para la labor de escrutinio que hace el CNE.
La MOE concluyó en un informe que esa división “no solo es contraria a lo resuelto por el Consejo de Estado, sino que dificulta la posibilidad que se garantice la trazabilidad de la información de manera integral, en particular, ante la ausencia de información pública por parte de la Registraduría en torno a los mecanismos que serán empleados con este propósito”.
En cualquier caso, contrario a lo que sugiere Petro, el acatamiento de la recomendación del Consejo de Estado, no es responsabilidad de Thomas Greg, sino de la Registraduría. La Silla contactó a esa entidad, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, en la práctica el cumplimiento parcial de la sentencia, sí ha permitido que Thomas Greg obvie indirectamente la instrucción de la Alta Corte, dado que sigue administrando parte del escrutinio con un software propio que tiene las limitaciones y riesgos señalados.
Conclusión
Es engañoso que Thomas Greg maneje las dos palancas de las elecciones: el control de toda la base de datos de los colombianos y el control del escrutinio de las elecciones. Y que por eso puede hacer un “fraude monumental”.
Primero, es falso que Thomas Greg & Sons “controle la base de datos de todos los colombianos”. Si bien desde 2010 ha manejado la logística de distintas elecciones en Colombia, y por ello tiene acceso al Archivo Nacional de Identificación del Estado (como también lo tienen los bancos), no puede alterar los datos. Esta facultad solo la tiene la Registraduría.
También es falso que Thomas Greg controle “el escrutinio de las elecciones”. Este proceso, que es realizado días después de las elecciones y es el conteo y consolidación legal de los votos, lo hacen comisiones escrutadoras integradas por jueces, notarios y registradores. También lo acompañan testigos electorales, abogados y delegados del CNE. Thomas Greg maneja el software por el que se transmiten los datos del escrutinio, pero esto no significa que controlen dicho proceso.
La afirmación del presidente de que Thomas controla las elecciones y puede hacer un fraude monumental, por otra parte, es engañosa. Esa empresa sí es dueña del software con el que se digitalizan y procesan los resultados de la mayoría de etapas del proceso de escrutinio. Y organizaciones expertas, y el mismo Consejo de Estado, han alertado sobre los riesgos que ese software esté en manos de privados, que van desde la falta de auditorías y la falta de exigencias a estos terceros en los pliegos de contratación.
Ya en 2014 esa tecnología fue manipulada y el Mira perdió injustamente tres curules. Pero la posibilidad de un fraude de grandes magnitudes difícilmente pasaría desapercibido dado el sistema de voto físico que aún tiene Colombia y el hecho de que en diferentes etapas, autoridades distintas vigilan los resultados y dejan la información registrada en documentos.
Por último, en 2018 el Consejo de Estado sí recomendó que el Estado tuviera su propio software para las elecciones, y esto solo ha sido cumplido de forma parcial, por lo que los resultados de las elecciones de 2022 todavía se procesaron en parte con el software de Thomas Greg. Pero esta empresa no es la encargada de acatar esa solicitud, sino que los responsables son las autoridades electorales: el CNE y la Registraduría. Por lo cual la afirmación de Petro de que Thomas se pasó por la faja esa sentencia es engañosa.
La Silla Vacía es parte del International Fact-Checking Network (Ifcn), la alianza global de verificadores de datos. Como parte de la alianza, firmamos y acatamos un código de principios, que pueden conocer acá
