Se trata de una solución agridulce. El Grupo Aval, del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, aceptó su responsabilidad ante autoridades de Estados Unidos por los sobornos que pagó con Odebrecht a funcionarios colombianos en el marco del polémico contrato de la Ruta del Sol II. Con eso, el conglomerado de Sarmiento asume una responsabilidad institucional, y reconoce que incurrió en prácticas corruptas. Se trata de un paso que Aval no había dado en Colombia, y viene con el compromiso de mejorar sus prácticas contra la corrupción.
Por otro lado, el acuerdo, en el que pagarán 80 millones de dólares en multas, cierra el caso penal y administrativo en Estados Unidos. La responsabilidad de los sobornos recae explícitamente sobre José Elías Melo, el exdirector de Corficolombiana, la banca de inversión privada del Grupo Aval, quien paga una condena por 11 años en Colombia por los sobornos.
Pero no exonera explícitamente a otros directivos, como se publicó en El Tiempo, el periódico de Sarmiento. Aval paga para concluir con la investigación en el Departamento de Justicia, que podría volver a reabrir si incumple o encuentran nuevas pruebas en contra de la compañía o algún funcionario. Con eso protege al hijo de Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien es el presidente del Grupo Aval, y a Néstor Humberto Martínez, exfiscal general y abogado de Sarmiento. A cambio de millones de dólares, la compañía paga una multa para el cierre de una investigación penal que pudo haber sacudido al establecimiento colombiano.
Aval asume el sello de corrupto
La decisión de EE. UU. clausura un capítulo costoso económicamente para el Grupo Aval y también para su reputación. “Más que cualquier cosa, es una buena noticia para Aval. Se cierra el capítulo, pero con eso se le pone un piso a los costos del problema. Antes de esta decisión estaba abierta la posibilidad de costos que nadie sabía a cuánto podían llegar. Y esa incertidumbre es muy perjudicial para las operaciones de una compañía”, opina Javier Mejía, economista colombiano en Stanford quien ha estudiado los grupos de poder económicos en Colombia.
El acuerdo de Aval con EE. UU. lo hace a través de dos entidades: la SEC o Comisión de Valores de Estados Unidos, que es como la superfinanciera gringa, y el Departamento de Justicia. En el primero asume su responsabilidad administrativa de los sobornos y en el segundo hace un acuerdo para evitar cargos penales. Ambas cosas a cambio de una multa millonaria. Y ese acuerdo es, además, binacional. Es decir, cierra también el capítulo con las autoridades financieras acá.
“Bajo el DPA, el acuerdo de persecución diferida, la compañía está pagando una sanción penal sustancial y continuará cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales relacionadas con esta conducta. Mi oficina se complace en ser parte de este primer enjuiciamiento conjunto de soborno FCPA con las autoridades colombianas”, dijo al respecto el fiscal federal del distrito de Maryland, Erek L. Barron.
Como parte del trato, Corficolombiana tendrá que seguir colaborando durante tres años con las autoridades gringas y colombianas en la lucha contra la corrupción. Además, Estados Unidos aceptó bajarle a la mitad la multa de 40 millones de dólares que le tiene que pagar al Departamento de Justicia. La condición es que retire las apelaciones que tiene del caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia.
Es decir, que si retiran esas apelaciones, las multas ya no serían de 80 millones de dólares, sino de 60 millones de dólares.
En otras palabras, el Grupo Aval sí es declarado culpable y tendrá que seguir colaborando con la justicia, así su investigación se haya cerrado.
Eso contrasta con la narrativa de medios que reportaron la noticia como El Tiempo y Caracol Radio. “Justicia de EE. UU. deja libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht”, se lee en el titular de un artículo de El Tiempo, que no quedó destacado en su momento como la noticia más importante de su portal web. La Casa Editorial El Tiempo fue adquirida por el Grupo Aval en 2012.
Una reacción similar se vio en Caracol Radio, propiedad de los españoles del Grupo Prisa. Ese medio es uno de los que ha vendido publicidad al Grupo Aval, recientemente para su campaña para destacar sus inversiones. La postura de Prisa es curiosa, si se tiene en cuenta que ahí trabaja ahora el exprocurador Fernando Carrillo como consejero, quien cuando estaba en el ministerio público impulsó una acción popular en contra de Odebrecht.
Los cabos sueltos del caso Odebrecht
En la decisión de Estados Unidos, el Grupo Aval asume la responsabilidad por los sobornos, pero Melo aparece como el único individuo involucrado. Ni en el documento de la SEC, ni en el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. hablan de más personas, más allá de la responsabilidad de Corficolombiana como compañía. Es decir, la culpa de los sobornos reposa exclusivamente en Melo.
“La decisión evidencia la corrupción de Melo y Corficolombiana, que al principio tanto se empeñaron negar. También muestra que todas las empresas enfrentan serios riesgos de corrupción, los cuales son más difíciles de prevenir y sancionar cuando los involucrados son sus presidentes u otros administradores, y cuando los controles son ignorados”, le dijo a La Silla Juan Pablo Contreras, del Instituto Anticorrupción.
Una muestra de lo que dice Contreras está el comunicado publicado en información relevante de la Superintendencia Financiera el 8 de marzo de 2017, en el que Corficolombiana negó tener conocimiento de cualquier tipo de sobornos. “Descartamos con absoluta certeza que Corficolombiana haya efectuado pagos ilícitos a funcionarios o intermediarios”.
El papel exclusivo de Melo deja en el aire las denuncias que había hecho Jorge Enrique Pizano, un auditor contratado por el Grupo Aval para revisar el contrato de la Ruta del Sol II, y quien dijo que el Grupo Aval sabía de los contratos falsos para procesar los sobornos.
“El Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht, como insisten en decir, porque ellos sabían que había muchas cosas raras pasando desde 2013”, le dijo Pizano a la periodista María Jimena Duzán, antes de haber muerto en extrañas circunstancias por un paro cardiaco.
Pizano también había apuntado a Néstor Humberto Martínez, quien ha sido asesor y abogado de Luis Carlos Sarmiento y fue fiscal general en medio del escándalo de Odebrecht. Según audios que grabó Pizano con Martínez, él sabía de los sobornos. “Es una coima, marica”, se escucha decir al exfiscal, en una publicación que hizo Noticias Uno. Sin embargo, el exfiscal ha negado en varios escenarios que eso sea cierto, aunque tuvo que recusar de la investigación y fue nombrado un fiscal ad hoc para asumir la investigación de Odebrecht.
Ahora, con la decisión en Estados Unidos, queda un manto de tranquilidad sobre los otros posibles involucrados en el caso corrupción, como el propio exfiscal o Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien hoy dirige el Grupo Aval. Martínez había denunciado ante autoridades de Estados Unidos que había una conspiración en su contra. Y Sarmiento Gutiérrez había sido mencionado por uno de los ejecutivos brasileños de Odebrecht de tener conocimiento de los sobornos.
Pero del caso Odebrecht aún quedan otros cabos sueltos que le quedan a la justicia colombiana. Uno de esos es el de la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2014. Hace un mes, la Fiscalía acusó formalmente a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo, gerente de su campaña, por haber recibido plata de Odebrecht.
Sin embargo, la investigación en contra de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, por haber recibido supuestamente plata de Odebrecht, sigue quieta en la Fiscalía. Esa línea involucra a los contratistas de Odebrecht Andrés Sanmiguel y Javier Torres. La Fiscalía ordenó imputarles cargos hace cinco años, pero a Torres le archivaron el caso y la Fiscalía se niega a explicar por qué. Y en el caso de Sanmiguel, nada que se concreta ese paso, que antecede el ir a juicio. Ellos están relacionados con dos alfiles de la reelección de Santos: Simón Gaviria y Álex Char.
Andrés Sanmiguel era el dueño de Gistic Soluciones, una empresa que firmó un contrato por 4.000 millones de pesos con la concesión de Odebrecht, donde también estaba el Grupo Aval. En 2018, Sanmiguel confesó en la Fiscalía que ese contrato nunca se ejecutó, pero que sí recibió la plata a su cuenta, justo ad portas de la campaña reeleccionista. Según él, la sacó del banco y entregó en efectivo a Esteban Moreno, que trabajaba con el partido Liberal, y su socio David Portilla.
Javier Torres también tiene pendiente que la Fiscalía le impute cargos porque su empresa, consorcio Torrosa, firmó otro de los contratos chimbos con Odebrecht, por 9.400 millones de pesos. Torres fue uno de los megacontratistas de la Alcaldía de Barranquilla durante el periodo de Álex Char, quien a su vez fue clave para conseguir los votos de la reelección de Santos en el Caribe, sobre todo en el Atlántico.
Aunque la investigación por corrupción se cierra en Estados Unidos, en la justicia colombiana todavía quedan por resolver cabos que involucran más líderes y cabezas del establecimiento. Y la tarea quedará en manos del próximo o la próxima fiscal de Colombia.
