La Paz Total es el norte del gobierno Petro. Pero, en varias regiones, por cuenta de ella, la Fuerza Pública se ha quedado sin brújula. A seis meses de haber arrancado el Gobierno, y sin que se conozca todavía cuál es su política de seguridad, las comunidades se sienten más desprotegidas que nunca.
Así lo confirmó La Silla haciendo reportería con comunidades en Caldono, Buenos Aires y Suárez en el Cauca. En Arauca, Arauca. En Angostura, Yarumal y Tarazá, en Antioquia, y en Montes de María, en Bolívar. De las ocho zonas que revisamos, solo en Catatumbo encontramos que las comunidades se sienten más empoderadas por las políticas oficiales.
“Van seis meses y aún no hay una política de seguridad por parte del gobierno, eso limita el accionar de la Fuerza Pública porque no saben a quiénes pueden combatir y a quiénes no”, dice Victor Barrera, investigador del equipo Estado, Conflicto y Desarrollo del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). “También resta certeza operacional por temor a pasar las líneas rojas de este gobierno o por no tener claridad de cuáles son los resultados que espera”.
Los ejemplos abundan.
En Caldono mandan los ilegales
“A la Paz Total la veo aún muy lejana, parece más bien algo simbólico”, dice Lucio Guetio, representante de las Autoridades Indígenas de Caldono, un municipio al norte del Cauca en el que el 70 por ciento de su población es indígena. Guetio cuenta que desde hace un año, cuando el ELN entró al territorio en el que la disidencia de las Farc Dagoberto Ramos está desde 2017, han aumentado las amenazas y los homicidios.
Los elenos, al parecer aliados con la Segunda Marquetalia del disidente Iván Márquez, le disputan el control territorial a la Dagoberto, que también tiene el apoyo de la columna Jaime Martínez. La Dagoberto viene sumando informantes entre los jóvenes a cambio de motos o celulares, lo que ha creado una profunda desconfianza al interior de la comunidad indígena.
Por ahora, el cese al fuego entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc ha significado que no hay combates entre ellos. Pero los grupos armados ilegales siguen enfrentándose entre sí y atacando a la comunidad. En Caldono en 2021, la Policía reportó 15 asesinatos por arma de fuego. El año pasado, la cifra se duplicó.
“Ahora buscan a la gente en las casas y la matan. Luego dicen que se equivocaron. Acá rotan panfletos firmados por un grupo y luego ellos dicen que no, que lo hizo el enemigo para hacerlos quedar mal”, comenta Guetio.
El 17 de diciembre, en el barrio Bello del casco urbano de Caldono la fiesta navideña fue interrumpida por la llegada de unos ocho guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de camuflado, con fusiles en la espalda y su rostro cubierto por pañoletas con la bandera de la guerrilla. El despacho del alcalde estaba vacío porque tres días antes, el mandatario Vicente Otero había recibido un panfleto amenazante atribuido al ELN con amenazas. Unos metros atrás, la Estación de Policía había sido atacada en junio por las disidencias.
La disputa territorial en Caldono viene desde el gobierno de Duque, y por eso el presidente Petro instaló allí el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida (Pmuv) —su estrategia para proteger a los líderes sociales y a la comunidad— recién arrancando su gobierno. Sin embargo, en Caldono —como en el resto del país— los resultados de los Pmuv aún están por verse, como lo demuestra este estudio de la Fundación Ideas para la Paz.
“Antes, en los años más duros del conflicto, uno sólo veía a los grupos ilegales en la cabecera cuando eran las tomas guerrilleras. Ahora quieren estar acá como si nada —dice Guetio —. La Policía no hizo nada cuando el ELN patrulló. Eso lo deja a uno con muchas inquietudes: ¿Quién es la institucionalidad aquí?”.
La historia de Caldono y la pregunta de Guetio se repite en varios municipios de Colombia. En estos lugares prevalece la sensación que la política de seguridad ha quedado subordinada a la Paz Total, que nadie en el territorio entiende en qué consiste. El Comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha firmado acuerdos de cese bilateral con varios grupos pero como ha mantenido en secreto cuáles son las comunidades desconocen cuál debe ser la actitud de la Fuerza Pública cuando los violan.
Después de más de una década de un esfuerzo gigantesco de Colombia para recuperar el control territorial a partir de la Seguridad Democrática y de la reincorporación de las Farc, la incapacidad del segundo gobierno de Santos y de Duque por ocupar los territorios abandonados por la guerrilla de Timochenko se ha profundizado en este gobierno. La sensación en varios de los lugares donde hicimos reportería es que la Fuerza Pública es la única que ha cesado sus actividades militares.
“El gobierno todavía no tiene una estrategia de seguridad a nivel territorial”, confirma María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, que le hace seguimiento al conflicto en todo el país. Según su centro de investigación, en los tres primeros meses del gobierno de Petro, la Fuerza Pública redujo en un 70 por ciento las acciones en contra de los grupos ilegales y los grupos ilegales redujeron en un 73 por ciento su accionar contra la Fuerza Pública, pero aumentaron en un 79 por ciento los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales comparados con los mismo meses de 2021. No hay cifras más recientes porque el ministerio no las está publicando.
En Buenos Aires y Suárez la disidencia es la autoridad
“La gente está sometida”, nos dijo una líder social que conoce el conflicto en Buenos Aires y Suárez, Cauca.
La situación comenzó a empeorar desde mitad de 2022, cuando el Ejército mató a ‘Mayimbú’, el jefe máximo de la disidencia Jaime Martínez. Los guerrilleros, sintiéndose traicionados por la comunidad, reforzaron el control de la población por medio de extorsiones a comerciantes, amenazas a líderes sociales, asesinatos por sospecha, multas por peleas entre vecinos, permisos para transitar, trabajos en las vías como castigo por hacer fiestas ruidosas y milicias por todo el casco urbano que informan quién llega y quién se va.
Similar pasó en Buenos Aires, un municipio que como Suaréz es clave como ruta del narcotráfico por conectar Valle y Cauca y por el río Naya, por el que se mueven drogas y armas ilegales.
En Buenos Aires, según versiones que conoció La Silla, un reincorporado empezó a formar lo que llamó “La Segunda Marquetalia” con un grupo de jóvenes del corregimiento que luego se le sublevaron y lo mataron.
Desde entonces, la disidencia Jaime Martínez gana cada vez más control. En diciembre, un hombre que se identificó como comandante de la misma, reunió a líderes del municipio para darles la orden perentoria de sacar al Ejército de la zona si no querían “caminar sobre los muertos”. Al final, según una persona que conoce el corregimiento, los militares se fueron de la zona por voluntad propia y no han vuelto.
Hoy, en Mazamorrero, las personas solo pueden salir de 6 a.m. a 6 p.m. La disidencia ha advertido que antes de ese horario “no se hace responsable de lo que pase”. De las 27 casas que hay en un sector, solo cinco están habitadas y el colegio sólo tiene 90 de los 327 estudiantes que recibía.
“Si la Fuerza Pública estuviera acá nosotros nos sentiríamos más seguros. Ya hace falta que los combatan porque están haciendo mucho daño”, dice una persona que lleva años viviendo en el municipio. Asegura que igual que la mayoría de los habitantes de Buenos Aires, votó por Petro y que sigue creyendo en el cambio. Pero también dice que en los últimos seis meses el único cambio que ha percibido es una reducción de las capacidades y las funciones de la Fuerza Pública.
En el norte antioqueño, la impotencia ante los armados
En Caucasia, en el bajo Cauca antioqueño, un militante de la Colombia Humana se queja de que la Paz Total que propone el gobierno de Gustavo Petro aún no haya llegado a su región.
“Debemos revisar los grupos que hacen parte de esos acuerdos”, dice. “Ellos siguen delinquiendo, extorsionando y amenazando en los territorios. Cometen crímenes de toda índole”.
Y es que no fue un episodio aislado el que tuvo tanto despliegue mediático en febrero, cuando se conoció un video de unos guerrilleros de las disidencias del Frente 36 de las Farc que se tomaron una escuela en la zona rural de Yarumal, en la subregión Norte de Antioquia, y se grabaron entregando regalos y jugando con los niños.
“La entrega de los kits escolares, como la masacre cometida, son mensajes claros del poderío de la disidencia del Frente 36 de las Farc. Es una forma de llamar la atención del Gobierno Nacional para que los llame al cese al fuego”, dice Sergio Mesa, periodista de Yarumal.
El periodista agrega que hay un grupo criminal conocido como ‘Los Miguelones’, que son los que han cometido en enero la mayoría de homicidios en Yarumal y que están copando los espacios en donde hay una retirada de estructuras criminales firmantes del cese bilateral. El viejo reciclaje de la guerra, que es precisamente lo que en teoría quiere evitar la Paz Total.
“La seguridad en la región se ha deteriorado. Es necesario activar la comisión de verificación del cese bilateral y que haya un copamiento del Estado en las zonas que vayan a dejar las estructuras criminales. Sobre todo para evitar el repliegue de actores que vuelven a armarse, como sucedió con la desmovilización paramilitar y con el proceso de paz con las Farc”, dice Mesa.
“Mi corregimiento tiene miedo, terror”, dice Rodrigo Escobar, presidente de la Junta del Corregimiento de La Loma, Yarumal. “Estamos en medio de los grupos. El 23 de enero saqué una persona comida de los gusanos de allá. El 26 me dijeron que era objetivo militar y mi esposa gritando que no fuera porque me iban a matar”, contó Escobar en el Puesto de Mando Unificado liderado por Petro y el gobernador Aníbal Gaviria, realizado el 8 de febrero.
A una hora de Yarumal, en Campamento, la sensación de desolación es parecida.
“Las instituciones municipales deben ser garantes del proceso de la Paz Total. Hoy por hoy ocurren hechos y la institucionalidad responde que no tiene conocimiento de lo que está sucediendo entre el gobierno y los grupos armados —dice Jainover Jiménez Restrepo, presidente de Asocomunal de Campamento— Inician un proceso, un cese al fuego bilateral. Pero nosotros quedamos en medio, sin conocimiento”.
En Angostura, a 45 minutos de Campamento, el 5 de febrero, alias “Primo Gay”, comandante de las disidencias del Frente 36 de las Farc, se atribuyó a su organización la masacre de tres miembros de una misma familia, uno de ellos un joven de 17 años. La razón que dio para su “ajusticiamiento” fue que se “estaban organizando con bandas paramilitares”.
En este municipio antioqueño, como en los otros de la región, la percepción es que la Fuerza Pública está maniatada. Por eso, alertas recientes de la Defensoría piden fortalecer su presencia en las zonas rurales de Yarumal, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Angostura y Campamento. La sensación es que han sido ignoradas.
Y la historia se repite en otras geografías
Hace unos días, un grupo de hombres fuertemente armados del Clan del Golfo, se tomó la población de La Haya, un corregimiento del municipio de San Juan Nepomuceno, en Montes de María; sacaron a todas las personas de sus casas y las reunieron en la plaza. Dijeron que no atentarían contra ellos, que iban solo por “delincuentes”. La Fuerza Pública llegó a la madrugada, cuando ya se habían ido, y desde entonces, la zozobra es grande.
En Arauca, también. La guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc no ha dado tregua desde inicios de 2022. El Gobierno, en cabeza del alto comisionado Danilo Rueda, estuvo en la región en noviembre pasado comprometiéndose a mediar entre los grupos para desescalar esa guerra.
En diciembre pasado, cesaron los enfrentamientos entre ambos grupos pero más por el cese al fuego que el ELN suele decretar en temporada navideña. Sin embargo, continuaron los asesinatos selectivos y los secuestros de personas en retenes de uno u otro grupo, en medio del control territorial que están ejerciendo en la zona rural de los municipios de Tame y Puerto Rondón.
La primera semana de enero de este año la población de esa zona rural (comprende cerca de 40 veredas) quedó confinada porque el ELN y las disidencias volvieron a enfrentarse y salir implicaba correr el riesgo de quedar en fuego cruzado o caer en retenes.
Y a pesar de la visita de Rueda (que fue secreta), en Arauca están reclamando mayor presencia del Gobierno.
El Ejército en esa región ha quedado relegado en la discusión sobre ese conflicto de grupos ilegales. Tal y como le dijo a La Silla una fuente oficial de la región y un líder social que está cerca al Gobierno que tienen contacto con la Fuerza Tarea Quirón del Ejército, los ánimos internamente están caídos al sentirse maniatados porque la orden interna es no enfrentarse.
En medio de esa guerra de guerrillas, el único operativo a gran escala que el Ejército ha liderado durante el gobierno Petro fue tras la exposición mediática que tuvo el último enfrentamiento del ELN y las disidencias en enero. A los 15 días, el Ejército entró a ese territorio y capturó a ocho miembros del ELN y un menor de edad. De resto, ha estado replegado.
Catatumbo, la historia esperanzadora
La única historia de éxito que encontramos fue en Catatumbo, donde la crisis del mercado de la coca y el ambiente del cese al fuego bilateral sí le ha devuelto tranquilidad a la región, en comparación con lo que vivieron durante el Gobierno Duque.
En los últimos dos años de Gobierno hubo una racha de planes pistola por parte de las disidencias del Frente 33 de las Farc y el ELN en contra de la Fuerza Pública en municipios como Tibú y El Tarra, con ataques permanentes a estaciones de Policía que confinaban a la gente. Esos enfrentamientos no volvieron a ocurrir desde que inició el Gobierno Petro.
Dos factores influyeron de parte de la Fuerza Pública: cesaron los operativos de erradicación forzada, la principal razón por la que la guerrilla impedía avanzadas del Ejército, y cesaron los operativos. Incluso, en octubre y enero de este año, disidentes se pasearon por las calles de tres municipios de esa subregión y no hubo respuesta alguna de la Fuerza Pública, como sí sucedió cuando hicieron lo mismo en julio pasado en Tibú, aún durante el gobierno de Iván Duque.
Además, como reveló La Silla, la crisis del mercado de la coca allá está auspiciada en parte por los grupos ilegales. Tanto ELN como disidencias accedieron a desincentivar la compra y venta de coca en esa subregión (que lidera las hectáreas cultivadas en el país), como muestra de buena voluntad para negociar con el gobierno.
Los líderes cocaleros en la región se han sentido nuevamente empoderados, tras las visitas recurrentes del gobierno y el propio Presidente, quien ha ido dos veces a El Tarra.
A diferencia del gobierno pasado, en el Catatumbo los líderes sociales y cocaleros han podido tener interlocución directa con Petro y también con el director del programa de sustitución, Felipe Tascón, que incluso ha visitado comunidades en veredas.
Eso, según relatan los líderes, les ha brindado confianza para participar en las reuniones con el gobierno, a pesar de que aún no hay una ruta clara sobre qué pasará con la sustitución.
Sin embargo, según los mismos líderes sociales, son avances frágiles. Sobre todo si el mercado de la coca se reactiva antes de que las negociaciones con los grupos ilegales avancen.
Incluso allí, la seguridad está condicionada por los avances en la Paz Total.
