Gustavo Petro cumple un año en el gobierno. Llegó la hora de los balances. Dado que se pueden anticipar muchos subrayando, incluso exagerando, los errores, las debilidades, la falta de resultados y las consecuencias negativas, puede ser útil resaltar los efectos positivos que ha traído para la democracia que se hubiera elegido, por primera vez, un gobierno de izquierda en Colombia.

Hay algunos que se hubieran podido anticipar, como los que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema institucional y la llegada al gobierno de personas provenientes de sectores sociales distintos a los que tradicionalmente ocupaban los más altos cargos oficiales, pero hay otros que han resultado inesperados como la disciplina fiscal y el abierto alineamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia.

Llevamos décadas quejándonos de la subordinación del legislativo al ejecutivo y de la debilidad general del sistema de controles institucionales y no institucionales, tradicionalmente sometidos al poder presidencial. Muchos se oponían a la elección de Petro porque suponían que habría, como ha ocurrido en otros países, a la manera de lo que esos mismos aplauden de Bukele, una especie de captura de todos los poderes en cabeza del ejecutivo. Paradójicamente, su elección fortaleció la independencia de poderes, activó -incluso hasta el abuso- los roles de la Fiscalía y la Procuraduría, incentivó el control social de la gestión pública y puso alerta a los medios de comunicación.

Esa primera consecuencia, trajo una segunda, la de la necesidad de conformar una coalición plural, que por sí sola morigera el presidencialismo y por esa vía el resurgimiento de los partidos políticos. Petro intentó una coalición de centro izquierda, más simbólica que real porque era con personas y no con partidos, él mismo la disolvió y lleva varios meses tratando de reconstruirla. Está claro que no hay cómo gobernar sin coalición, es decir, sin negociar, sin ceder, sin llegar a acuerdos.

Los partidos, de la noche a la mañana, se volvieron actores importantes. Hoy todo el mundo habla de las bancadas y de la decisión de bancada, conceptos que eran prácticamente desconocidos. En el período anterior, los partidos adoptaron muy pocas decisiones de bancada. Me atrevo a decir que varios nunca usaron ese mecanismo y que otros lo hicieron, solo excepcionalmente, dos o tres veces. El Partido Conservador está tomando casi todas sus decisiones en bancada e incluso ha pretendido establecer una férrea disciplina entre sus congresistas. Cambio Radical recuperó su condición de organización, su “jefe natural” lidera, la U delibera y en el Partido Liberal, su director, tira línea, publica documentos, fija posturas. Las bancadas del Pacto Histórico viven reunidas. Quizás solo los verdes andan dispersos, lo que los debilita.

Si la activación del sistema de controles y el resurgimiento del rol de los partidos profundiza la democracia, el hecho de que haya cambiado el perfil, el origen social, la orientación ideológica de quienes conforman el gobierno aporta mucho a la legitimidad, así como a la comprensión de los problemas y al aporte de nuevas visiones para su solución.

Que haya varias personas negras del Pacífico, que se haga el esfuerzo de tener un gabinete paritario, que la mayoría de los ministros sean profesionales formados en universidades públicas, que varios hayan tenido que cerrar sus casas en sus sitios de origen para improvisar apartamentos en Bogotá, que no hayan formado parte de la “tecnocracia” que copó los centros de decisión económica en los últimos cincuenta años, que se hayan formado en colegios públicos e incluso que varios hayan tenido que superar duras condiciones de pobreza significa un cambio profundo, positivo en términos de legitimidad, posiblemente doloroso en términos de falta de experiencia.

Claro, que muchos, casi todos, encabezados por el propio Petro, son críticos del sistema y políticamente militantes de izquierda, lo que generó miedo entre empresarios y economistas clásicos. Sin embargo, y esa es la cuarta consecuencia positiva del primer año del gobierno, los temores parecían infundados. Ahora parece claro que Petro no lidera un gobierno que tenga el propósito de hacer una gran revolución económica, la propiedad privada no está en riesgo e incluso renuncia a usar instrumentos constitucionales como la expropiación para no activar ese miedo.

Las “reformas” como se ha llamado a los proyectos de ley de reforma del sistema de salud, pensional y con el que se introducen modificaciones al viejo Código del Trabajo, pueden ser técnicamente malos, pero incluso en el muy improbable escenario de su aprobación, no significan un cambio estructural en las reglas del juego económico.

El manejo económico de Petro resultó más ortodoxo de lo esperado, incluso promueve el desmonte de los dos subsidios que más ponen en riesgo las finanzas públicas, el de los combustibles y el de las pensiones altas. Claro, confía más en el papel del Estado que en el de “la mano invisible” para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos, pero esa es una discusión larga y no cerrada en la que lo único que ha quedado claro es que ninguna posición es definitiva.

Finalmente, y también en forma inesperada para muchos, el Gobierno de Petro ha traído un mejor relacionamiento internacional de Colombia con los Estados Unidos, su interlocutor más importante, con los países de la Unión Europea y con buena parte de los latinoamericanos. Esta consecuencia es, incluso, a pesar de posturas y gestos del gobierno que podrían producir el resultado contrario, como la posición frente a la invasión a Ucrania y la intromisión en asuntos internos de países como el Perú.

Ningún gobierno había estado tan alineado con las políticas estadounidenses como el de Petro, tanto que a un sector de la izquierda más ortodoxa eso le parece inaceptable. Los cuentos que Petro echa sobre el cambio climático y la transición energética, que tanta oposición genera al interior, son los mismos de Biden, los gobiernos europeos y los organismos multilaterales. Su política antidrogas, que acá cuestiona hasta el Fiscal General, va en la misma dirección de la del gobierno de los Estados Unidos y recibe permanentemente apoyo explícito por los voceros de ese gobierno.

Como me van a reclamar por no referirme a lo que muchos consideran es la “catástrofe” que ha generado este gobierno, anticipo que comparto buena parte de las críticas y muchas, en cambio, las considero exageradas e infundadas. Los que solo quieren leer eso tendrán decenas de columnas y análisis que les refuerzan sus percepciones. Me parece innecesario redundar en ello.

Héctor Riveros Serrato es un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública...