Con inversión extranjera habría mayor soberanía alimentaria

El pasado 15 de noviembre de 2023, el gobierno nacional y su bancada en el Congreso radicaron un proyecto de ley con el objetivo de regular la compra de tierras realizada con inversión extranjera. La idea es limitar la posesión y tenencia de tierras rurales en manos de firmas extranjeras. A su vez, el 10 de marzo de 2024, “El Espectador” publicó en su primera página un reportaje titulado “La huella extranjera”, en el que deje entrever como la extranjerización de la tierra podría ser nociva para el país. 

Tanto el proyecto de ley como el reportaje parten de la premisa de que la inversión extranjera en la compra de tierras va en detrimento de la soberanía alimentaria. En aras de enriquecer el debate, acá planteo otra perspectiva: la inversión extranjera no va en contra de la soberanía alimentaria, incluso muchas veces la extranjerización de la tierra y la soberanía alimentaria en vez de ser antónimos son sinónimos. Entiendo por soberanía alimentaria que en las tierras de Colombia se produzcan los alimentos que su población consume.

Tomemos el ejemplo de los menonitas que se ubican en Puerto Gaitán, Meta. Ellos tienen cultivos altamente tecnificados de soja y maíz –un cultivo transitorio que se rota, la cual es una práctica agroecológica-. Lo primero destacable es que los menonitas producen en una tierra que, antes de su llegada, no se sembraba debido a su alta acidez. Es decir, invirtieron en adecuar la tierra para volverla productiva. 

Lo segundo es que toda su cosecha la venden en el mercado interno, principalmente para la alimentación animal. “El Espectador”, en el párrafo 6 de su reportaje, incurre en el error de decir que “los menonitas siembran aproximadamente 400 mil toneladas de maíz y soja, la mayoría para su exportación”.

Si nos concentramos en atraer inversión en la altillanura –la zona no inundable de los Llanos Orientales– para el cultivo de cereales y empezamos a producir maíz y soja en Colombia de manera competitiva, como lo hacen los menonitas, esto implicaría una reducción significativa en el precio de los huevos, la carne de pollo y la carne de cerdo, porque esos cereales son los que consumen estos animales. 

Esto implicaría dos cosas. Uno, que la población colombiana podría tener un mejor acceso a la proteína animal, con las implicaciones sociales que eso tiene. Dos, el país estaría en una mejor posición para mitigar la inflación de alimentos.

Hay que entender que las tierras de la altillanura son ácidas y que para adecuarlas se requiere atraer inversión nacional y/o extranjera para desarrollarla. Esta región tiene grandes extensiones de tierra y agua. Además, su clima es muy similar a la región de Mato Grosso, donde Brasil desarrolló todo su potencial de cereales hasta convertirse en una potencia agrícola. Esto hace evidente que la inversión extranjera está fortaleciendo la soberanía alimentaria.

De lo anterior se puede concluir que tanto el proyecto de ley como el reportaje de El Espectador parten de una premisa errada al considerar que la extranjerización de las tierras va en contra vía de la soberanía alimentaria. Además, el proyecto de ley también parte de una preocupación mal formulada. No nos debemos preocupar de la extranjerización de la tierra, la preocupación y el debate debería dirigirse al ­porqué tenemos 30 millones de hectáreas sin sembrar. Debería haber un proyecto de ley no para restringir la inversión extranjera en tierras, sino para incentivar la siembra de estas hectáreas para así aprovechar todo el potencial de nuestra frontera agrícola.

En consecuencia, la política pública debería enfocarse en crear condiciones e incentivos para sembrar los 30 millones de hectáreas que no están utilizándose o que se subutilizan en ganadería extensiva.

La propuesta es simple: arrendemos por 20 años grandes extensiones de tierra a grandes jugadores del cultivo de cereales en la altillanura y, con el dinero del arriendo, comprar tierras bien conectadas a centros urbanos para la agricultura familiar. Así ganamos todos.