Aún faltan pasos clave como tener el permiso ambiental y cumplir fallos judiciales que ordenan garantizar la participación de las comunidades afectadas.
A raíz de las recientes masacres, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que “los cultivos ilícitos y el narcotráfico son el principal enemigo de la paz Colombia” y que por eso “la aspersión aérea es hoy más necesaria que nunca” y ha empezado a mover la idea de que la aspersión está cerca, mostrando en medios los aviones y tecnología que ya están listos para asperjar.
Sin embargo, dentro del proceso para retomar la actividad faltan varios pasos que están frenados por órdenes judiciales producto de tutelas de comunidades que están en contra de la aspersión y que seguramente impedirán que la aspersión regrese este año al país.
La decisión más reciente salió el pasado 25 de agosto y es la de un juez de Nariño que volvió a ordenar la suspensión de la Audiencia Pública Ambiental, que estaba programada para hoy primero de septiembre, y es un paso previo antes de que la Anla apruebe el Plan de Manejo Ambiental del programa de aspersión.
En otras palabras al Gobierno le falta el visto bueno en la parte ambiental porque el PMA señala cuáles serán los daños ocasionados y la forma de mitigarlos.
El juez también inició un proceso de desacato contra el Subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana de la Anla, el Director de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía y el Director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que informen en un plazo de 48 horas si han cumplido o no las condiciones de dos fallos judiciales anteriores.
Esas condiciones son garantizar la participación efectiva de la población en el proceso en las audiencias informativas y la Audiencia Ambiental y realicen consultas previas con las comunidades afros e indígenas que viven en las seis zonas donde el Gobierno quiere asperjar que son: Meta, Guaviare y Vichada; Caquetá y Putumayo; Cauca y Nariño; Antioquia, Bolívar, Córdoba y Santander; Norte de Santander (Catatumbo); y Chocó y Valle.
Lo más seguro es que el proceso siga suspendido porque el Ministerio del Interior no ha hecho las consultas previas y las audiencias no se pueden hacer presenciales por la pandemia.
El argumento del Ministerio es que no debe hacer Consultas Previas porque no asperjarán en resguardos indígenas. Sin embargo, organizaciones como la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Dejusticia y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han señalado que esas seis regiones que incluyen 104 municipios sí convergen con resguardos indígenas y territorios colectivos afros.
Por ejemplo, según la CNTI hay territorios afros que se cruzan con los sitios de aspersión en Condoto y Tumaco en más de un 80 por ciento; y en todas las zonas a asperjar hay presencia de pueblos indígenas, especialmente en Caquetá, Putumayo y San José y Condoto.
Estos dos trámites legales pueden tardar semanas, meses, o años, en caso de las consultas previas.
Después de esas consultas, la Anla deberá analizar el caso y definir si otorga el PMA o no, lo que podría tardar entre uno y dos meses.
Es decir, que incluso si no hubiera una tutela de por medio, en el mejor de los casos el PMA podría estar listo en octubre; pero según una fuente técnica de la Anla, que nos pidió no citarla por no ser vocera, ese tiempo es incierto hasta tanto no se solucione el trámite judicial.
Los otros requisitos que debe cumplir el Gobierno para que el Consejo Nacional de Estupefacientes le dé vía libre a la fumigación son más fáciles de aprobar porque están adelantados y ocho de sus nueve integrantes son personas afines a Iván Duque, incluyendo al nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo y el fiscal, Francisco Barbosa.
Como seguramente esta sesión se haga el otro año, el Gobierno también tendría el voto favorable de la Procuraduría, que quedó en manos de la hasta hace poco ministra de Justicia Margarita Cabello. El actual procurador, Fernando Carrillo, ha dicho que la aspersión debe cumplir las exigencias de la Corte.
Estos requisitos consisten en un decreto del Ministerio de Justicia que cumpla las condiciones que puso la Corte Constitucional, reglamente cómo va a funcionar el programa, quién lo vigila, dónde, cómo se hará y los planes de afectaciones al medio ambiente y a la salud, presentados por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Ambiente.
Según una fuente del Ministerio de Justicia que ha seguido de cerca ese proceso el Gobierno tiene el decreto casi listo, al igual que el trámite del MinAmbiente. El INS ha avanzado, pero aún no tiene el plan listo.
Solo cuando el Gobierno haya hecho estos pasos, y siempre y cuando no haya retrasos de última hora por decisiones judiciales, el Gobierno podría empezar a conseguir la plata -que no es claro de dónde saldrá- y ultimar detalles logísticos como comprar el químico, alistar los pilotos, las pistas, y empezar a fumigar.
Sin embargo, si hay un pequeño error legal en los procedimientos, o no se cumplen las condiciones impuestas por la Corte Constitucional el programa de fumigación podría ser demandado y eventualmente quedar suspendido.
Las demandas vendrán. Porque si bien el Gobierno no fumigará en las zonas donde haya acuerdos de sustitución firmados dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, que incluye a 99 mil familias que cubren 50 mil de las 154 mil sembradas en el país, no tiene en cuenta a las 215.244 familias que firmaron acuerdos colectivos en los que manifestaron que sí querían sustituir, pero no alcanzaron a firmar acuerdos individuales para empezar a recibir los pagos.
Esas comunidades pueden interponer recursos legales y apelar a que, según la Corte Constitucional, el Gobierno deberá priorizar mecanismos de sustitución voluntaria, y solo aplicar la erradicación y fumigación forzada cuando no haya funcionado lo primero.
Según la Corte, el Estado debe prevenir la vulneración de derechos en las labores de erradicación de cultivos ilícitos y “eliminar los factores de riesgo y generar factores protectores para la población”.
Un argumento que usó hace dos semanas el juez del Tribunal Administrativo en Cauca, que ordenó frenar la erradicación en tres municipios del Cauca, hasta que no se ejecuten programas de sustitución.
La excusa del Gobierno para no vincular más familias al Pnis es que no hay plata. Sin embargo, la fumigación vale 72 millones por hectárea, según la Dirección de Drogas de Presidencia -aunque para el Ministerio de Defensa vale entre 2 y 3 millones-, mientras que el Pnis contempla darle 36 millones a cada familia por una extensión máxima de 1,8 hectáreas. Aunque el promedio de hectáreas erradicadas por familia terminó siendo menor, de 0,61.
Así, lo más probable es que Duque tampoco pueda ver despegar el primer avión con glifosato este año, y sus anuncios sobre el regreso del glifosato sigan siendo una mera mostrada de dientes.
