El alto gobierno completó un mes de recambios a cuentagotas. Desde la salida de Jorge Iván González del DNP, el presidente Gustavo Petro ha impulsado el remezón con el objetivo de tener funcionarios más leales y con el arrojo necesario para sacar adelante su programa de gobierno. Los nombramientos de Gustavo Bolívar en el DPS, Alexander López en el DNP y Carlos Carrillo en la Ungrd confirmaron ese mensaje.
Con el recambio, Petro asegura funcionarios de izquierda, de probada capacidad política, que interpretan bien sus deseos frente a instituciones claves para el gobierno. Lo hace asumiendo el riesgo de nombrar a políticos efectivos como agitadores populares, pero sin experiencia en instituciones que requieren de grandes habilidades técnicas.
“El presidente busca personas de confianza en estas entidades. Esa confianza la mide con la capacidad política de esas personas para ser leales al programa de gobierno”, le dijo a La Silla Daniel Rojas, director de la SAE, quien estuvo encargado del DNP y es uno de los altos funcionarios ideológicamente más alineados con Petro. Ya afuera del gobierno, el exdirector González lo expresó con una pregunta retórica: “¿Qué es más importante, la palabra del presidente o los artículos del Plan Nacional de Desarrollo?”.
Como un presidente de poco contacto con su equipo de trabajo, sin un método riguroso para hacerle seguimiento a sus políticas, Petro necesita intérpretes de sus ideas. Sobre todo de dos. Una, la prioridad que busca darle el gobierno a las personas y a las regiones más pobres, a través de subsidios y proyectos de inversión. Y dos, la necesidad de seguir agitando las calles como una forma de presión a las instituciones, como sucedió durante el asedio a la Corte Suprema de Justicia en medio de la elección de la nueva fiscal general.
La ambiciosa política de subsidios a cargo de Bolívar
En el Departamento de Prosperidad Social (DPS), Bolívar llega a la institución que ejecuta las políticas contra la pobreza. Es una entidad robusta, con cerca de 1.500 funcionarios de planta y un presupuesto de 10,7 billones de pesos para ejecutar este año. “Mi principal responsabilidad es la transparencia”, dijo Bolívar desde su cuenta de Twitter. “Me he especializado en tapar bocas”, agregó a propósito de las críticas por su falta de experiencia administrativa.
Pero blindar de corrupción al DPS no es el principal reto de Bolívar. Por delante tiene la implementación de Renta Ciudadana y Renta Joven, la transformación de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Para hacerlo cuenta con la ventaja de que su antecesora, Laura Sarabia, ahora directora del Dapre, alcanzó a expedir las resoluciones que detallan el funcionamiento de los dos programas.
Sin embargo, el DPS tiene retos técnicos como la actualización de los beneficiarios, una compleja ingeniería de datos públicos, o el uso de la banca privada para hacer efectivas las transferencias a los más pobres.
En su momento, Cielo Rusinque, la primera directora del DPS de Petro, se opuso a hacerlo bajo la idea de que los privados no deben manejar recursos públicos. En todo caso, el artículo 68 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) le permite a la entidad aliarse con los bancos privados, una idea que Sarabia promovió durante su fugaz mandato.
Bolívar también debe hacer realidad el aumento del subsidio a los adultos mayores. Fue anunciado por Petro bajo el programa Colombia Mayor, ejecutado por el DPS. Por el despacho de Bolívar, además, debe pasar el inicio de “Hambre Cero”, otro programa de subsidios que sigue sin reglamentarse y debe ejecutarse de la mano del Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez.
Bolívar debe implementar la ambiciosa política de subsidios del gobierno bajo la duda principal que señala la oposición: el uso de esos recursos para construir un electorado clientelar favorable al gobierno y al Pacto Histórico. Las suspicacias frente a la politización de los subsidios han aumentado. Sobre todo por la reiterada insistencia de Petro en que la izquierda repita la Presidencia en el 2026.
La cintura negociadora de López
López, un curtido dirigente del Polo, llega a la entidad insignia de la tecnocracia colombiana. Su nombre no fue el único que se barajó para el DNP, según lo supo La Silla por una fuente que participó en la discusión. Petro también tuvo en carpeta al viceministro de Hacienda, Diego Guevara, un economista heterodoxo con una sólida carrera académica.
López será el primer director de Planeación que no es economista y que carece de trayectoria en el sector. Llega a una institución conmocionada por el choque entre Petro y González, exdirector del DNP, quienes se enfrentaron por el contenido del PND y las asignaciones del Decreto de Liquidación del 2024, la tormenta revelada por Portafolio que enfrentó a técnicos y políticos al interior del gobierno.
El nombramiento de López es visto con recelo por el ala más técnica del gobierno Petro. “El DNP requiere una mirada técnica. No desde una tecnocracia neoliberal porque este gobierno es distinto. Pero sí, en cambio, desde una tecnocracia alternativa. Los asuntos que se manejan en el DNP requieren de cierta experticia en temas macroeconómicos, por ejemplo. López no los maneja”, le dijo a La Silla un alto funcionario del gobierno, quien pidió la reserva de su nombre para evitar conflictos con el nuevo director del DNP.
En su nuevo cargo, López tiene para ofrecer su larga experiencia como negociador político. Como dirigente del Polo, el excongresista promovió movilizaciones que terminaron en acuerdos políticos con los gobiernos de turno, como el que terminó con el paro cívico de Buenaventura en 2017.
Esa vocación para presionar y luego pactar puede ser útil en la discusión sobre los proyectos de inversión en las regiones. El DNP es la institución clave del gobierno para estructurar esos proyectos. También para recomendar la priorización de los recursos que luego se ven reflejados en las asignaciones presupuestales del gobierno. Eso quiere decir que por su despacho puede pasar buena parte de la interlocución con congresistas que buscan proyectos para sus regiones, o con mandatarios locales necesitados de inversión nacional.
El riesgo es que siendo una entidad que tiene 367 funcionarios de libre nombramiento y remoción, esta negociación no se de sobre criterios de la mejor focalización de los recursos con una mirada de planeación a largo plazo, sino sobre discusiones burocráticas y de conveniencia política en el corto plazo.
El mensaje anticorrupción de Carrillo
Carillo, exconcejal del Polo, llega a la Ungrd tras el escándalo de corrupción que protagonizó Olmedo López, el exdirector de la entidad.
Bajo la dirección López, según reveló La W, la entidad compró camiones con sobrecostos para llevar agua potable a La Guajira. También salió a la luz un direccionamiento anómalo de recursos a Uribia, también en la Guajira. El dato, revelado por los periodistas Melquisedec Torres y Carolina Gómez, es clave porque ese municipio es un fortín político del senador conservador, Carlos Trujillo, aliado de López y de Petro.
Por eso en el círculo cercano de Carrillo, quien lleva semanas preparando un equipo para asumir el cargo, creen que garantizar una política anticorrupción en la entidad es clave.
Sin embargo, como ocurre en el DPS, la transparencia en la contratación no es el único reto de la Ungrd. Se trata de una institución con un presupuesto robusto: 780 mil millones de pesos, más del doble de la plata que tienen para invertir ministerios como Justicia e Igualdad. Y cuenta, por la naturaleza de las emergencias que atiende, con la capacidad de contratar directamente, una modalidad ideal para amañar contratos por criterios políticos.
Carrillo llega a la dirección de la Ungrd sin ninguna experiencia académica ni administrativa en el sector. Es un diseñador industrial con maestría en Diseño por la Universidad de Shanghái. Su reto es el de enrutar a una entidad que mostró todas sus deficiencias en el improvisado manejo de los incendios que asolaron al país a principio de año. Deberá demostrar si el impulso de enarbolar la bandera anticorrupción alcanza para acelerar su curva de aprendizaje en contratación pública y eficiencia administrativa.
Redimiendo los pecados de Petro
Si Petro cree que su pecado original fue incluir a la tecnocracia liberal, representada por un hombre como González, ahora se redime reafirmando la coalición originaria que lo llevó al poder: una izquierda unificada con músculo en las calles y un sector de la política tradicional que transa burocracia por votos en el Congreso.
“Para nadie es un secreto que el gobierno no es sólo del Pacto Histórico. Es un gobierno de coalición con una franja del santismo y de otros sectores que vienen de la política tradicional, pero que decidieron hacer a un costado a sus liderazgos y respaldar la propuesta del presidente”, dice Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico por Bogotá.
Los perfiles de López y Bolívar son particularmente significativos. Los dos, con trayectorias políticas distintas, comparten dos rasgos que alienta el presidente: su origen popular y su vocación de agitadores populares. López como dirigente político, y Bolívar como activista de izquierda, han impulsado sus carreras organizando y financiado protestas. López, además, tiene estrechos vínculos con Fecode, el poderoso sindicato de profesores que financió la campaña Petro y organiza las marchas progobierno en todo el país.
Petro empodera a la izquierda mientras les abre espacio a los sectores más pragmáticos de la política tradicional. El nombramiento de la administradora Luz Cristina López como ministra de Deportes fue la señal más clara de esa estrategia. La hoja de vida de López fue presentada por el representante Alfredo Ape Cuello, quien lidera al grupo de conservadores cercanos al gobierno. Cuello empezó a corresponder el gesto con su movida para asegurar el fracaso de la moción de censura contra la exministra de Deportes, como lo reveló La Silla.
Con intérpretes de su palabra en posiciones claves y gestos a políticos de lealtades transables, Petro apuesta a que su ejecución no se detenga y sus reformas no se caigan. Las dos apuestas son arriesgadas, pero lo que garantizan son funcionarios dispuestos a seguir agitando la movilización de las calles, con hábiles organizadores de marchas como ordenadores del gasto.
