Por Raquel Bernal
Por Raquel Bernal
En Febrero, la Corte Constitucional declaró inexequible el referendo que buscaba la reelección del presidente Uribe y el presidente inmediatamente acató el concepto de la Corte. En ese momento, Colombia se convirtió en un ejemplo a seguir en el tema de la división de poderes. La independencia de las cortes y el acato por parte del ejecutivo nos convirtieron en ejemplo en Latinoamérica del sistema de balance de poderes en este país. En efecto, era un motivo de orgullo. Sin embargo, yo sigo con mi preocupación acerca de las consecuencias indeseadas de la independencia totalmente desarticulada entre los poderes, en particular, los potenciales impactos negativos sobre el tema fiscal. Me encantaría encontrar la fórmula mágica para incorporar una “regla de responsabilidad fiscal” en las decisiones de la Corte sin afectar la tan deseada independencia de poderes.
Por ejemplo, la igualación del POS subsidiado y el POS contributivo por supuesto se debe hacer por lo alto debido a que no sería políticamente factible reducir la calidad del POS c a la del POS s. El POS c le cuesta al sistema 467.078 pesos anuales por cada uno de sus 18,7 millones de afiliados. El POSs cuesta 267.678 pesos al año por cada uno de los 23.8 millones de cupos. Es decir, una diferencia de 42,7%. Esto es aproximadamente un costo de 4,76 billones de pesos anuales adicionales sin tener en cuenta que la meta es lograr cobertura universal.
Hace un par de años la Corte falló que 1,072 ex empleados de la antigua Telecom debían ser reintegrados a la antigua empresa Telecom con pago retroactivo de sueldos dejados de pagar. La suma total asciende a cerca de 167.000 millones de pesos. Esto se debía en parte a errores en la liquidación de Telecom y problemas con la definición y límite del retén social (madres cabeza de familia, personas a las que les faltarán tres años o menos para pensionarse y discapacitados).
Finalmente, la Corte también ha declarado inconstitucional que las EPS y empresas de medicina prepagada no cubran los servicios de algunas preexistencias que, según el concepto de la Corte, no están explícitamente listadas en el contrato. Así por ejemplo, estas empresas resultan ahora obligadas a cubrir la circuncisión cuyos beneficios no son claros en la literatura médica (o al menos esa es mi lectura juiciosa de la literatura sobre el tema – con el agravante de que es claro que las familias que deciden optar por la circuncisión son sistemáticamente distintas de las que no!). Cada uno de estos procedimientos implica más de cerca de dos millones de pesos porque requiere de sala de cirugía y anestesia general.
Si, entiendo que todos tenemos derecho a la salud, a la vida digna, a la seguridad social, al trabajo y a tantas otras cosas… pero, ¿cómo vamos a pagar por todo eso? En últimas, la carga está sobre el contribuyente y sobre generaciones futuras que heredarán unas deudas impagables. Deberíamos aprender del ejemplo europeo. Muchos de estos países se convirtieron en economías altamente socialistas con unos beneficios inigualables en los temas de salud, seguridad social, derechos del trabajador, etc. y miren ahora a Grecia, España, Italia, en una situación realmente crítica. Un estimador que leí recientemente en el New York Times indicaba que cada bebé inglés nace con una deuda de 17 mil libras. Todos tenemos derechos a muchas cosas, pero y ¿cómo las pagamos?
