Las superintendencias son organismos de la rama ejecutiva que se encargan de cumplir funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades que prestan un servicio económico o público en el país.
Su principal objetivo es proteger a los consumidores a través de mecanismos como sanciones administrativas, investigaciones, o intervenciones. Sus líderes, los y las superintendentes, son nombrados por el presidente, y pueden ser removidos a voluntad.
La Silla Vacía recopiló los perfiles de los 10 superintendentes que hay actualmente en Colombia. La mayoría son abogados, con experiencia dentro del sector público y fueron posesionados por el presidente Petro. El 70% son hombres y varios han hecho un uso polémico de sus facultades.
Estos son los funcionarios que están a cargo de las 10 superintendencias del país:
Luis Carlos Leal
Superintendencia Nacional de Salud
Es un médico especialista en Cirugía General de la Universidad Nacional y tiene 35 años. Fue presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y participó en la creación de Ley de Residentes Médicos. También compuso la Gran Junta Médica Nacional y fue concejal por el Partido Verde en Bogotá.
Leal es el primer concejal de Bogotá abiertamente gay. Se desempeñó como el segundo vicepresidente del Concejo, y a pesar de ser del partido de gobierno, lideró una moción de observación contra el secretario de salud y también denunció a la alcaldesa Claudia López por 179 contratos que hizo con la caja de compensación familiar, Compensar. También fue uno de los precandidatos del Verde para la alcaldía de Bogotá, pero no le otorgaron el aval.
Leal es cercano a la exminsitra de Salud del gobierno Petro, Carolina Corcho. Durante la campaña presidencial del 2022 lanzó un programa de redes sociales llamado El Paseo de las EPS, que presentaba con Corcho.
Llegó a la superintendencia como remplazo de Ulahy Beltrán, quien a su salida hizo un despido masivo en la entidad. La Supersalud es la organización encargada de la vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tiene la facultad de vigilar EPS e IPS, y cuenta con un baúl de herramientas que van desde la vigilancia especial hasta la liquidación.
Tras poco más de un mes en el cargo, la Supersalud de Leal está en la racha más grande de intervenciones en la historia de la entidad. Justo en medio del hundimiento de la reforma de salud en el Congreso, ordenó intervenir a las dos EPS más grandes del país, Sanitas y Nueva EPS, y luego Servicio Occidental de Salud. También deberá decidir sobre sobre la solicitud de liquidación de Compensar. En ese cargo se ha convertido en el funcionario clave de la reforma de salud por vía administrativa que adelanta el gobierno.
La Procuraduría empezó a investigar a Leal por la intervención de Sanitas.
César Ferrari
Superintendencia Financiera
Es ingeniero civil con doctorado en economía de 78 años. Nació en Lima, Perú, y tiene nacionalidad italiana y colombiana. Ferrari fue director gerente general del Banco Central y director técnico del Instituto Nacional de Planificación, del Perú. En su país, su gestión en el banco central se dio en medio de una gran crisis de hiperinflación durante la presidencia de Alan García. Después fue asesor del FMI, de los Bancos Centrales de Guinea-Bissau y Angola, y en Colombia fue profesor de economía en la Universidad Javeriana.
El presidente Gustavo Petro lo quería como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Pero ese nombramiento se cayó porque la ley no permite que un extranjero colombiano por adopción pueda desempeñar un cargo de nivel de ese nivel.
Finalmente, se desempeñó como asesor financiero del despacho del presidente antes de llegar a la dirección de la Superfinanciera, en junio del 2023.
Como cabeza de la Superfinanciera se encarga de la inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero. En el ejercicio de sus funciones sancionó a los bancos Itaú y Banco Caja Social. También trabajó de mano de los bancos para bajar las tasas de interés de créditos de consumo, luego de una petición del presidente Petro.
Además, como un ente de control del Banco de la República, ha recomendado la intervención en el mercado cambiario, el aumento de las opciones de crédito barato y el incentivo al ahorro.
María Jose Navarro
Superintendencia de la Economía Solidaria
Es profesional en Negocios Internacionales de la Universidad de Magdalena con magíster en Desarrollo Social. Fue contratista para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También trabajó en la Asociación de Víctimas del Cesar y la Agencia de Renovación del Territorio.
Navarro fue parte de la campaña del Pacto Histórico y luego se desempeñó como coordinadora de la UTL de la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. En agosto del 2023 fue posesionada como Superintendene de la Economía Solidaria por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Como cabeza de la Supersolidaria está encargada de la inspección de las cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito.
Las cooperativas son empresas sin ánimo de lucro en la cuales los trabajadores son lo que se encargan de aportar y gestionar la empresa. Al llegar al cargo, Navarro se encontró con 500 procesos sancionatorios y 20 cooperativas en proceso de intervención.
Luis Guillermo Pérez
Superintendencia de Subsidio Familiar
Es abogado con maestría en Desarrollo en Análisis de Problemas Económicos y Políticos Contemporáneos. Trabajó en la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA) y en el Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo (CNCD). También fue profesor en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y en la Universidad del Tolima.
En septiembre de 2022, Pérez fue posesionado como superintendente de Subsidio Familiar por el presidente Petro. Supersubsidio es la organización que se encarga de vigilar a las cajas de compensación y demás entidades involucradas en las transferencias de los subsidios.
El 7 de noviembre del 2023, Pérez fue suspendido por la Procuraduría debido a que hizo modificaciones a la lista de elegibles para unos cargos dentro de la organización. Además de, presuntamente, solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura.
Una investigación de Semana sacó a la luz unos chats donde Pérez pedía que “echen uribistas” de Comfacor, una caja de compensación intervenida.
Además, el expresidente Alvaro Uribe criticó la intervención de Comfenalco, ordenada por Pérez, por mal manejo de recursos destinados a servicios de salud a través del régimen subsidiado. Dentro de su ámbito de vigilancia están actores que han cobrado relevancia en la discusión de la salud, pues muchas de ellas tienen EPS, por ejemplo Compensar, quien ha solicitado al gobierno ser liquidada.
Cielo Rusinque
Superintendencia de Industria y Comercio
Es abogada con magíster en Derecho Constitucional y también en Investigación de Estudios Políticos. Fue docente de la Universidad Externado y de la Universidad de Cundinamarca. Ejerció como abogada en Francia con la firma Mialot Avocats y trabajó en la fiscalía.
Rusinque pasó de ser activista antiuribista en Francia, donde increpó a Iván Duque en un video que se hizo viral, a activista política de Pacto Histórico. Saltó al ojo público porque ha estado peleada con colectivos feministas al ser la abogada de Hollman Morris en el pleito legal por violencia intrafamiliar y económica con su exesposa y por defender al profesor Fabián Sanabria frente a las acusaciones por presunto acoso sexual a sus estudiantes.
Trabajó con Petro desde la campaña presidencial en las elecciones del 2022 como asesora de relaciones exteriores. Luego fue elegida por el presidente como directora del Departamento de Planeación Social (DPS), sin experiencia previa en el tema de la lucha contra la pobreza.
Salió del DPS para darle paso a Laura Sarabia en agosto de 2023, y el presidente la posesionó como la nueva Superintendente de Industria y Comercio para sustituir a María del Socorro Pimienta, quien salió peleada con el gobierno.
Como directora de la SIC se encarga de la protección al consumidor, la competencia, y la propiedad industrial, y tiene un ámbito amplio de acción entre empresas del sector privado.
Tras poco meses en la dirección, la Procuraduría anunció una indagación previa contra funcionarios de la SIC por irregularidades en la visita de la organización a la Cancillera, en medio del lío de la licitación de los pasaportes. Igualmente, la Procuraduría también abrió una investigación a nueve funcionarios de la SIC por irregularidades en una visita a la Registraduría, en medio de una investigación por un presunto caso de colusión que involucra a Thomas Greg & Sons en los contratos para la organización de las elecciones.
Billy Escobar
Superintendencia de Sociedades
Es abogado con magíster en Administración de Negocios y máster en Seguridad Social. Fue docente en universidades de Colombia, México e Italia y es conocido por su experiencia en la representación de empresas en su labor como abogado.
Es el único superintendente que queda del gobierno pasado. Fue nombrado por el expresidente Iván Duque, y en su posesión salió con María Ximena Lombana, exministra de Comercio, y quien es cercana al Grupo Gilinski, de quienes era representante en la junta directiva del Grupo Sura.
El poder de vigilancia de esta superintendencia cae sobre las sociedades privadas. La organización ha mostrado su poder para intervenir, como paso con la pirámide ganadera de Felipe Rocha; multar, como lo hizo con Rappi; o definir la admisión para la reorganización, como fue el caso de las aerolíneas “Viva” y “Ultra Air”.
Escobar es un actor constantemente nombrado en la pelea que hay entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y los Gilinski. Su imparcialidad se ha visto juzgada de parte de Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos, pues el GEA considera que varias cauciones por parte de Supersociedades en su contra han sido impulsadas por los Gilinski.
Recientemente, la Supersociedades entró a jugar en la puja de poder en la Cámara de Comercio de Bogotá. Citó a una asamblea extraordinaria de la junta directiva, un hecho sin precedentes en la Cámara, para revisar la elección que hizo esa junta de la junta directiva de Corferias, donde los actores privados de la Cámara han bloqueado la intensión del gobierno Petro de poner un nuevo presidente.
Raúl Gutiérrez Romero
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Es abogado con maestría en Derecho Penal. Trabajó en la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar y magistrado de tribunal, luego llegó a la dirección del Fondo de Defensa Técnica y Especializada (Fondotec) y estuvo encargado del viceministerio para la Estrategia y Planeación en Mindefensa.
El 8 de marzo lo posesionó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, como superintendente interino de Vigilancia tras la renuncia de Alfonso Manzur. En su papel dentro de la Supervigilancia se encarga del control a las empresas de seguridad privada del país.
En el 2023, la Supervigilancia interpuso 22 sanciones a conjuntos residenciales por la contratación con empresas ilegales que prestan servicios de vigilancia y seguridad.
Dagoberto Quiroga
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Es un abogado con experiencia en el sector público. Trabajó en la Contraloría como contralor delegado, fue secretario general de la Personería de Bogotá y fue jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Salud de Bogotá. Además, fue vicerrector de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
Quiroga es el abogado de confianza del presidente Petro. Participó en la creación de la personería jurídica de la Colombia Humana y también fue el abogado personal del presidente en la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por haber recibido aportes económicos de tres funcionarios públicos en el 2018.
Se vio involucrado en las denuncias de La Silla sobre un aporte de 500 millones de pesos para la campaña Petro de parte de Fecode que no fueron reportados. Los 500 millones fueron girados a Quiroga como representante de la Colombia Humana.
Llegó a la Superservicios en septiembre de 2022. La entidad se encarga de la vigilancia y control de las empresas que prestan servicios públicos como acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y combustible. Ahí tiene un papel activo en la defensa de la reforma a la ley de servicios públicos que propone el gobierno y que ha generado controversia.
Fue suspendido el año pasado por la Procuraduría por “presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario”. Esto debido a la congelación de las acciones de la Triple A por sospechas de manipulación en el precio para venderlas por debajo de su valor. El caso de Quiroga está en la carta que el Pacto Histórico le mando a la CIDH para denunciar una “ruptura institucional” justificada por una lista de hechos que supuestamente buscan “desestabilizar y destruir un gobierno electo en democracia”.
Roosevelt Rodríguez
Superintendencia de Notariado y Registro
Es un abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, que ha tenido experiencia en el sector público y político. Trabajó en el Departamento Nacional de Cooperativas (Dancoop), fue concejal de Cali, y también fue secretario de Tránsito y Transporte de la capital del Valle.
Tuvo un paso en el Congreso, con el partido de La U. Fue representante a la Cámara desde 2006 hasta el 2014, y luego dio el salto al Senado. Dada su cercanía con Dilian Francisca Toro, Rodríguez llegó a ser de los senadores más votados.
En 2022, Rodríguez hizo parte, junto con Roy Barreras y Armando Benedetti, del grupo de senadores que renunciaron al partido de La U para irse al Pacto Histórico. El motivo de su renuncia fue el apoyo del partido al gobierno de Iván Duque.
En septiembre de 2022, fue nombrado por el presidente Petro como superintendente de Notariado y Registro. La Supernotariado se encarga de vigilar a las entidades que se dedican a la prestación del servicio público notarial y registral.
Para el gobierno Petro es importante su labor dado que la Supernotariado cumple una función en la eficiencia de los trámites como la comercialización de inmuebles de exparamilitares, y en la entrega de títulos de propiedad para la reforma agraria.
La gestión de Rodríguez ha tenido ruidos por las condiciones de infraestructura de las distintas sedes de la Supernotariado y por la modificación de horarios laborales para que los empleados participen en las marchas progobierno.
Ayda Lucy Ospina
Superintendencia de Transporte
Es abogada especializada en Derecho Notarial y Registral. Tiene más de 25 años de experiencia en la administración pública. Fue directora de Tránsito y Transporte del ministerio de Transporte durante el gobierno Santos y también se desempeñó como consultora en temas relacionados con el transporte.
En septiembre del 2022 llegó a la Supertransporte, la entidad que tiene la tarea de vigilar e inspeccionar que a los usuarios se les respeten sus derechos en la prestación del servicio de transporte. Eso incluye aerolíneas, empresas de transporte terrestre y fluvial, así como trámites de tránsito y licencias. A principios del 2024, la entidad anuncio que más de 250 entidades serán investigadas y 16 recibirán sanciones de hasta 880.000.000 millones de pesos.
Ospina y la Supertransporte brillaron por su ausencia durante la crisis de la aerolínea “Viva” pues esperaban que se integrara con Avianca. Además, en las confesiones del hijo del presidente, Nicolás Petro, se menciona a Ospina como una ficha del clan de Euclides Torres.
Ospina está en un sector donde ha hecho ruido el rol de Euclides Torres, el financiador de la campaña Petro. Como denunció La Silla, el clan Torres está intentando por medio de una ley llevarse un multimillonario negocio donde obligan a los propietarios de vehículos y conductores a pagar revisiones técnico-mecánicas, cursos y exámenes de conducción, a través de un sistema conocido como Sicov. Esta plataforma de control y vigilancia fue facultada por la Supertransporte y es controlada por los Torres.
El proyecto de ley ya pasó al cuarto debate en la Cámara.
